Informe sobre financiamiento de campaña de Chaves sigue en el TSE a la espera de que Fiscalía lo secuestre

El informe del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) acerca de las presuntas irregularidades financieras que se habrían presentado en la campaña electoral del hoy presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles y del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) tiene más de 1 mes varado en el órgano electoral a la espera de que el Ministerio Público gestione su secuestro para tomarlo como insumo para su investigación.

Juan Luis Rivera, jefe de letrados del TSE, confirmó que hasta este martes 7 de enero la Fiscalía no había realizado las gestiones para secuestrar dicho informe.

"No tenemos ninguna diligencia o acción por parte del Poder Judicial", dijo Rivera tras una consulta de este medio.

Rivera recordó que el artículo 94 del Reglamento sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos establece que este tipo de informes deben ser puestos en conocimiento de la Dirección General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos (DGREFPP) del TSE. Esta instancia electoral es dirigida por Héctor Fernández Masís, quien a su vez es magistrado suplente del TSE desde octubre de 2023.

Semanas atrás, Ronald Chacón Badilla, jefe del  Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP), dijo que el envío del informe a Fernández Masís fue el mismo 29 de noviembre -fecha en que se concluyó – mediante el oficio DFPP-1128-2024.

Lo que procede ahora, según Chacón, es que la (DGREFPP) realice el análisis detallado de los hechos contenidos en el informe y establezca sus conclusiones. Posteriormente, podría tomar  acciones a adoptar como:

• Apertura de un procedimiento administrativo sancionatorio
• Poner el asunto en conocimiento del Ministerio Público en caso de estimar que existen conductos que eventualmente podrían requerir de su análisis y decisión
• El archivo del caso, sea parcial o totalmente, que son los posibles resultados que podrían derivarse del informe de referencia. 

 Solicitud del Ministerio Público conlleva trámite especial 

Esta investigación el TSE la abrió en diciembre de 2021, hace ya más 3 años.  En junio de 2022 el órgano electoral remitió a la Fiscalía General  un informe preliminar que se le había solicitado en enero de ese mismo año por parte de esa instancia judicial.

Chacón Badilla explicó que por contener el documento información "sensible" obtenida a través del levantamiento de los secretos bancarios y tributarios  no puede ser compartida con terceros, incluyendo el propio Ministerio Público. Esta decisión, dijo el funcionario, se tomó mediante  la resolución  7826-E8-2024 del  25 de octubre anterior.

"…El Tribunal Supremo de Elecciones precisó que, dada la particular naturaleza de los datos obtenidos a través de un levantamiento de los secretos bancario y tributario, el Ministerio Público -como regla general- deberá presentar ante estos Organismos Electorales una orden judicial expedida por la autoridad penal competente, que le habilite a acceder a esta información", explicó Chacón.

Por lo tanto, para que el informe se sume como prueba a la investigación penal que se sigue en el Ministerio Público contra el presidente Rodrigo Chaves y otras figuras de la campaña electoral, es necesario que la Fiscalía secuestre el documento en el TSE mediante una orden judicial y por tratarse de una investigación contra un miembro de un Supremo Poder, la legislación establece que dicha orden deben darla los magistrados de la Sala Tercera.

Crhoy consultó a la Oficina de Prensa del Ministerio Público si se están realizando las gestiones judiciales para solicitar el secuestro del informe del TSE, sin embargo desde la Oficina de prensa del la Fiscalía se indicó que no era posible brindar información, de acuerdo a lo establecido en el artículo 295 del Código Procesal Penal.

Se volvió a consultar solo si se había hecho la diligencia para el secuestro del informe y se está a la espera de la respuesta.

¿Qué originó la investigación del TSE?

El TSE abrió esta investigación por un posible financiamiento paralelo de la campaña por medio del fideicomiso Costa Rica Próspera.

El informe preliminar que se envió a la Fiscalía en junio de 2022 contenía los hallazgos identificados hasta esa fecha por parte del DFPP del Tribunal, el cual indaga sobre el origen del dinero que financió la campaña de Chaves durante parte del 2021 y al margen de las finanzas del PPSD.

El informe advirtió de la existencia de un "esquema oscuro de financiamiento" electoral.

De acuerdo con las conclusiones del TSE, de en ese momento, hubo indicios suficientes para identificar que el PPSD recibió donaciones de personas físicas, jurídicas y extranjeras por medio de un esquema "oscuro de financiamiento", auspiciado en estructuras paralelas, figuras que son ilegales ante el Código Electoral.

Una de estas estructuras consistía en la existencia del fideicomiso "Costa Rica Próspera", creado por el presidente Chaves y el empresario Jack Loeb Casanova y administrado por Arnold André Tinoco, actual canciller de la República, y Alonso Vargas, a través de la firma de abogados ATA Trust Company (propiedad de André), por medio del cual se recibieron las donaciones para impulsar la campaña electoral de Chaves.

Entre los hallazgos, el TSE menciona además que se recibieron denuncias contra el equipo de campaña de Chaves por presunta falsificación de firmas y hasta legitimación de capitales.

También, se menciona una aparente denuncia de falsificación de firmas que habría sido interpuesta ante el TSE por un ciudadano de apellidos Vargas Rivera, quien el 21 de enero de 2022 denunció una presunta falsificación de firmas en la solicitud de inscripción del PPSD ante el Registro Electoral.

A su vez, se menciona una supuesta legitimación de capitales tras una denuncia anónima presentada ante el TSE en la que se señala al presidente Chaves, al canciller, Arnoldo André; al empresario; Jack Loeb y a otras personas como parte del manejo financiero del fideicomiso del grupo Costa Rica Próspera.

El informe también señala que el Banco de Costa Rica emitió alertas al DFPP ante el ingreso de ¢100 millones de colones por medio de cheques a la campaña del PPSD, uno de los cuales fue ordenado por un joven de 25 años, identificado como Lin Hu De Sheng, quien además fue el principal comprado de bonos serie B de dicha agrupación política.