Jueces ordenan investigar vínculos de policías y tráficos con jefes narco Pikachú y Gordo Ramos
Banda que sembró terror en Puntarenas fue condenada a 208 años de cárcel
El Tribunal Penal de Puntarenas ordenó investigar los posibles vínculos que tendrían funcionarios públicos con los miembros de la alianza criminal formada por los cabecillas conocidos como Gordo Ramos y Pikachú, quienes lideran varios negocios ilícitos en el centro de Puntarenas.
Hoy viernes, este grupo responsable de varios ataques armados que sembró el terror en varias zonas del Puerto, fue sentenciado a 208 años de cárcel por varios asesinatos e intentos de homicidio ocurridos años atrás.
Pero además de los atentados y de supuestamente dominar la venta de drogas en varias comunidades porteñas, en apariencia estos líderes criminales también tuvieron influencia sobre algunos servidores públicos, entre ellos policiales, de Tránsito y trabajadores del sistema de salud.
Aunque no fue parte de la investigación inicial, así se logró encontrar durante el juicio realizado, gracias a la revisión de las pruebas encontradas en los teléfonos celulares decomisados.
Por eso, las juezas a cargo recomendaron al Ministerio Público y al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), tomar nota de los hallazgos. Las juezas ordenaron informar a varias instituciones para que ahonden en estos ligámenes criminales.
"Se ordena comunicar a la Unidad Disciplinaria del Ministerio de Seguridad Pública, a la Unidad Disciplinaria de la Caja Costarricense del Seguro Social y a la Unidad Disciplinaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Sección Policía de Tránsito, las comunicaciones que constan en la presente investigación, donde se desprende la probable participación de funcionarios públicos en la comisión de hechos delictivos o administrativos en perjuicio de la Probidad en la Función Pública", señala la sentencia N.º 192 -P-2025 emitida este viernes.
La Fiscalía Adjunta de Puntarenas confirmó a CR Hoy que a través de la prueba aportada por ese despacho en el juicio, el Tribunal Penal observó que los miembros de la organización tuvieron cierta comunicación con funcionarios públicos.
Actualmente, el Ministerio Público valora la apertura de una investigación y esos aspectos se encuentran bajo análisis, indicaron ante la consulta de este medio.
"Gordo Ramos" y "Pikachú" son dos jefes delictivos que se brindaban apoyo mutuo y mantenían nexos con el fin de fortalecer su negocio ilícito principal: la comercialización de estupefacientes en suelo porteño.
Un grupo conformado por ellos dos y cuatro sujetos más, fue sentenciado a un total de 208 años de cárcel por varios homicidios y atentados que perpetraron principalmente contra su banda rival, "Los Guayacanes".
Contra uno de los principales líderes de apellidos Villafuerte Guido alias Pikachú, quien recibió el mayor castigo y le impusieron 46 años de prisión. El otro cabecilla apellidos Ramos Quirós alias Gordo Ramos y su hermano alias Chote, recibieron una pena de 36 años cada uno.
A otros miembros de apellidos Carvajal Gómez alias Cabezón, Lara Montero y Gutiérrez Álvarez, los condenaron a 30 años de cárcel cada uno.
Hoy viernes, el Tribunal Penal de Puntarenas declaró culpable a la agrupación por delitos como homicidio calificado, tentativa de homicidio, tenencia de arma permitida, actividad con arma prohibida y asociación ilícita.
De acuerdo con la pieza acusatoria, ambos cabecillas, junto a algunos de sus cómplices, planificaron y ejecutaron la muerte de Bryan Álvarez Jiménez, así como los intentos de homicidio contra cuatro personas más, todas ellas integrantes de "Los Guayacanes", una banda rival asentada principalmente en Bella Vista cerca de Chacarita, en el cantón central de Puntarenas.
Producto de uno de los atentados, Álvarez fue asesinado a balazos en el tórax y el abdomen, mientras que otro hombre, de apellido Cuaresma, resultó herido en la rodilla izquierda.
Tanto estos sujetos como los miembros de sus respectivas bandas serían responsables de una ola de asesinatos que se desató en 2023 en varias comunidades porteñas.
Las bandas de "Gordo Ramos" y "Pikachú" colaboraban entre sí y mantenían vínculos en sus negocios ilícitos, pero, a raíz de la captura de varios sicarios, comenzaron a tener diferencias que desembocaron en un "divorcio" entre ambos bandos.
Varias muertes violentas ocurridas en 2023 han sido vinculadas con estas agrupaciones. Al parecer, tanto Ramos como Villafuerte pagaban a sicarios para deshacerse de sus rivales, pertenecientes a otros grupos más pequeños que intentaban incursionar en la venta de droga.
Aparentemente, estos grupos operaban desde 2022. Entre sus acciones criminales, reclutaban a jóvenes y menores de edad para cometer delitos e infundir temor en las comunidades.
