Intermediario de soborno a jueza por parte de Pancho Villa es acusado de tenencia ilegal de armas
Raúl Mauricio Paniagua Paniagua, quien habría actuado como intermediario del cabecilla narco Darwin de la Trinidad González Hernández, alias Pancho Villa, para intentar sobornar a una jueza, también fue acusado de un delito de tenencia ilegal de armas.
Este sujeto, en apariencia, recibió instrucciones del líder criminal, quien desde una celda de máxima seguridad le enviaba audios y mensajes vía WhatsApp con aparentes indicaciones sobre cómo acercarse a la juzgadora Hazel Murillo Beita para supuestamente convencerla de testificar en favor suyo y de su banda durante un juicio por narcotráfico.
No obstante, el 6 de agosto de 2024, cuando se allanó la casa de habitación de Paniagua, ubicada en Lauren de Corredores, Puntarenas, los investigadores hallaron un pequeño arsenal.
De acuerdo con la Fiscalía contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, el hombre tenía cinco armas de fuego que no estaban debidamente inscritas ante el Departamento de Control de Armas y Explosivos del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), tal como lo ordena la ley.
Entre lo encontrado había:
- Arma de fuego tipo revólver, marca Ruger, calibre .22
- Arma de fuego tipo revólver, marca EM-GE Sport Waffenfabrik
- Rifle marca Magnum, calibre .22, color dorado con café
- Rifle marca E.R. Mantino Gaucha-IEA
- Arma de fuego tipo revólver sin marca visible
Además, se encontró un arma de fuego tipo pistola, marca Roger, color plateada, que sí estaba inscrita a nombre de Paniagua, de 39 años, pero la mantenía ilegítimamente sin contar con los permisos respectivos de Armas y Explosivos, según el Ministerio Público.
Por el hallazgo de las múltiples armas, la Fiscalía lo inculpa de tenencia ilegal de armas. La legislación impone de seis meses a tres años de cárcel a quien porte armas sin permiso, en caso de ser declarado culpable.
Posterior a su captura, se le impuso arresto domiciliario debido a un trasplante de órgano que había recibido.
Desde la cárcel
Pese a estar en prisión preventiva mientras afrontaba un juicio por narcotráfico y legitimación de capitales el año pasado, Darwin mantenía comunicación mediante llamadas telefónicas y mensajes con supuestos cómplices para gestar un intento de soborno a una jueza.
El cabecilla de una banda asentada en la Zona Sur del país se encontraba recluido en el módulo de máxima seguridad de La Reforma a inicios de 2024, mientras aguardaba el inicio del debate oral y público.
Las comunicaciones se realizaban con el intermediario Paniagua, quien, a su vez, debía contactar a la abogada Gracel María Arguedas González (co-imputada) para que, supuestamente, aprovechara su amistad de larga data con la jueza Hazel Murillo Beita y le hiciera ofrecimientos indebidos.
Pancho Villa orquestó el plan y enviaba directrices sobre cómo ejecutar los acercamientos. Según la acusación, el intercambio de mensajes era tal que, en apariencia, los audios del capo eran reenviados por Paniagua a otras personas, según la Fiscalía.
Posteriormente, el 22 de enero de 2024, siguiendo las órdenes e indicaciones de González y Paniagua, la abogada contactó por medio de la plataforma Messenger a la funcionaria judicial para solicitarle su número celular y coordinar una reunión entre ambas.
Continuando con el plan presuntamente liderado por el cabecilla, el 15 de febrero de 2024 Arguedas contactó a la jueza penal, a quien le propuso encontrarse el 17 de febrero de ese mismo año.
Cabe recordar que el 6 de agosto de 2024 se ejecutó un allanamiento en la celda del líder narco, donde se encontraron al menos dos teléfonos celulares dentro del recinto carcelario.
Los dos celulares decomisados en máxima seguridad aportaron pruebas clave para el caso del intento de soborno a la funcionaria judicial. González afrontó un juicio por narcotráfico junto a 13 personas más, acusado de encabezar una banda dedicada a la importación y distribución de drogas.
Siguiendo instrucciones, aparentemente, la abogada buscó a inicios de año a la jueza aprovechando que compartió aulas universitarias con ella en 2005.
Se presume que, durante el reencuentro, la imputada aprovechó para solicitarle realizar acciones en beneficio de la estructura criminal, a cambio de un pago, tras eventuales contactos con el grupo de sospechosos.
Las autoridades sostienen que la abogada pretendía que la jueza declarara a favor de los acusados en el juicio de narco y lavado, alegando una supuesta actividad procesal defectuosa en el caso. En el pasado, la juzgadora estuvo a cargo de ordenar y resolver diligencias dentro del expediente penal.
La jueza Murillo Beita, supuestamente, fue pareja de uno de los exagentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investigados en el proceso. De hecho, debe presentarse a testificar en el juicio contra el presunto grupo narco de Pancho Villa.
Durante fases judiciales previas al debate, Murillo debió ordenar y resolver varias diligencias contra la red de narcotráfico. Según los abogados defensores, la jueza mantuvo un vínculo sentimental con uno de los acusados por narcotráfico.
En específico, señalan que existió una relación con Miguel Campos Jiménez, un exinvestigador del OIJ, acusado de aprovechar su condición de agente judicial para asesorar al grupo narco y escoltar droga.
Para la defensa, la jueza Murillo debió apartarse del caso y no resolver gestiones en la fase previa al debate, debido a un posible conflicto de intereses por conocer al investigado. Los abogados del caso buscaban refutar que esta jueza haya intervenido de forma indebida.
En setiembre del año pasado, cuando Pancho Villa y sus secuaces estaban en el banquillo de los acusados, Murillo Beita acudió como testigo y relató detalladamente ante el Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada (JEDO) el supuesto intento de soborno, ocurrido en el parqueo de un conocido hotel capitalino, frente a su hijo.