Jueces ordenan liberación de reos en riesgo por COVID-19
La administración de Justicia continúa en proceso de análisis para ver de que manera ejecuta la orden de los jueces
(CRHoy.com) Producto de la emergencia nacional por el COVID-19, el Juzgado de Ejecución de la Pena de San José le pidió al Ministerio de Justicia y Paz hacer valoraciones extraordinarias para poder reubicar a privados de libertad en regímenes abiertos o semiabiertos, dando potestad al criterio médico por encima del técnico y sin especificar qué pasa con personas condenadas por delitos graves como sicariato y narcotráfico.
Los jueces Roy Murillo e Irene Barrantes manifestaron en su pronunciamiento que Justicia debe velar por los reclusos que tengan enfermedades crónicas, y que actualmente tienen una alta probabilidad de riesgo frente al brote de COVID-19, según publicó el diario La Nación.
Ejemplo de ello las personas que tienen padecimientos relacionados con problemas respiratorios, obesidad mórbida, VIH, cáncer, diabetes etc.
Murillo y Barrantes piden que esa especificación se agregue a la circular 2-2020, emitida el 11 de marzo anterior, de la que CRHoy.com tiene copia, y donde la administración del Ministerio de Justicia, pide entre otras cosas, al Instituto Nacional de Criminología hacer coordinaciones con el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela para que permita el traslado de ciertas personas al programa APAC del Centro de Atención Institucional Luis Paulino Mora, donde no hay hacinamiento.
El juzgado pretende que hayan más reubicaciones en centros semiinstitucionales (que permiten que los reos estén libres y duerman una vez por quincena en un centro de confianza).
Según reconoció el Ministerio de Justicia, el pasado viernes fueron notificados de esa medida y actualmente se están haciendo los análisis correspondientes para ver cómo se puede aplicar.
Se le consultó a Justicia si habían coordinado con los jueces alguna reunión debido a que este despacho judicial nunca especifica que pasará en los casos en los que un privado de libertad condenado a una pena por delitos graves como narcotráfico, sicariato, violación o asaltos, tenga una condición de salud de riesgo pero a la vez, su perfil represente un riesgo a la sociedad.
No obstante, la cartera penitenciaria emitió la misma respuesta sobre el análisis que se está realizando.
El Instituto Nacional de Criminología (INC) deberá realizar valoraciones con el personal médico para establecer uno a uno, los casos de privados de libertad que padecen enfermedad crónica y que representan un porcentaje de riesgo dentro del sistema carcelario frente al coronavirus.
El sistema penitenciario costarricense cuenta con más de 16 mil personas privadas de libertad, contando hombres y mujeres, algunas embarazadas con sus respectivos hijos, con un hacinamiento superior al 30%, esta última circunstancia, para los jueces, es un impedimento para que los reos enfermos puedan estar a salvo.
