Inquietudes de 3 fracciones tienen trabado plan que ataca capitales emergentes

Al menos 3 fracciones legislativas han manifestado sus dudas sobre un proyecto de ley que busca atacar los llamados capitales emergentes, como casas, carros o propiedades, que se generan de actividades ilícitas, generalmente del lavado de dinero y el narcotráfico.

El proyecto es el expediente 22.834, una reforma a la Jurisdicción Contencioso Administrativa que propone secuestrar capitales sin un origen lícito aparente y llegó a la corriente legislativa desde el gobierno de Carlos Alvarado.

La reforma se aprobó en primera instancia el pasado 13 de mayo, con la promesa de las fracciones de devolverlo al primer debate y ahí hacerle cambios, pero a la fecha la falta de acuerdo impide que este avance y sea por fin ley.

¿Qué hace?

El proyecto busca hacer 4 cosas:

• Permitir a la Contraloría General de la República (CGR), al Ministerio de Hacienda, al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y el Ministerio Público presentar una denuncia por el incremento de capital sin causa lícita aparente.
• Establece un umbral del incremento de ese capital igual o superior a los $50 mil, con una retrospectiva de 10 años.
• Solicitar al Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, la adopción de una medida anticipada y provisional destinada a asegurar, secuestrar, conservar o verificar bienes y productos financieros de interés. La autoridad jurisdiccional emitirá la inmovilización registral de los bienes muebles e inmuebles, así como la orden de congelamiento preventivo al sistema financiero.
• Para la adopción de la medida anticipada y provisional no se requiere otorgar audiencia a las partes.

Garantías constitucionales

El diputado del Partido Liberal Progresista (PLP) Gilberto Campos, señaló que si el proyecto no es modificado no lo votarán en segundo debate.

Señaló que es necesario defender garantías constitucionales, ante el riesgo que se ataque a personas que han logrado acumular capital de forma lícita, pero por alguna razón no estén en la formalidad.

Campos cree que el proyecto, tal y como está, establece una "extinción de dominio" solapada y que la medida cautelar, lo único que debería asegurar, es que el bien no se mueva.

"Pero el proyecto lo que pretende es que se traslade directamente al ICD (el bien) para que lo pueda comenzar a usar y eso es un tema complejo, ya que traslada el dominio de la persona privada al Estado", explicó.

El otro tema que se cuestiona el PLP y donde aún no tiene una posición clara, es sobre el umbral que se establece para el decomiso del capital emergente.

"Todo el mundo tiene derecho a crecer y entonces porque yo tenga un incremento patrimonial de $50 mil o ₡25 millones en 10 años, di ¿quién no?, muchas personas y habrá algunas muy honradas que trabajando logren hacerlo, entonces tenemos que resguardar esos principios constitucionales", aseguró Campos.

El PLP, al igual que la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) quieren que se incluya una posibilidad de audiencia a la parte investigada.

Ambas fracciones coinciden en que esta podría ser incluso después de la medida cautelar impuesta por el juez, donde exista una probabilidad real que ese bien fue adquirido por una causa ilícita.

"Inmediatamente despiés de otorgada la medida cautelar, el juez da audiencia para que las personas se puedan defender, estamos todos muy apuntados a perseguir al narcotráfico, pero si hablamos de una persona honesta, que incluso no haya podido ingresar a la formalidad, eso es lo que estamos defendiendo", agregó el diputado del PLP.

Señalamientos

La posibilidad de incluir esta audiencia previa generó reacción de la diputada del Frente Amplio (FA) Priscilla Vindas, quien en sus redes sociales acusó al PUSC y al PLP de querer impulsar acciones para que sea más difícil "agarrar al narco".

Dijo que hacer la audiencia abre la oportunidad para que estas organizaciones criminales escondan los bienes cuestionados.

 

¿Sabían que el PUSC y el PLP están impulsando acciones para que sea más difícil agarrar al narco?

En este video les contamos las modificaciones que están promoviendo al expediente 22.834.

¡Tenemos que perseguir a los peces gordos y los bienes que hacen que crezcan! pic.twitter.com/KIaOGrPYGo

— Priscilla Vindas Salazar (@privindas22) May 31, 2024

Los señalamientos de Vindas, generaron una reacción en plenario de la jefa del PUSC, María Marta Carballo.

La socialcristiana insistió que su propuesta de audiencia, se da una vez adoptada la medida cautelar.

Y que el juez podrá inmovilizar bienes y cuentas, lo que es falso que estas organizaciones criminales puedan trasladar los bienes.

Hacienda fuera

En el caso de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) el jefe de fracción, Óscar Izquierdo, reiteró que no están a favor de que Hacienda tenga la opción de hacer la denuncia, como se describe en el texto aprobado en primer debate.

El PLN tampoco tiene claro si apoya o no la idea de establecer el umbral o eliminador.

Fiscalía no quiere umbral

La Fiscalía General de la República, tras una consulta de este medio sobre estas disyuntivas, volvió a reiterar que no está a favor de la audiencia previa, ni con poner un umbral.

Así lo indicó el fiscal adjunto de la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial, Warner Molina Ruiz, indicó:

Nuestra posición firme y reiterada es que no se fije ningún umbral para solicitar la medida cautelar y tampoco se dé audiencia a las partes, pues evidentemente esa notificación pondría en un mayor riesgo de distracción los bienes de interés económico que se pretenden llevar a capitales emergentes.

El presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, el verdiblanco Gilberth Jiménez, afirmó que esperan tener una encerrona con las fracciones el próximo viernes para llegar a un acuerdo sobre los cambios.