Investigan supuestas reuniones en hotel entre jefes de Racsa y personal de empresa que ganó contratos del gobierno

El Ministerio Público abrió una investigación para determinar si funcionarios de Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa), empresa estatal, sostuvieron reuniones en un hotel de playa con representantes de compañías privadas que posteriormente resultaron favorecidas con licitaciones de instituciones públicas.

Según una denuncia presentada ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), a la que tuvo acceso CR Hoy, se trata de contratos del Ministerio de Justicia y Paz (MJP) y del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), en los que Racsa actuó como intermediaria.

En estos procesos, el gobierno otorgó contratos a Radiográfica, pese a que no tiene capacidad operativa ni financiera para ejecutarlos, y esta los tercerizó con otras empresas que asumieron la operación y recibieron sumas millonarias.

De acuerdo con la denuncia, esta práctica ha sido común en la administración de Rodrigo Chaves Robles y según los documentos evidencia una manera "acostumbrada de coludirse ilegalmente para obtener beneficios patrimoniales a empresas amigas, contrarios a la ley".

Por estos hechos se abrieron las causas penales 23-035050-0042-PE y 25-000328-1218-PE. La primera investiga la presunta comisión de incumplimiento de deberes, fraude de ley, sobreprecio irregular e influencia contra la Hacienda Pública; la segunda busca determinar si se configuró el delito de influencia contra la Hacienda Pública.

Las investigaciones señalan como imputados a Mauricio Barrantes Quesada, gerente general de Racsa, y a la directora jurídica, Ileana Rodríguez Quirós, así como a los empresarios Igor de Oliveira Roquim, Francisco Inacio Carneiro y André Bermúdez Leandro, representantes de empresas o consorcios favorecidos. Según la Fiscalía, las cinco personas están imputadas en ambos expedientes.

La documentación analizada apunta a que las reuniones se realizaron no solo en hoteles, sino también en despachos de jerarcas institucionales que tramitaron los contratos.

Además, se mencionan presuntas conexiones familiares y vínculos de amistad entre funcionarios públicos y representantes de las empresas contratadas.

"Adicionalmente, existen informaciones que afirman que se han dado reuniones privadas en las oficinas de Racsa con el empresario Igor de Oliveira Roquim y el gerente general de RACSA Mauricio Barrantes, así como de varios encuentros en un hotel en la zona de Jacó conocido como Villa Caletas en Garabito de Puntarenas, para aparentemente favorecer a SGSV, dado que el denunciado André Bermúdez es hijo del exgerente de Racsa, Alberto Bermúdez, amigo íntimo de Mauricio Barrantes".

Contrato 1: tobilleras y reuniones

La primera investigación, iniciada en 2023, está relacionada con presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato tramitado por medio de Racsa para que el MJP dispusiera de tobilleras electrónicas de monitoreo, a través del consorcio Racsa-Synergy-SGSV.

De acuerdo con la denuncia presentada ante el Ministerio Público (MP), la Contraloría General de la República (CGR) y la Procuraduría de la Ética Pública (PEP), Justicia promovió la licitación por emergencia 2023XE-000001-0006900001, que habría generado más de ¢808 millones en sobrepagos respecto del contrato original.

"(…) se le adjudicó a RACSA proveer las tobilleras por 1 año (venciendo el 29 de junio del 2024) en modalidad entrega según demanda, por un monto de $9,61 por uso de tobillera diaria por persona. RACSA contrató a la empresa SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas Sociedad Anónima, para suplir la tecnología del fabricante brasileño SYNERGIE", señala el documento bajo análisis de la Fiscalía.

Las pesquisas revelan que el costo por dispositivo se fijó en $9,61 diarios, cuando previamente se había adjudicado un contrato internacional por $5,99 diarios.

El Ministerio de Justicia y Paz habría pagado un sobreprecio de $2,3 millones.

Contrato 2: estaciones de pesaje

La segunda causa investiga el contrato que el Conavi otorgó a SGSV para administrar estaciones de pesaje en rutas nacionales, utilizando a Racsa como intermediaria.

La empresa tiene adjudicadas las estaciones ubicadas en Búfalo de Limón, Cañas en Guanacaste, Esparza, Cartago y Villa Briceño en Golfito.

El Ministerio Público también analiza la participación de la junta directiva de Racsa en la aprobación de este contrato, así como la intervención del Conavi, por supuesta injerencia en "maniobras" que habrían direccionado la adjudicación hacia SGSV.

Según la denuncia, el Programa de Administración de Pesos y Dimensiones del Cosevi, con un plazo de 13 años, fue adjudicado a dedo a Racsa, que luego lo trasladó a SGSV.

"Una vez más, el gobierno aprovecha la facultad de contratación pública de RACSA para movilizar miles de millones entre empresas elegidas a dedo. Otro caso más de aparente corrupción de este Gobierno que se suma a casos como el de los EBAIS de la CCSS, la pista del aeropuerto Daniel Oduber y muchos más en que funcionarios y exfuncionarios de este Gobierno han sido sometidos a procesos penales, allanados y más.

Es claro que estamos en presencia de un aparente abuso de figuras excepcionales de contratación dando un resultado contrario al interés público (artículo 2 Ley 8422); en donde, tiene que analizarse y determinarse la posible existencia de delitos como la influencia contra la hacienda pública y el fraude de ley en la función administrativa (arts. 57 y 58 Ley 8422)", señala la denuncia acogida por el Ministerio Público.

El documento añade que existe sospecha razonable de precios irregulares e incluso un posible delito de influencia contra la Hacienda Pública. También menciona presuntos vínculos familiares entre altos exfuncionarios de Racsa y gerentes de empresas, lo que podría configurar un eventual tráfico de influencias en contratos que movieron millones de colones.

Reacción de los implicados

Consultada al respecto, Racsa respondió que, a la fecha, no ha recibido ninguna notificación de la Fiscalía, "por lo que no es posible emitir criterio sobre este particular".

Por su parte, un representante de SGSV afirmó que las acusaciones son falsas, así como las denuncias de las reuniones.

Agregó que los contratos entre empresas del Estado están previstos en la ley, "así como la contratación de una empresa privada que desde hace tres administraciones presta servicios a Racsa con éxito".

Además, indicó que los contratos, firmados con un máximo de tres renovaciones, siempre se han condicionado a la satisfacción de las partes. "SGSV es una empresa costarricense con amplia trayectoria y respeto en el sector de telecomunicaciones, siempre apegada a las leyes y a los buenos principios, razón de su éxito", concluyó.

Mientras tanto, la Dirección Ejecutiva del Conavi respondió: "En cuanto a la consulta realizada es importante mencionar que esta contratación es del año 2012 en donde esta Dirección Ejecutiva no fue la que formalizó dicha contratación; en cuanto a la denuncia no nos podemos referir al tema por ser es un caso judicializado".