Inestabilidad financiera acompañó a mitad de empresas incluidas en plan al FMI

(CRHoy.com) Uno de los planes propuestos por el gobierno para el acuerdo ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) establece la posibilidad de varias empresas del Estado aporten hasta un 30% de sus utilidades para ayudar a reducir el problema fiscal del país.

La lista está compuesta por 14 entidades, que van desde los bancos hasta entidades prestatarias de servicios públicos como Acueductos y Alcantarillados y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL). Sin embargo, no todas han mostrado una estabilidad constante en sus utilidades, al menos en los últimos años.

CRHoy hizo un análisis de todos los estados financieros disponibles en los apartados de transparencia de cada uno de los sitios web de las entidades. Se obtuvo información de 13 de ellas, a excepción de Radiográfica Costarricense (Racsa) que no tiene datos desagregados por cuenta propia sino que en un enlace redirige a los estados financieros consolidados de todo el Grupo ICE.

Ninguna de las entidades ha subido todavía los estados financieros correspondientes a 2020. La información existente de ese año es parcial, por lo que solo se compararon periodos con cierre a diciembre de los años previos a la pandemia.

De los 13 disponibles (Grupo ICE incluyendo todas sus subsidiarias, entre ellas Racsa y CNFL) siete han presentado al menos un periodo con pérdidas netas entre 2017 y 2019.

Precisamente fue el ICE el que atravesó mayores apuros financieros, alcanzando en 2018 un déficit de más de ₡256 mil millones y coronando con ello un quinquenio completo de más pérdidas que utilidades. en 2019 la situación volvió a números positivos.

Del análisis se desprende que el AyA, Japdeva, la CNFL (que sí publicó estados financieros separados al del grupo ICE) e Incofer cerraron los tres años con pérdidas netas, la Editorial Costa Rica lo hizo en dos años y Recope en un año.

CRHoy procuró una opinión de Japdeva y del AyA que son dos de las instituciones que mas han enfrentado cuestionamientos por su gestión, para conocer su criterio en torno a la propuesta de tomar parte de sus recursos; pero al momento de publicación de este artículo no habían respondido.

Situaciones como las de Japdeva son incluso mucho más complicadas. La entidad ha tenido que enfrentar el último año desde el congelamiento de sus cuentas por orden judicial hasta por la solicitud de créditos o presupuestos extraordinarios para poder financiar sus operaciones y evitar con ello un cierre técnico.

A pesar de su situación y de que algunos sectores políticos recomiendan que se debe cerrar, el gobierno parece seguir manteniendo las operaciones de esta entidad pese a su condición de deficitaria.

En la otra cara de la moneda se encuentran las restantes entidades cuya situación financiera ha sido más estable.

Existe por un lado un claro grupo de instituciones del sector financiero que reportan las mayores rentabilidades, compuesto por el Instituto Nacional de Seguros (INS), y los bancos de Costa Rica (BCR) y Nacional.

El otro grupo, compuesto por la Junta de Protección Social (JPS), el Instituto Costarricense de Puertos (Incop) y Correos de Costa Rica, reflejan utilidades más modestas en comparación a las primeras, pero estables al fin.

Algunas de estas entidades por normativa legal ya deben entregar parte de sus utilidades al gobierno central, como por ejemplo el INS que anualmente hace un traslado. Otras como la JPS realiza aportes en materia social. 

Consultadas algunas de estas entidades de primera entrada mostraron algunas reservas sobre todo porque ya existen aportes y porque en el caso de los bancos – por ejemplo- la ley las obliga a mantener cierto nivel de holgura en sus arcas.

"Debe tenerse claro en primer lugar, que ya contribuimos con el pago del impuesto de renta del 30%, así como con una serie de cargas parafiscales (régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, Conape, Infocoop y Comisión de Emergencias) que representan cerca de otro 30% adicional. Es decir, ya hoy, más de un 60% de las utilidades son trasladadas al Gobierno Central o a entidades con fines específicos. En segundo lugar, por disposiciones normativas vigentes, los bancos, tanto públicos como privados, debemos tener cierto nivel de patrimonio para poder colocar recursos en crédito, de tal modo que otorgar más recursos de las utilidades representaría una limitante para el crecimiento de dicho crédito; cada colón adicional de utilidad que debamos trasladar al Gobierno Central, conllevará que se deja de prestar al menos 10 colones", indicó el Banco Nacional a través de su Dirección de Relaciones Institucionales.

En el Banco de Costa Rica, también se mostraron cautelosos y señalaron que deben analizar las implicaciones.

"Entendemos que el Gobierno se encuentra en la búsqueda de soluciones que le  permitan al país encontrar una solución al problema del déficit fiscal, sin embargo, en el BCR realizamos un análisis financiero sobre las implicaciones que una medida de este tipo tendría para la entidad, sus clientes y para el país en general. En cuanto tengamos todos los elementos objetivos de este tema nos estaremos refiriendo y fijando una posición al respecto", indicó el BCR a través de su oficina de comunicación.

El proyecto planteado como parte del acuerdo del FMI pretende estar vigente por un periodo de cuatro años. La idea es recaudar al menos un 0,20% del PIB, lo que equivale en la actualidad a unos ₡70 mil millones.