Jefa de Aviación Civil revela represalias tras advertir que pista no se dañó por tormenta

A finales de julio de 2023, un año después del fenómeno climático, Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República, y Natalia Díaz Quintana, ministra de la Presidencia, firmaron una ampliación al decreto ejecutivo de emergencia que se emitió a inicios de julio de 2022 e incluyeron la pista de la terminal aérea entre la infraestructura dañada producto del impacto de Bonnie.

Esa movida permitió que la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) promoviera una contratación de urgencia (sin pasar por el filtro de la Contraloría General de la República, CGR) que resultó adjudicada a la empresa Constructora MECO S.A. por ₡21.889 millones.

Jiménez Cascante firmó un oficio remitido el 7 de agosto de 2023 por los ingenieros de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica (UIA) del Departamento de Aeropuertos DGAC, en el cual se advirtió que no existía nexo causal ni evidencia técnica para atribuir el deterioro en la pista del AIDOQ a la influencia de Bonnie.

Ese documento recomendó contratar la reparación bajo los procedimientos ordinarios existentes en la legislación costarricense.

El oficio fue enviado a Fernando Naranjo Elizondo, entonces director general de la DGAC, y también fue conocido por Luis Amador Jiménez, quien entonces era el ministro de Obras Públicas y Transportes. Ambos desoyeron los señalamientos y optaron por continuar con el proceso de licitación al amparo del decreto de emergencia.

¿Qué tipo de represalias señaló Jiménez? Tras la negativa a atribuir el nexo causal al deterioro en la pista a Bonnie, denunció haber recibido comunicaciones hostiles, separación de asuntos propios del cargo, no se le participaba en reuniones y hasta se le propuso dejar el cargo. Según dijo, esto último fue planteado por el entonces director general Naranjo Elizondo.

Jiménez enfatizó que el Departamento de Aeropuertos de la DGAC no coordinó el proceso de contratación de las mejoras en la estructura del aeropuerto.

Además, insistió en que al constatar que no existía nexo causal para atribuir daños a la tormenta tropical, los ingenieros de la UIA se negaron a firmar cualquier documento que planteara esa consideración. De paso, alertaron que en el documento técnico para la licitación se incluyeron fotografías de 2019 (que no tenían relación con la tormenta Bonnie).

Charbell Zecca Escalante, asesor del entonces ministro Amador y funcionario del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), fue la persona que solicitó expresamente a los técnicos de la UIA avalar el nexo causal entre el deterioro en la pista y el paso de la tormenta tropical.

Jiménez reveló que entre el 1° y el 4 de julio de 2022, antes y después del paso de Bonnie, personal técnico especializado verificó con fotografías e inspecciones en el sitio que no hubo afectaciones en drenajes o en la infraestructura de la pista del AIDOQ a causa del fenómeno climático. Incluso, los datos de la estación del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) más cercana a la pista confirmaron que durante la influencia de Bonnie no se registraron los indicadores más altos de lluvia para el lapso histórico entre 1990 y 2016.

"Puedo concluir que, desde mi perspectiva, con la documentación que tuve a mano y la información que se me giró en el momento, no se reportaron daños por la tormenta Bonnie. Ni en la capacidad estructural, ni en los drenajes. No se podría aseverar que la pista haya perdido vida útil por una afectación directa de este momento", expuso Jiménez, quien estuvo acompañada de David Rojas Alfaro, ingeniero de la UIA.

El deterioro en la pista del AIDOQ se constató a través de un análisis elaborado en 2018 por la firma española Ineco, en el cual se estimó que la vida útil de la estructura se mantendría hasta 2026.

Ineco propuso una reconstrucción total de la pista y la construcción de una pista de contingencia para no afectar la operación de la terminal aérea durante el desarrollo de las obras. Ese mismo planteamiento lo sostuvo un informe elaborado en 2021 por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

La reconstrucción de la pista propuesta desde 2018 rondaría los $130 millones, mientras el contrato de rehabilitación suscrito con MECO ronda los $40 millones.

El antecedente

-El documento DGAC-DA-IA-OF-451-2023, con fecha del 7 de agosto de 2023 y remitido por los ingenieros de la UIA a Naranjo Elizondo, advirtió que no existía el suficiente nexo causal para atribuir el deterioro de la pista al paso de la tormenta tropical Bonnie.

-Los expertos técnicos reconocieron que la infraestructura requería una intervención ante el deterioro acumulado por la operación aérea en años recientes, pero recomendaron optar por la vía de contratación convencional al considerar que no existían elementos para asociar el incremento en el deterioro al impacto de Bonnie.

-El exdirector Naranjo admitió el 1° de abril, ante la comisión legislativa de la provincia de Guanacaste que recibió el documento de la UIA el 10 de agosto y que lo trasladó a su superior jerárquico: Luis Amador Jiménez, entonces ministro de Obras Públicas y Transportes y entonces presidente del Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac).

-El decreto permitió que 1 año después la DGAC y el MOPT solicitaran incluir la pista entre la infraestructura dañada tras el paso de Bonnie.

-La CNE licitó de emergencia los trabajos. La obra fue adjudicada a inicios de 2024 a Constructora MECO S.A. por ₡21.889 millones.

La licitación motivó el cese de Amador y de Naranjo como jerarcas el 12 de marzo. Según el presidente Chaves ambos habrían sido omisos al no percatarse de que las especificaciones técnicas del cartel para la obra habrían sido un supuesto "traje a la medida" para beneficiar a la empresa que resultó adjudicada y los destituyó alegando una "responsabilidad política" por eso.

-Según Chaves, ambos exfuncionarios deben asumir la "responsabilidad política" por no fiscalizar que el cartel presuntamente estaba "hecho a la medida" en detrimento de las otras 2 compañías participantes: el Consorcio Pedregal y H.Solís. Sin embargo, Amador y Naranjo refutaron esa versión y puntualizaron que ninguno de los oferentes objetó el cartel licitatorio impulsado con los requisitos estipulados por la DGAC.

–Alejandro Picado Eduarte, presidente ejecutivo de la CNE, dijo el 18 de marzo, ante ese foro legislativo, que nunca tuvo conocimiento del informe de la UIA elaborado en agosto de 2023 y que "se pudo haber quedado a lo interno de la DGAC".

-Picado y Naranjo, de manera individual, insistieron que el proceso de licitación se apegó a derecho y que la promulgación del decreto, coordinada desde Casa Presidencial, sí sustentaba el nexo del deterioro en la pista con el impacto de Bonnie.

-El exdirector de la DGAC enfatizó en que la última palabra sobre el nexo causal siempre la tuvo la CNE. Es decir, si ese ente estimaba que la contratación por emergencia no era el camino, pues no lo iba a ser.

-Por eso, tras conocer inspecciones técnicas al AIDOQ entre equipos de la CNE y la DGAC, previo al 7 de agosto, Naranjo consideró que el trámite para atender la contratación era el adecuado en este tipo de casos.

-Posterior a ser despedido, el exministro Amador insistió en que la CNE fue la que lideró todo el proceso de contratación a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop). No ha dicho si remitió, o no, el oficio de la UIA a la CNE.

-En el informe, la UIA recalcó que la DGAC y el MOPT tomaron como base un documento elaborado por la UIA sobre las condiciones de la pista del AIDOQ y lo modificaron de manera unilateral para incluir conclusiones asociadas a Bonnie.