JPS pide a diputados reforzar plan para castigar venta de lotería ilegal
La presidencia ejecutiva y la asesoría legal de la Junta de Protección Social (JPS) solicitaron a los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico dar impulso y fortalecer las medidas del proyecto de ley que busca sancionar la comercialización de lotería ilegal en Costa Rica.
Se trata del expediente 25.057, que propone una reforma integral a la Ley de Loterías para regular no solo la venta ilegal de lotería tradicional, sino también las apuestas deportivas y los juegos de azar electrónicos. La iniciativa fue redactada con el apoyo de la JPS y cuenta con la firma de 12 legisladores.
El proyecto contempla penas de entre dos y seis años de prisión para quienes operen redes u organizaciones criminales dedicadas a la venta de lotería ilegal.
"El plan establece un marco normativo claro para enfrentar las operaciones ilegales, muchas de ellas vinculadas al crimen organizado, al lavado de dinero y a prácticas de corrupción. Con esta ley se pretende cerrar las brechas que han permitido la proliferación de negocios ilícitos, reforzando la capacidad reguladora del Estado en un sector especialmente vulnerable", indicó la JPS durante su exposición ante los diputados.
Urgencia por pérdidas millonarias
Mariela Vargas Zúñiga, presidenta ejecutiva de la JPS, advirtió que la falta de regulación sobre los juegos de azar ilegales provoca que la institución pierda cerca del 52% de sus ingresos potenciales. Estos recursos son vitales para el financiamiento de programas sociales y de salud pública.
"Todos esos dineros están en la ilegalidad y no podemos percibir esos recursos. Nosotros no queremos ser un monopolio", declaró Vargas.
Por su parte, Marcela Sánchez, asesora legal de la JPS, recalcó que la actual Ley de Loterías data de 1952 y está desactualizada frente a los nuevos modelos delictivos, especialmente aquellos de origen tecnológico, que se han intensificado en los últimos años.
Sánchez también comentó que legislaturas anteriores ignoraron, según su versión, la necesidad de reformar la normativa vigente o de avanzar con un nuevo proyecto, como el expediente 25.057, que continúa sin votación en la Comisión de Seguridad.
Propuesta de sanciones
El proyecto establece dos tipos de sanciones principales para quienes comercialicen loterías sin la debida autorización:
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Multas económicas
A quien venda o comercialice loterías impresas o electrónicas, apuestas deportivas, video loterías o juegos de azar en cualquier modalidad sin autorización, se le impondrá una multa de cinco a diez salarios base mensuales, es decir, entre ¢402.000 y ¢2 millones. -
Pena de prisión
Para quienes organicen, administren u operen estos productos de forma ilegal y con fines de lucro, la ley impondría una pena de prisión de dos a seis años.
El diputado Gilbert Jiménez, uno de los proponentes del proyecto, defendió la iniciativa ante su impacto social.
"La Junta de Protección Social es clave para financiar programas de ayuda social y salud. Pero hoy, más del 50% del mercado está en manos de productos ilegales. Este proyecto no solo combate ese flagelo, sino que protege a la ciudadanía y garantiza que los recursos lleguen a quienes más los necesitan".
Ahora el expediente 25.057 seguirá en discusión en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, donde aún podría sufrir modificaciones antes de ser enviado al Plenario para su votación en primer debate.