Informe sobre acusación penal contra Chaves está listo para que Corte lo analice

La Sala Tercera de Casación Penal concluyó el estudio de la acusación penal presentada por la Fiscalía General contra el mandatario Rodrigo Chaves Robles, por el aparente delito de concusión en el caso BCIE–Bulgarelli.

Un magistrado de la Sala de Casación Penal tuvo a su cargo examinar si la causa elevada por el fiscal Carlo Díaz cumplía con todos los requisitos que exige la ley.

El informe ya fue finalizado y presentado a la Secretaría General de la Corte, lo que permite al pleno de magistrados convocar una audiencia para determinar si remite el expediente a la Asamblea Legislativa, con el fin de que esta decida sobre el levantamiento de la inmunidad del mandatario.

"El expediente consultado ya fue remitido por la Sala de Casación Penal a la Secretaría General de la Corte, con el informe solicitado, para conocimiento de Corte Plena. Ya verificamos, y el expediente ingresó a la Secretaría para el trámite correspondiente", confirmó la Corte ante la consulta de CRHoy la tarde de este jueves.

La Fiscalía General presentó la acusación contra el mandatario en el marco del expediente 25-000044-0033-PE, por presuntamente inducir al productor audiovisual Christian Bulgarelli Rojas a girar $32 000 al exasesor presidencial y amigo de Chaves, Federico Cruz Saravanja, alias "Choreco", a cambio de mantener un contrato para la elaboración de productos de comunicación para Casa Presidencial, financiado con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Los hechos se remontan al segundo semestre de 2022. Además de Chaves, la pieza acusatoria señala a Jorge Rodríguez Vives, entonces jefe de despacho del presidente, quien luego fue ministro de Comunicación y actualmente es jerarca de Cultura.

Un "magistrado informante" o "magistrado ponente" tuvo a su cargo, por turno o designación, la responsabilidad principal de analizar el caso, preparar la propuesta de resolución y exponerla a los demás magistrados para su consideración y votación. Su informe es la base sobre la cual se discutirá y decidirá la resolución final.

En causas contra miembros de los poderes de la República, la Sala Tercera es la que debe establecer si el hecho constituye delito. Eso forma parte del procedimiento formal.

Posteriormente, si se considera que existe un delito —como lo estima la Fiscalía General— se remite el caso a la Asamblea Legislativa, para que sean los diputados quienes decidan si se levanta el fuero a los acusados.

Como parte de estos procedimientos especiales —y a diferencia de los ordinarios— no le corresponde a la Fiscalía General tomar declaración a la persona imputada.

Esa responsabilidad recae en un magistrado o magistrada instructora de la Corte Suprema de Justicia.

Una vez que la acusación recibe trámite en la Sala Tercera, los magistrados conforman un tribunal de Corte Plena, donde se analiza la acusación formulada. Si esta cumple con todos los requisitos legales, se procede al siguiente paso.

Los magistrados deben remitir la acusación a la Asamblea Legislativa, donde se inicia un nuevo procedimiento para designar una comisión que emita una recomendación sobre el levantamiento o no de la inmunidad.

Posteriormente, los diputados deben realizar una votación en el Plenario para decidir si están a favor o en contra de levantar la inmunidad a Chaves y Rodríguez. Para levantar la inmunidad del mandatario se requieren 38 votos.

Una vez aprobada la eliminación del fuero —si es que se concreta— se notifica la decisión a la Corte, la cual debe nombrar un magistrado instructor encargado de llevar adelante el proceso, que incluye la indagatoria inicial y la recepción de pruebas, con el fin de determinar si corresponde celebrar un juicio contra los acusados.

En caso de que el proceso avance hasta la etapa final, los magistrados de la Sala de Casación Penal fungirían como tribunal.

Rodrigo Chaves, Christian Bulgarelli y Federico Cruz, alias Choreco.
Acusación

De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, presentada en la acusación, Chaves y Rodríguez habrían ejercido presiones para inducir a Christian Bulgarelli —empresario y productor audiovisual que obtuvo un contrato de proyectos para la Presidencia— a otorgar un beneficio patrimonial indebido, producto de dicha contratación, al coimputado Federico Cruz Saravanja, alias "Choreco", asesor de la campaña electoral, y amigo personal e íntimo del presidente.

A "Choreco" se le benefició con $32 000 para la compra de una casa. En aquel momento, el ministro Jorge Rodríguez Vives —quien fungía como jefe del despacho presidencial— luego fue ministro de Comunicación y actualmente está al frente del Ministerio de Cultura.

Bulgarelli es el testigo principal en este caso, en el que se investiga la contratación que realizó el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a la empresa del productor, para una consultoría en el desarrollo de productos de comunicación para Casa Presidencial.

La contratación se dio entre octubre de 2022 y octubre de 2023, y fue por un monto de $400 000, financiado mediante una donación de la entidad internacional.

En unos audios incorporados como prueba, se escucha a Chaves pedir "cariñitos" y otros asuntos específicos dirigidos a mejorar su imagen, que serían financiados con los fondos donados por el BCIE al país.

Además, de acuerdo con la acusación, antes del proceso de contratación, los funcionarios mantuvieron contacto y realizaron varias reuniones en Casa Presidencial, donde instruyeron a Bulgarelli para que él mismo elaborara los términos de referencia de su contrato.

Chaves figura como imputado en la causa penal 25-000019-0033-PE, donde es sospechoso de cometer el delito de concusión, y también en el expediente 25-000044-0033-PE.