¿Intentará Rodrigo Chaves renunciar a la inmunidad? Esto dice su abogado
Con una votación de 15 a favor y 7 en contra, el Tribunal de la Corte Plena autorizó este lunes que avance una acusación penal por el delito de concusión, a fin de que la Asamblea Legislativa defina si procede o no el levantamiento del fuero de improcedibilidad —conocido como inmunidad— para que el mandatario Rodrigo Chaves Robles sea eventualmente juzgado por el caso conocido como BCIE–Choreco.
Desde mayo, tanto el gobernante como José Miguel Villalobos, amigo y abogado del gobernante, han asegurado que contemplan la eventual renuncia a este fuero especial para afrontar el proceso.
Sin embargo, en ningún momento han informado cuándo tomarán la determinación ni si se trata de una decisión ya tomada; más bien, lo han planteado como uno de los escenarios posibles.
El lunes pasado se presentó una segunda acusación contra Chaves y otros altos funcionarios por delitos electorales, en el marco del caso Financiamiento Jaguar, relacionado con el presunto uso de estructuras paralelas para financiar la campaña electoral que lo llevó al poder.
Al conocerse esta nueva acusación, todavía en trámite, este medio consultó directamente a Villalobos sobre este punto, justo cuando la Fiscalía General presentó el segundo expediente ante la Corte. El abogado replicó:
>-->"Sigue don Rodrigo meditando y no ha tomado una decisión. Lo haremos de conocimiento en el momento que consideremos prudente.
Cuando él quiera renunciar a la inmunidad y no necesita el visto bueno de nadie, solo de su propia conciencia", señaló el martes anterior.
En abril, el Ministerio Público presentó una acusación formal contra Chaves y su ministro cercano, Jorge Rodríguez Vives, dado que, en apariencia, habrían ejercido presiones sobre Christian Bulgarelli, empresario y productor audiovisual que obtuvo un contrato para desarrollar proyectos de comunicación para la Presidencia.
De acuerdo con la investigación, Chaves y Rodríguez presionaron a Bulgarelli para que girara $30.000 del pago del contrato al coimputado Federico Cruz Saravanja, alias “Choreco”, exasesor de campaña y amigo personal del gobernante, pese a que Cruz no tuvo ninguna participación en el proyecto. Este monto le sirvió como una cuota para comprar una casa.
No obstante, ninguno de estos imputados puede ser sometido a un proceso penal ordinario, como ocurre con el resto de sospechosos en el país. Según la Constitución Política, el presidente y sus ministros están sujetos a un procedimiento especial aplicable a los miembros de los Supremos Poderes.
Solo siete de los 22 magistrados que participaron en el Tribunal de la Corte Plena votaron en contra de continuar el proceso para levantarle la inmunidad. CR Hoy reveló sus nombres, confirmados por fuentes cercanas a la Corte Suprema de Justicia.
Se trata del magistrado Luis Fernando Salazar Alvarado, de la Sala Constitucional; la magistrada Damaris Vargas Vásquez, vicepresidenta del Poder Judicial y miembro de la Sala Primera; la magistrada Iris Rocío Rojas Morales, también de la Sala Primera; el magistrado Jorge Olaso Álvarez y la magistrada Roxana Chacón Artavia, ambos de la Sala Segunda; el magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas, de la Sala Tercera; y la magistrada Ana María Picado Brenes, de la Sala Constitucional, quien sustituyó al magistrado Paul Rueda Leal.
Irrenunciable
Los miembros de la Corte Plena tomaron la decisión de trasladar el proceso a la Asamblea Legislativa, para que se continúe con el trámite del levantamiento del fuero especial.
Sin embargo, el entorno del mandatario mantiene en tela de duda una eventual renuncia a este derecho como mecanismo para “acelerar” el procedimiento.
Pese a ello, en entrevista con CR Hoy, el fiscal general —quien por ley debe conducir personalmente las investigaciones contra miembros de los Supremos Poderes— confirmó que el mandatario no puede renunciar a esta protección constitucional.
A criterio del Ministerio Público, no es jurídicamente válido que Chaves renuncie a la inmunidad únicamente para una causa específica, como lo adelantó su abogado.
"Nosotros consideramos que se debe dar el trámite que se ha establecido constitucionalmente y legalmente. Por lo menos el Código Procesal Penal lo que establece es que una vez que se formula la acusación tiene y nosotros la remitimos a la Secretaría de la Corte.
Como parte del procedimiento ellos la remiten en la Sala Tercera para analizar si existe delito. Si ellos consideran que existe, lo que corresponde es trasladar esa acusación en este caso a la Asamblea Legislativa para que ellos determinen si levantan el fuero.
Es una posibilidad que ellos tendrán que valorar y también se tendrá que valorar si legal, de acuerdo al reglamento de la Asamblea Legislativa y constitucionalmente, eso es procedente", detalló el fiscal general.
De acuerdo con el artículo 121 de la Constitución Política, es atribución exclusiva de la Asamblea Legislativa “admitir o no las acusaciones que se interpongan contra quien ejerza la Presidencia de la República”, mediante el voto favorable de dos terceras partes del total de diputados, si consideran que hay lugar a formación de causa.
En caso de que así se resuelva, el expediente debe remitirse a la Corte Suprema de Justicia para su juzgamiento. Por su parte, el Título V del Código Procesal Penal establece el procedimiento aplicable.
Según esta normativa, la Corte trasladará el expediente a la Asamblea si concluye que los hechos constituyen un delito. Si el Congreso autoriza el levantamiento del fuero, el caso pasa a la Sala Tercera de Casación Penal, que incluso puede imponer medidas cautelares.
El trámite legislativo debe realizarse conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Asamblea Legislativa. El capítulo II, que detalla el procedimiento, no contempla escenarios en los que se permita la renuncia voluntaria al fuero de improcedibilidad.
La acusación penal que enfrenta Chaves está relacionada con el caso BCIE–Choreco. Al gobernante se le investiga por, aparentemente, idear un plan junto con el ministro de Cultura para obligar al empresario Cristian Bulgarelli a girar $32.000 al amigo íntimo y asesor presidencial Federico Cruz Saravanja, alias “Choreco”, dinero que habría salido del pago de un contrato con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
