Informe advierte riesgos de ampliar contrato con Aeris para honrar “desequilibrio financiero”

(CRHoy.com). Los gobiernos de Carlos Alvarado (2018-2022) y Rodrigo Chaves (2022-2026) han apostado por extender por 10 años más el contrato con la empresa Aeris Holdings para administrar el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS), como principal forma de reconocer el desequilibrio financiero que sufrió la compañía tras la reducción de pasajeros provocada por la pandemia del COVID-19.

El 18 de octubre, Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes, estimó en $130 millones el monto reclamado por la empresa, amparada en cláusulas contractuales dentro del acuerdo vigente con el Estado desde 2001.

El contrato con Aeris Holdings vencerá en 2026 tras 25 años en curso y, según Amador, la intención es acordar una adenda contractual para ampliar el vínculo hasta 2036 como alternativa para pagar el "desequilibrio financiero".

La intención también fue acuerpada al cierre de la Administración Alvarado Quesada (2018-2022). Incluso, en febrero de 2022, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) anunció que el Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac) y Aeris Holdings ya habían acordado la ampliación del nexo por 10 años en este mismo contexto.

Pese a esto, Eduardo Chamberlain Gallegos, exsecretario técnico del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) entre el 30 de mayo de 2022 y el 30 de setiembre de 2022, advirtió sobre los riesgos de ampliar por una década más el contrato con la empresa.

Para él, existen otras alternativas para solucionar el desequilibrio financiero reclamado y alertó sobre las consecuencias de modificar el contrato a extremos "que puedan traer consecuencias para el futuro aeroportuario del país".

Bajo su óptica, lo prudente es promover una concesión nueva que asuma la administración de la terminal a partir de 2026.

Chamberlain detalló que el contrato vigente cuenta con múltiples variables para reestablecer el equilibrio financiero. Una de ellas es el plazo, pero esta alternativa es la "más comprometida".

"La vigencia del contrato ya está en su límite máximo de 25 años, luego de que en el pasado se hizo una modificación que extendió de 20 a 25 años su duración. Hay pocas cláusulas contractuales tan claras como la 25.3 en que indica que, aún como efecto de un evento de fuerza mayor (como la pandemia), "el plazo de este contrato no podrá ser nunca superior a los 25 años". Por lo que, ahí mismo, debería descartarse cualquier fórmula de equilibrio que implique extensión de tiempo, y nos parece que este será el primer elemento que señalará la Contraloría General de la República (CGR) cuando analice la adenda propuesta", explicó el exsecretario técnico, en el informe final de gestión entregado a inicios de octubre.

Incluso, hay otro factor que se debe tomar en cuenta: si se decide ampliar el contrato: entre 2026 y 2036, el país estará limitado en la creación de un nuevo aeropuerto internacional, pues la cláusula 18.2 del acuerdo vigente abre la posibilidad para que la compañía alegue un desequilibrio financiero por la entrada en operación de una nueva terminal.

"Es decir, si se extiende, como se pretende, el contrato de gestión hasta el 2036, en los próximos 14 años no podrían desarrollarse estos proyectos, (el de Liberia ya existía, por lo que aquí no aplicó esta cláusula). De ahí que el equilibrio económico debería procurarse a través de mayores ingresos para el gestor (Aeris)", describió Chamberlain, en el documento.

¿Qué se debe hacer entonces? El exfuncionario explicó que en el desequilibrio financiero debe ser estudiado a profundidad el riesgo comercial del gestor. El contrato apunta a que, si se produce una reducción en el volumen de pasajeros, en la carga transportada y en las operaciones aeronáuticas, igual o superior al 15%, en un período mayor a los 12 meses, aplica la revisión de las condiciones financieras.

Pero, los 3 factores deben darse simultáneamente y, cuando se establezca el monto del desequilibrio, deberá restarse el 15% que es el riesgo comercial del gestor.

"Hay otra cláusula contractual cuya redacción es muy similar a la del equilibrio, y que es la que trata sobre la revisión excepcional de los precios topes, cuyas causas son básicamente las mismas. Ya para finales del 2022 se habrán alcanzado los niveles de tráfico pre-pandemia, lo que representa un plazo menor de recuperación que el originalmente estimado", enfatizó Chamberlain.

El exfuncionario sugiere revisar el porcentaje de distribución de ingresos. Actualmente, un 65% va para el gestor y un 35% para la Administración (Cetac y Dirección General de Aviación Civil). Una alternativa sería reducir el porcentaje de ingresos que va a las arcas estatales para amortizar el desequilibrio.

Esta opción se puede combinar con otras, como el impacto en el impuesto de salida. Se podría incrementar a través de un cargo de recuperación de COVID-19. Aeris propuso incrementarlo en $1.60 por pasajero entrante y saliente, pero el exsecretario técnico considera que ese monto podría ser 3, 4 o 5 veces mayor.

Bajo su óptica, ningún pasajero que piense venir a Costa Rica va a dejar de hacerlo porque el precio del tiquete cueste $6 o $10 más. Ese monto, según apunta, puede ayudar significativamente a compensar ese equilibrio financiero.

Además, según Chamberlain, se podría redirigir una parte del impuesto de salida que se dirige al Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Esta alternativa se puso sobre la mesa en 2019 para financiar la ampliación de la pista y atraer vuelos de Asia, África o el Pacífico.

"Si se toma una parte de este aporte para ayudar a pagar el desequilibrio, el contrato terminará en el 2026 y al nuevo concesionario (ya no un contrato a través de la figura de gestión interesada, sino una verdadera concesión), podría solicitársele en su plan de inversión la construcción de la extensión de la pista que tanto interesa al sector turismo", subraya el informe, que también urge la revisión del plan maestro del inmueble.

Chamberlain urgió volver a licitar el AIJS para que en 2026 sea convertido en una "verdadera concesión" y que dentro de esa nueva licitación se incluya, al menos, un aeropuerto regional, en paquete con el principal.

Según Aeris, a agosto de 2022 se reportó un tráfico total de 406.226 pasajeros entrantes y salientes. Es decir, una recuperación de un 95% con respecto al mismo mes del 2019 (pre-pandemia).

En los primeros 8 meses del año se contó con un promedio mensual de 396.373 pasajeros entrantes y salientes. Mientras, en todo el 2021 el promedio mensual fue de 238.515.

El AIJS gestiona cerca del 80% del tráfico de pasajeros del país.