Informes inexistentes justificaron traslados millonarios de Hacienda a Bancrédito
Documento para justificar depósito de dinero solo decía que se tenían fondos
(CRHoy.com).- La única justificación que había en la documentación de las cuatro "inversiones" millonarias realizadas por el Ministerio de Hacienda en el Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito), entre marzo y abril del 2017, fue una constancia emitida por la Unidad de Gestión de Activos de la Tesorería Nacional en la que se indicó que la Dirección de la Tesorería Nacional comprobó que se tenía el flujo de caja para hacer dichos traslados,
Bancrédito recibió del Ministerio de Hacienda (dirigido por Helio Fallas) ₡100 mil millones de colones y $50 millones, algo que la Contraloría General de la República califica como una "inversión disfrazada" pues no se contaban con los argumentos técnicos ni legales para realízalo y menos para justificar las ampliaciones en los plazos de pago.
La División Jurídica de la Contraloría General de la República (CGR) remitió el lunes 6 de julio al Ministerio Público un documento donde se detallan las presuntas irregularidades que se dieron en la compra de títulos por parte del gobierno Luis Guillermo Solís Rivera a Bancrédito, entre los años 2016 y 2018.
Una fuente interna de la Contraloría General de la República (CGR), la cual no quiso ser identificada pero que tiene relación con la investigación realizada, indicó a este medio que tanto Solís como Fallas así como Mauricio Arroyo Rivera, Subtesorero Nacional y Martha Cubillo Jiménez, Extesorera Nacional y además exministra de egresos, podrían eventualmente enfrentar una responsabilidad penal.
En el caso de Arroyo Rivera, fue él quien autorizó dichos traslados y Cubillo Jiménez tuvo conocimiento de los mismos y no evitó que se realizaran. Ambos podrían enfrentar una acusación por los delitos de fraude de ley, peculado e influencia en contra de la Hacienda Pública.
Incluso, esa fuente del ente contralor indicó a este medio que en el último desembolso hecho por Hacienda a Bancrédito, el 28 de abril del 2017 por ₡62 mil millones (con fecha de vencimiento el 4 de agosto del 2017), ni siquiera se contaba con el documento de flujo de caja que tenían los anteriores. Todos esos fondos son recursos públicos y su traslado habría provocado el llamado "hueco fiscal".
Ese último millonario desembolso se habría justificado bajo la directriz presidencial emitida por Luis Guillermo Solís, número 071-P, del mes abril del 2017, en la que se le pedía a la banca estatal, empresas públicas e instituciones autónomas que mantuvieran sus inversiones en Bancrédito. Dicha directriz no justificaba que la Tesorería Nacional hiciera tal "inversión".
La fuente de la Contraloría explicó a este medio, que de acuerdo con un análisis realizado por la División Jurídica de esa institución, Arroyo Rivera no tendría las competencias legales para autorizar esos traslados de fondos y que por el contrario, para poder hacer ese traslado, tenía que usar el artículo 8 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional.
Dicho artículo establece que: Capital, reserva y utilidades- Artículo 8.- El capital de cada uno de los bancos comerciales del Estado, incluído el de sus departamentos creados por ley, podrá incrementarse por ley o por capitalización de utilidades. En este último caso, se requirá la aprobación de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, previo dictámen de la Superintendencia General de Entidades Financieras (*). Los bancos comerciales de Estado podrán revaluar sus activos para efectos de capitalización, previa aprobación de la Junta Directiva del Banco Central basada en dictamen favorable de la Superintendencia General de Entidades Financieras (*). Para todos los efectos legales, la capitalización se tendrá por realizada con el asiento contable en el que se deje constancia de su aprobación.
Además, los montos trasladados a Bancrédito tenían fechas de vencimiento a julio y agosto del 2017, sin embargo la Tesorería Nacional autorizó que fueran trasladados hasta octubre, pese a que el banco ya estaba en una situación financiera precaria y las "inversiones" estaban en un serio peligro de no ser recuperadas.
Las extensiones se fueron concediendo a Bancrédito por parte del Subtesorero Nacional; en setiembre del 2017 amplió el plazo hasta el 5 de diciembre y luego en noviembre lo trasladó hasta el 22 de diciembre, en momentos donde el Ministerio de Hacienda indicaba tener mucha necesidad de flujo de caja.
La Dirección General de Presupuesto Nacional fue la que se opuso a las intenciones del Ministerio de Hacienda de realizar un presupuesto extraordinario para ampliar los plazos de vencimiento de dichos títulos valores, ya que no se trataba de adquisiciones nuevas.
No evitó "inversiones"
Los análisis realizados por la Contraloría General de la República ubican a Martha Cubillo, Extesorera Nacional, como la funcionaria que debía -en su momento- frenar los traslados que fueron autorizados por Arroyo Rivera.
La fuente del ente contralor indicó a CRHoy.com que Cubillo habría participado en reuniones del Ministerio de Hacienda, Casa Presidencial, Consejo de Gobierno y del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) donde se discutió la situación de deterioro financiero del Bancrédito.
Cubillo Jiménez fue una de las funcionarias cuyo despido ordenó la Contraloría luego de revelar el llamado hueco fiscal y la funcionaria renunció al puesto el 27 de abril pasado. Además, el ente contralor solicitó que esta funcionaria fuera inhabilitada de ocupar cargos públicos por espacio de tres años y que su despido fuera sin responsabilidad patronal.
En cuanto a la situación de Bancrédito, la Contraloría determinó que Cubillo Jiménez, aunque se había advertido de la improcedencia de un presupuesto extraordinario para ampliar los plazos, habría insistido en ese plan y habría dado su visto bueno para la realización del mismo.