Este es un extracto de la conversación

Usted presentó un proyecto para que los expresidentes solamente puedan empezar a recibir su pensión a los 65 años. ¿Por qué considera que esa es la reforma adecuada?

Siempre se ha hablado del tema de las pensiones de lujo, pero me parece que no se ha atacado el fondo de la discusión.

En el caso de los expresidentes, esta pensión definitivamente es de lujo porque se adquiere después de la gestión de la Presidencia, pero no se ha cotizado por ella.

Al ser el monto grande y significativo, es una pensión de lujo.

En este caso, este proyecto es totalmente constitucional. Lo menciono porque la presidenta, Laura Fernández, hace unos días presentó una propuesta de ley, pero a mí lo que me preocupa es el humo que se hace, porque cuando se quiere hacer un cambio específico se tiene que pensar en la constitucionalidad de estas cosas.

Este proyecto que yo presenté busca equiparar esa pensión a los demás regímenes de pensiones, como cualquier otro, donde un ciudadano adquiere la pensión hasta los 65 años.

Cada vez personas más jóvenes ocupan estos espacios de poder y decisión y, como están en su edad productiva, una persona puede adquirir esta pensión a los 45 años.

Lo que busca esta reforma es cambiar eso y equiparar esta pensión a la de cualquier otro régimen, para que se otorgue hasta los 65 años.

¿Sería bueno eliminarlas?

Claro que sería bueno eliminarlas del todo.

Yo estoy a favor de que se eliminen, porque realmente cuando se inició con esto fue en un contexto histórico diferente.

Esto es el inicio de una conversación seria y formal, porque la conversación es, a veces, puro humo.

Lamentablemente, se agarra el tema como una bandera de campaña y al final no se resuelve nada porque hay temas inconstitucionales, como sería el caso de tratar de eliminar las pensiones pasadas. Eso es inconstitucional.

Esta propuesta busca hablarlo con seriedad y con realismo.

¿Cómo evalúa los primeros 100 días del gobierno de Laura Fernández?

No he visto cambios sustanciosos ni significativos en temas prioritarios para Costa Rica, como lo es la educación, por ejemplo.

Venimos cerrando el proceso de sesiones extraordinarias, que es donde el Poder Ejecutivo y doña Laura Fernández tienen control absoluto de la agenda de la Asamblea Legislativa. Ella convoca los proyectos y no se convocó ni uno solo en educación, ni uno solo.

Estamos hablando de que la educación costarricense no solo está en crisis por formato, sino también por infraestructura.

Nuestros estudiantes y nuestras estudiantes van a las escuelas y a los colegios llenos de órdenes sanitarias.

Otro tema que a mí me parece muy preocupante y que tampoco se ha tratado con la importancia del caso es el tema de las listas de espera en la Caja.

No se hizo absolutamente nada en 100 días para tratar de agilizar el tema ni de corregirlo.

No es posible que vivamos en un país donde una persona tenga que esperar más de un año para una operación o incluso para un diagnóstico.

Hay reportes de personas a las que les están dando la cita en 2030, por ejemplo, y estamos en 2026. Es impensable que no se haya tomado una medida urgente con respecto a este tema.

En el tema de la seguridad tampoco se ve claridad. La única acción concreta que se ha tenido es declarar secreto de Estado el tema de seguridad. Eso es algo que Liberación Nacional rechaza y que yo rechazo categóricamente.

¿Qué mensaje dio la Asamblea Legislativa al país al esperar más de 100 días para que sesionara la Comisión de Educación en momentos en que está en crisis?

Yo fui muy incisiva con la preocupación de que no se estaba sesionando. Creo que es el reflejo de lo que también pasa en el Poder Ejecutivo: la educación no es un tema prioritario para el Poder Ejecutivo ni para los diputados oficialistas.

Se tuvieron que esperar 110 días para sesionar.

Quiero decir que en las últimas semanas la presidenta de la Comisión, Ana Katarina Müller, ha propiciado reuniones fuera de la comisión con los miembros para hablar de diversos temas.

Pero sí hubo una inacción durante los primeros meses con respecto a este tema tan prioritario.

¿Qué proyectos deben priorizarse en esa comisión?

Una de ellas es proteger y blindar a los centros educativos de recortes de Hacienda porque vuelvo a lo mismo: tenemos órdenes sanitarias por todo el país y no es de recibo que se le sigan recortando presupuestos a la educación.

Más bien tenemos que ver cómo se buscan recursos para dignificar la educación en este país.

En segundo lugar, el sistema macro de evaluación. Es necesario que nosotros sepamos cómo y qué están aprendiendo nuestros jóvenes. Tenemos que preparar a nuestros estudiantes con tecnología y capacidades para el mundo tan competitivo.

Otra prioridad debe ser darle seguridad jurídica a nuestros docentes y a las personas que trabajan en los centros educativos.

Como subjefa del PLN, ¿cómo percibe la negociación y la apertura que hay al diálogo con el oficialismo y el Poder Ejecutivo?

Diálogo directamente con el Poder Ejecutivo no hay. No hay conversaciones de ningún tipo.

Con el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, ha sido completamente nulo el intercambio.

La comunicación se tiene directamente con la bancada oficialista, con el jefe de fracción, Nogui Acosta.
Pero más allá de eso, realmente no ha habido comunicación.

Cuando se les ha apoyado, ni siquiera tienen la humildad o la cortesía de decirlo; más bien son ataques constantes no solo a la oposición, sino también al Poder Judicial.

Yo quisiera que fuera diferente y creo que Costa Rica quisiera que fuera diferente el tema de la construcción y el diálogo, porque es necesario para llegar a los acuerdos correspondientes.

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