JPS quiere gastar ¢10 mil millones para nuevo edificio y que proceso sea fuera de SICOP

(CRHoy.com).— La Contraloría General de la República (CGR) no autorizó a la Junta de Protección Social (JPS) a realizar una contratación directa concursada para la compra de un terreno para construcción de un edificio.

En un documento enviado a Marilyn Solano Chinchilla, gerente de la JPS, el 28 de noviembre pasado, Fernando Madrigal y Noelia Badilla, asistente técnico y fiscalizadora, de la División de Contratación Administrativa, respectivamente, le indicaron que el hecho de tramitar un procedimiento ordinario no impide a la JPS llevar a cabo un proceso ágil y adecuado.

CRHoy.com intentó obtener una posición de la JPS, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

Este medio reveló en setiembre del 2021 que con un estudio de mercado sin firmas, entre otras inconsistencias, la CGR, la JPS solicitó una autorización para invertir casi ¢8 mil millones en la compra de un edificio para trasladar sus instalaciones.

La nueva gestión, que le fue rechazada a la JPS, surgió del oficio JPS-GG-1520-2022, del 27 de octubre de 2022, en la misma se le señala a la CGR que existe la necesidad de comprar un terreno donde se construirá el edificio para ubicar las áreas funcionales y de servicio de la JPS.

Nuevamente, la JPS le señala a la CGR que el edificio actual es antiguo y ha sufrido diferentes eventos sísmicos que han provocado deterioros estructurales, lo que hace que el edificio no sea seguro para los funcionarios y usuarios. Mismos argumentos utilizados en el rechazo sufrido en el 2021.

Con un nuevo estudio de mercado, que iniciaron en mayo del 2022, la JPS identificó una primera lista de 37 alternativas, incluidas algunas posibles unificaciones de fincas, y conforme se aplicaron los diferentes de criterios de evaluación se descartaron muchas opciones hasta concluir con 5 alternativas viables.

Sin embargo, en dicho oficio le explicaron a la CGR que al considerar las limitaciones del estudio de mercado, lo más recomendado es hacer un proceso de compra exceptuada del procedimiento ordinario, pero abierto a nuevas ofertas que cumplan con los criterios técnicos y que además se debe hacer fuera del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) por los dueños de inmuebles no son proveedores regulares e inscritos en dicho sistema.

El proyecto, denominado Casa Nueva, cuenta con un monto máximo para invertir de ¢10 mil millones.

El artículo 146 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa permite al ente contralor autorizar la contratación directa o usar procedimiento sustitutivos cuando existan razones suficientes para alcanzar la debida satisfacción del interés general.

Fernando Madrigal y Noelia Badilla, asistente técnico y fiscalizadora, de la División de Contratación Administrativa, respectivamente, determinaron que la JPS, con el estudio de mercado, determinó que existen 5 ofertas que cumplían con las especificaciones técnicas determinadas por la institución.

"Así las cosas, la administración (JPS) determinó que existen más de una única opción idónea
para cumplir con la necesidad acreditada, e inclusive, abren la posibilidad de que existan más
proveedores que puedan presentar ofertas distintas a las que ya han sido objeto de estudio por parte de la administración. Por lo que se puede decir que, no se acredita que exista una única opción que cumpla con las especificaciones técnicas definidas por la administración", explicaron.

La CGR determinó que tramitar un procedimiento ordinario no impide a la JPS lleva a cabo un proceso ágil y adecuado, "lo esperado en procura de la eficiencia y eficacia en la gestión pública, es que la Administración licitante aplique controles para lograr llevar a cabo el procedimiento ágil y adecuado", indicaron.

"La aplicación del procedimiento ordinario en materia de contratación administrativa, busca de la misma forma la maximización del uso de los recursos públicos, lo anterior dado que, es la vía que garantiza la igualdad de oportunidades para las posibles personas interesadas en contratar con la Administración Pública, una vez que se dado conocer la necesidad. Asimismo, mediante la realización del procedimiento ordinario se busca conseguir mayores posibilidades de acierto en el cumplimiento del servicio público, en la calidad de la prestación que se brinda a los usuarios, y, según la naturaleza de cada caso", señalaron.