Inspección Judicial archiva causa contra fiscala que pidió desestimar supuesto caso de evasión

(CRHoy.com) El Tribunal de la Inspección Judicial (TIJ) desestimó el procedimiento disciplinario que abrió contra la fiscala que tramitó un "caso" de supuesta evasión denunciado por el Ministerio de Hacienda.

La determinación consta en el voto 2023-001072 del 30 de marzo de 2023 e incluye el archivo del expediente 23-000216-0031-DI, que se siguió contra la representante del Ministerio Público, Criss González Ugalde. El caso inició de oficio a partir de declaraciones dadas el 25 de enero de 2023 por el presidente Rodrigo Chaves Robles.

No obstante, y conforme al análisis expuesto por el órgano instructor, se determina que en el presente caso no se configuran los elementos de la falta disciplinaria administrativa. Si bien es cierto, la licenciada González Ugalde, confeccionó la solicitud de desestimación de la causa penal 22-000070-0621-PE, la misma obedeció, al rol y plan de trabajo establecido por parte de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual, con el fin de laborar durante el cierre colectivo de diciembre 2022 y enero 2023.

(…) Así las cosas, a partir de lo anterior, no se podría afirmar válidamente que hubo un interés indebido en la tramitación de expediente 22-000070-0621-PE, por parte de la licenciada González Ugalde.

El propio departamento de comunicaciones había informado al día siguiente de la rueda de medios que perseguiría contra ignorado los señalamientos efectuados por el mandatario, al amparo del artículo 176 de su Ley Orgánica del Poder Judicial.

Las manifestaciones dadas por el gobernante en relación con el Ministerio Público se dieron en el marco de una consulta sobre el tema anunciado el 19 de enero de 2023 por el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén; mismo en el que, 17 días antes, la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual solicitó una desestimación por falta de pruebas. Incluso declaró que ya no podía confiar únicamente en el órgano acusador.

Chaves Robles cuestionó la labor de la fiscala, al señalar un presunto conflicto de intereses, ya que en apariencia fue subalterna de uno de los denunciados en la causa, Leonel Baruch Goldberg, cuando este fue ministro de Hacienda. También criticó la velocidad con la que cerró el caso y el hecho que hiciera el requerimiento conclusivo durante el cierre colectivo de la Corte.

Todos esos asuntos fueron desmentidos por la servidora en un comunicado de prensa circulado horas después de la conferencia dada por el presidente.

Descargo de la funcionaria

Primero, descartó tener una relación de amistad o enemistad con el empresario, socio mayoritario del banco BCT y presidente de este medio digital, y aclaró que cuando trabajó para la cartera lo hizo en la Dirección Jurídica, donde su jefa directa era Dagmar Hering Palomar. Agregó que inició sus labores en 1999 y que, un año después, pidió un permiso sin goce de salario que se extendió hasta 2001, por una beca de cooperación triangular que le otorgaron los gobiernos de Estados Unidos y Chile, para estudiar una maestría en Derecho Empresarial.

Luego recalcó que, producto de los análisis de elementos de pruebas aportadas en la denuncia que originó la pesquisa, se solicitó a la Sección Anticorrupción de Delitos Económicos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) un informe de pericia contable, en el que el 21 de octubre de 2022, se requirió el "trámite de una asistencia internacional a la República de Panamá" para obtener evidencias.

Consultada al respecto la Oficina de Asesoría Técnica de Relaciones Internacionales (Oatri) del Ministerio Público, se informó vía correo electrónico que su homóloga de la nación vecina, que los delitos contra el Tesoro Nacional o defraudación fiscal fueron tipificados mediante una ley del 31 de enero 2019 y que, antes de su entrada en vigencia, tales conductas eran competencia de la esfera administrativa y no penal.

"Esto significaba que la Asistencia Penal Internacional no resultaba viable, toda vez que los hechos delictivos investigados en Costa Rica no estaban sancionados penalmente en Panamá, es decir, que estaba ausente la doble incriminación requerida para su tramitación y diligenciamiento y por ende, esto no permitiría seguir con la investigación de la denuncia al no tener elementos para contrastar la maniobra defraudatoria denunciada", subrayó González Ugalde.

Recalcó que, además, la solicitud que planteó aún debía ser analizada por el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José. El órgano jurisdiccional, en la figura de la jueza Juliana Jiménez Alpízar, acabó por rechazar la petición efectuada por la Fiscalía, siendo devuelto el expediente a esta última.

Sobre el momento en el que tramitó el pedido de desestimación, la funcionaria aclaró que mediante aviso del Consejo Superior, sobre "Lineamientos para la atención de asuntos y detalle de las oficinas que permanecerán abiertas durante los períodos de vacaciones colectivas 2022-2023", se estableció que el despacho en el que está destacada sería uno de los que debía abrir durante el cierre colectivo (del 26 de diciembre de 2022 al 6 de enero de 2023). A raíz de esa directriz, la Unidad Administrativa del Ministerio Público dispuso que un servidor trabajaría la semana del 26 al 30 de diciembre y que ella trabajaría la del 2 al 6 de enero.

Como parte del plan de trabajo agendado para esos días, se asignó a los dos fiscales "redactar y plantear los requerimientos conclusivos de casos que estaban en condiciones de ser resueltos", entre ellos, el expediente 22-000070-0621-PE (el "mega caso" en cuestión).