Infocom: Plazo propuesto por Micitt sobre concesiones de radiodifusión es imposible

La Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) se manifestó acerca de la propuesta gubernamental de reformar parcialmente el Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, Decreto Ejecutivo N° 34765-MINAET.

El gremio resaltó el hecho que se haya realizado un procedimiento de consulta pública sobre las reformas como las planteadas, que impactan directamente a la industria y subsectores que representan, sean puestas a consideración de los administrados, mediante esta clase de procesos de consulta participativos, que recaban los criterios técnicos y legales de los interesados.

Además, afirman que de acuerdo con los expertos consultados por Infocom coinciden en que el plazo propuesto por el Micitt, de un año de prórroga, con la posible intención de valorar hacer una licitación pública dentro de este plazo, es materialmente imposible para iniciar y resolver una licitación, pues este procedimiento contiene etapas regladas y plazos respectivos, los cuales son de ineludible cumplimiento.

Indican que se habla de más de un centenar de concesiones que deberían tramitarse, por lo que advierten que el plazo por el que se pretende prorrogar, según el borrador puesto en consulta, debería analizarse bajo los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

"En general, sobre el proyecto de Decreto Ejecutivo, respetuosamente, consideramos que el Micitt debe tomar en cuenta importantes aspectos jurídicos que han sido reiterados por los concesionarios en sus posiciones presentadas anteriormente ante esta autoridad.

Consideramos pertinente analizar la propuesta a la luz de los puntos que detallamos en este documento, para garantizar un debido proceso y brindar mayor seguridad jurídica y técnica en la resolución de este tema", señala en el documento CIT-0010-2024 enviado a la Dirección de Concesiones y Normas en Telecomunicaciones del Viceministerio de Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).

La Cámara indicó que sus asociados, concesionarios de radiodifusión sonora y televisiva, han solicitado un procedimiento claro y transparente para la renovación de las concesiones, abogando porque cada contrato de concesión suscrito entre el Estado y los particulares sea analizado en su condición legal particular, que no puede desconocerse, y por ello resulta esencial que cada uno obtenga del Poder Ejecutivo una resolución en la que se resuelva en definitiva la prórroga a la que tienen derecho.

La entidad resalta que la resolución en definitiva de la prórroga respectiva brindará la seguridad jurídica necesaria, para garantizar la libertad de expresión garantizada por la Constitución Política y por el Pacto de San José; además de garantizar la preparación ante los cambios tecnológicos que se afrontan en el sector.

"Sugerimos que el Micitt contemple los siguientes instrumentos del marco legal vigente, para conceder las prórrogas de las concesiones de radio y televisión, y al realizar el análisis de la viabilidad jurídica de este borrador de Decreto: a) El Contrato de Concesión; b) El Artículo 25 de la Ley No. 1754 (Ley de Radio); c) La Jurisprudencia Constitucional de aplicación erga omnes (sea la Sentencia No. 2006-02997, de las 14:48 horas del 08 de marzo del 2006; y la Sentencia No. 2008-004569); y d) Es recomendable analizar lo dispuesto en el Dictamen de la Procuraduría C-110-2016 de 10 de mayo del 2016, el cual ha sido tomado como referencia para establecer el plazo máximo de las concesiones para radio y televisión.

Nos parece relevante que se observe que, mediante la propuesta de decreto, se está tratando de prorrogar las concesiones sin resolver aún el fondo de la cuestión, que está circunscrita a la revisión individualizada de las solicitudes de prórroga que fueron presentadas hace más de 18 meses por parte de los concesionarios. Mediante un acto de aplicación general, como lo sería este eventual decreto, se estaría tratando de resolver un tema que debe ser abordando en cada caso, individualmente, dentro del proceso de solicitud de prórroga de las concesiones de espectro radioeléctrico, iniciadas por los interesados desde diciembre del 2022", manifestaron en su respuesta, firmada por Ana Lucía Ramírez, directora ejecutiva de la Cámara.

Estando hoy el Consejo Directivo de la Sutel debidamente conformado, corresponde que éste remita las recomendaciones relacionadas con las solicitudes de prórroga que fueron presentadas desde el 2022 por los concesionarios, y que según corresponda en derecho, el Poder Ejecutivo se aproxime a resolverlas. Infocom

Vicios administrativos

En sus señalamientos, también sugieren hacer el análisis indicado, para que la propuesta de Decreto Ejecutivo no derive en un vicio en el acto administrativo.

"Se considera que el establecimiento de un transitorio para la ampliación del plazo de las concesiones, sin que se resuelva cada acto concreto, deviene en un vicio de procedimiento y causa indefensión a los concesionarios que de buena fe acudieron al proceso reglado de solicitar la prórroga de sus concesiones.

Como manifestamos en el punto anterior, el pretender resolver la materia en cuestión mediante un acto general, vulnera el derecho de defensa que tendrían los administrados si se resuelve su situación individualmente; específicamente considerando la posibilidad que tendrían de impugnar en sede administrativa los actos que se considere que transgreden sus derechos", indicaron en el texto.

De igual manera, sugieren analizar el borrador de decreto, bajo el principio de legalidad, contenido en el Artículo 11, de la Ley General de Administración Pública y de la Constitución Política. Con relación a la obligación contenida en el Artículo 39, inciso d), de la Ley No. 8660, que establece que el Poder Ejecutivo, para resolver lo concerniente a la prórroga de los títulos habilitantes, debe contar con el criterio de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), del cual podrá separarse solamente justificando las razones de orden público o interés nacional que lo sustenten.

Dicho criterio ha sido reiterado al Micitt por la Procuraduría General de la República (PGR) y por la Contraloría General de la República (CGR).

Finalmente hicieron la observación para analizar la inclusión del Cafta en la justificación del decreto, ya que este tratado, ni en su Capítulo 13, ni en su anexo respectivo, incluye los temas de radiodifusión.

"El argumento de que el decreto y la necesidad de la reforma normativa se deriva de este Tratado, no sería procedente", concluyeron en sus argumentos, a la vez que instan al Micitt a que pueda tomar en cuenta las observaciones planteadas.