Ingenieros señalan que Convenio de Budapest no debe interferir en licitación de 5G
Implementación de esta tecnología en el pais lleva meses de estarse discutiendo.
El Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales (Ciemi) señala que el Convenio de Budapest no tiene por qué interferir en la licitación de la tecnología 5G en Costa Rica.
La postura fue compartida por el gremio por medio de un documento dirigido hacia la jerarca del Ministerio de Ciencia y Tecnología (Micitt), Paula Bogantes.
Dentro del pronunciamiento aseguran que el reglamento emitido por las autoridades para la implementación de la tecnología 5G no debería incluir el Convenio de Budapest.
Según el Ciemi, el Decreto 44196-MSP-MICITT apunta a una imposibilidad de algunas empresas para participar en el concurso por tener su origen en países que no firmaron el tratado internacional sobre lucha contra el cibercrimen.
No obstante, el Colegio señala que el Convenio de Budapest no establece ninguna obligación de que las empresas tengan que estar sujetas a este acuerdo para poder participar en una licitación de infraestructura.
"Siendo que Costa Rica se rige por la Ley General de Telecomunicaciones No,8646, la cual en sus principios rectores incluye la competencia efectiva y la neutralidad tecnológica. Estos dos principios de la ley son bloqueados por el Decreto Ejecutivo", aseguran en su pronunciamiento.
"El Convenio de Budapest, indicado en el Decreto, es para que los gobiernos de los países firmantes desarrollen políticas públicas en materia de ciberdelincuencia, no es vinculante para operadores de redes de telecomunicaciones o fabricantes de tecnología de telecomunicaciones", aseguran en su pronunciamiento.
Este acuerdo incluido en la reglamentación impide a empresas basadas en naciones que no lo hayan firmado, participar como oferentes de soluciones de infraestructura de telecomunicaciones en el país.
El decreto se encuentra temporalmente sin vigencia en vista de que se dictó una medida cautelar provisionalísima por parte del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), luego de un recurso interpuesto por la Federación Frente Interno de Trabajadores del ICE y la Industria de Telecomunicaciones y Energía (FIT).
Políticos, sindicatos y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) han hecho llegar sus observaciones al TCA en las que estiman que la aplicación de la normativa causaría atrasos en el desarrollo de redes de quinta generación.
Por su parte el Micitt ha descartado derogar el reglamento, pese a las reiteradas peticiones para que lo deje sin efecto como lo han solicitado los sectores técnicos.
