Jorge Torres deja Seguridad Pública con tres causas en Fiscalía
Remoción ocurre después de que mandatario pidiera cuentas por cambio de roles para policías
(CRHoy.com) Jorge Torres Carrillo dejará este miércoles el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) con tres causas abiertas en la Fiscalía General de la República.
La oficina de prensa del Ministerio Público confirmó ante consulta de CRHoy.com que el abogado de profesión figura como imputado en tres investigaciones; dos de estas por presuntos nombramientos ilegales y el restante por aparente prevaricato.
Se trata de los expedientes 22-000070-0033-PE, 22-000076-0033-PE y 23-000026-0033-PE. Las tres sumarias se mantenían en la etapa de análisis y recolección de indicios al martes pasado, de acuerdo con la información suministrada por el departamento de comunicaciones. No obstante, en el correo no se dieron detalles de las pesquisas, como sí ocurrió en solicitudes previas hechas al fiscal general Carlo Díaz Sánchez.
Al respecto, se procuró una posición de Torres Carrillo, pero este indicó que no había sido notificado respecto a los procesos.
De la causa que se tienen más detalles es de la primera. La misma fue dada a conocer por este medio el 7 de febrero anterior y se relaciona con la designación del viceministro de la Presidencia, Jorge Rodríguez Bogle, como director general interino del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), a pesar de que incumplía los requisitos legales para el mismo.
Junto a Torres Carrillo aparecen en el mismo expediente los ministros Natalia Díaz Quintana, de la Presidencia; Gerald Campos Valverde, de Justicia y Paz; así como Anna Katharina Müller Castro, de Educación Pública. También destaca como imputada la exjerarca de Salud, Joselyn Chacón Madrigal.
Los cinco encartados conformaron la Junta Directiva que nombró al Rodríguez Bogle como jefe del Instituto sobre Drogas, entre julio y octubre de 2022.
CRHoy.com reveló que el viceministro supuestamente carecía del grado académico de licenciado con experiencia "amplia y probada" en el campo de los estupefacientes, al tiempo que presuntamente violentó una prohibición para desempeñar otros cargos públicos. Ambos requerimientos están contenidos en los artículos 111 y 114 de la Ley sobre Estupefacientes.
Por todo lo anterior, Díaz Sánchez solicitó un aval a la Sala de Casación Penal (tribunal que tramita los procesos contra miembros de los Supremos Poderes) para secuestrar documentos en la Casa Presidencial y oficinas del Instituto sobre Drogas, al tiempo que pidió al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) levantar un listado de llamadas y mensajes de texto efectuados desde los celulares de los sospechosos, desde el 1° de mayo hasta el 31 de octubre de 2022.
La segunda investigación antes citada se relaciona con un desahucio administrativo considerado "deliberado e infundado", informó el Ministerio Público. De ahí que Torres Carrillo sea endilgado de prevaricato, que se relaciona con la emisión de resoluciones contrarias a la ley o fundadas en hechos falsos.
De la última pesquisa no fue posible un desglose de los hechos que se persiguen.
Sin embargo, de los delitos precisados por la Fiscalía se extrae que el ahora exministro se expone a penas que van desde los 30 a 90 días multa (nombramientos ilegales), hasta entre 2 y 6 años de prisión, indican los numerales 344 y 357 del Código Penal.
A falta de un anuncio oficial, Torres Carrillo se despidió el martes del personal que dirigió y se espera que este miércoles sea presentado en su lugar Mario Zamora Cordero, quien fungió como ministro entre 2011 y 2014, durante la administración de Laura Chinchilla Miranda. Ese abogado, como lo reveló el lunes CRHoy.com, incluso ya solicitó un permiso sin goce de salario de su cargo en la Defensoría de los Habitantes de la República (DHR) por lo que queda del gobierno de Rodrigo Chaves Robles.
El mandatario ahora tiene pendiente detallar los motivos por los que pasó de defender a su jerarca a removerlo.
Sin embargo, vale la pena recabar que apenas tres semanas atrás, el 21 de abril pasado, el gobernante indicó que pediría cuentas y que habría consecuencias por incluir un cambio de jornada para los oficiales de la Fuerza Pública, en el marco de la "Operación Costa Rica Segura".
El gobernante explicó durante una visita a la delegación policial en Sagrada Familia de Hatillo de San José que él entendía que existían acuerdos en relación con esa medida extraordinaria; misma que causó protestas de agentes de la Fuerza Pública en distintos lugares del país. El presidente destacó que la variación de horarios de trabajo quedaría en el congelador.
La disposición buscaba incrementar la cantidad de oficiales que patrullarían las calles simultáneamente, como respuesta a estadísticas de violencia que sin precedente en la historia de Costa Rica. Recién en 2022 -cuando inició la defensa de Chaves Robles a Torres Carrillo- el país cerró con 656 homicidios y una tasa de 12,6 asesinatos por cada 100.000 habitantes. En lo que va del 2023, al 8 de mayo, se registraron 311 crímenes frente a 218 ocurridos para la misma fecha, pero del año previo.
