Informe legislativo sobre Bonos Proteger pide a Fiscalía investigar a exministra Geannina Dinarte

(CRHoy.com).-Los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público aprobaron por mayoría un informe de investigación sobre el subsidio económico que el gobierno de Carlos Alvarado entregó en la pandemia, denominado "Bonos Proteger".

En ese informe, se pide al Ministerio Público investigar a la exministra de Trabajo Geannina Dinarte y a Juan Luis Bermúdez, exministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidente ejecutivo del IMAS, por el presunto delito de incumplimiento de deberes y facilitación culposa de substracciones establecidos por ley, en el ejercicio de su cargo.

Entre los hallazgos del informe se señala la eventual responsabilidad administrativa y política de los ex jerarcas en la mala asignación de los recursos asignados al Bono Proteger, así como una omisión y desidia en la rendición de cuentas ante el ente contralor.

"Los informes demuestran que se dieron filtraciones, errores de pago y del monto del beneficio; personas que calificaban para recibirlo y no lo obtuvieron y otras que dejaron de percibirlo sin justificación, así como aquellas que no aplicaban para recibirlo y aun así se les depositó", afirmó.

Los diputados concluyeron que existió negligencia institucional y lentitud conveniente del Poder Ejecutivo, que restringió el acceso a la información relacionada con el proceso.

Concuerdan que hubo un riesgo en el mal uso de los recursos en cuanto al control y fiscalización idóneos.

"Hubo deficiencias en el manejo de la información de los beneficiarios, lo que desencadenó una incorrecta asignación y distribución de los recursos correspondientes para el Bono Proteger", indican las conclusiones.

Los diputados se apoyan en varios informes de la Contraloría General de la República que dan cuenta de la entrega de bonos a pensionados, privados de libertad y hasta personas fallecidas.

Además, se hicieron depósitos por montos superiores, específicamente en el caso de las personas que tenían jornada reducida y aún así recibieron el bono completo (¢125.000).

La contralora Marta Acosta reiteró en audiencia con la comisión, que hubo posibles filtraciones importantes que oscilan entre los ¢11.000 millones y ¢15.000 millones y para ello se le dispuso a la Administración la revisión de las listas remitidas para determinar si, efectivamente, sucedió de esta forma o no.

El manejo de los fondos del Bono Proteger fue inadecuado y por esa razón es claro que más personas pudieron haberse beneficiado con ese instrumento. Es decir, mucha gente que requería de la asistencia quedó fuera por la ineficiencia de la Administración, señala el documento.

Entre los factores asociados a la inadecuada distribución de los fondos, se encuentran variables importantes en el diseño de priorización y factores de inclusión social, disminuyendo las posibilidades de obtener el bono.

La entonces ministra Geannina Dinarte insistió en que el informe de la Contraloría tiene distorsiones, pero según los diputados sus argumentos no explican por qué hay tantas diferencias entre los datos del ente contralor y los del gobierno.

"Para ella, la información se validó en treinta y tres millones de trámites que se hicieron virtualmente, a través de la consulta a las bases de datos. La contralora asevera que no están de acuerdo con los cuestionamientos hacia las metodologías utilizadas, ya que el informe emitido por el ente contralor se sostiene técnicamente. Además, señala que los criterios e indicadores fueron conversados y discutidos con la Administración, de la cual no hubo objeciones", enfatiza el informe.

Cabe señalar que en febrero del 2022, la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción pidió desestimar las supuestas irregularidades en la entrega del bono proteger, al no encontrar pruebas suficientes en la investigación.

El Juzgado Penal de Hacienda acogió la recomendación y archivó el caso.

Ahora el informe deberá ser conocido por el plenario para que sea aprobado y ser enviado al Ministerio Público.

La diputada del Frente Amplio (FA), Sofía Guillén, votó en contra del informe, alegando que algunas de las conclusiones no se derivan de la investigación. 

También dijo que algunas recomendaciones no sabe de dónde proceden.