Industriales: País cobra menos por electricidad que exporta

(CRHoy.com).- En medio de la crisis económica actual, las empresas del sector industrial tienen un reclamo para el Gobierno: Costa Rica cobra más barato por la electricidad que exporta, que por aquella que le vende a sus empresas para la producción.

Desde el 1 de julio pasado entraron en vigencia las nuevas tarifas eléctricas TMT-b, o media tensión (de 1.000 a 34.500 voltios). La tarifa por energía por cada kWh para el sector es de $0,19 centavos en el periodo punta y de $5,64 por potencia por kWh en el periodo punta, una pesada carga para un sector industrial que resiente el freno en sus ventas desde hace varios meses debido a múltiples factores, estado que vino a agravar la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.

En tanto que al finalizar el 2019 el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), anunció que el año pasado vendió en el Mercado Eléctrico Regional (MER) $16,70 millones por la exportación de 321.52 gigavatios hora (GWh), la cifra más alta de los últimos cinco años.

Las exportaciones de energía eléctrica costarricenses son posibles debido a que sobra capacidad instalada de producción de energía. Ese excedente hace que el precio de la electricidad se exporte a precios muy bajos.

Sin embargo, el sobrante de electricidad no se puede vender o utilizar para fomentar la industria y otras actividades generadoras de empleo debido a que el marco legal costarricense implica una traba para que los generadores negocien directamente con los clientes.

El efecto de los costos más elevados de la electricidad, según la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), es que está latente la posibilidad de que más empresas cierren o trasladen sus operaciones a otros países para reducir sus costos, si las tarifas eléctricas siguen en aumento en el país.

La queja del sector revive en momentos en que el Gobierno anuncia que su Consejo Económico analiza alternativas para reducir el costo de la energía para las empresas con el objetivo de reducir sus costos de operación para así intentar reactivar la economía. El anuncio lo comunicó la semana pasada a CRHoy.com el Ministerio de Planificación, sin detalles de qué acciones se echarían a andar.

Decisiones urgentes

Aunque celebró que el actual Gobierno haya reactivado la tarifa TMT-b, Carlos Montenegro, director ejecutivo de la CICR, afirmó que no es suficiente esa acción para incentivar al sector industrial a invertir más en el país, por lo que el sector espera más contundencia.

"Todavía esperamos resultados más contundentes y ambiciosos ya que además de haber espacio para contar con tarifas más bajas, inclusive sería la mejor opción para el Estado y para las distribuidoras eléctricas. Esto porque si las tarifas eléctricas siguen en aumento, más empresas podrían cerrar o trasladar sus operaciones a otros países para la reducción de costos, aspecto que perjudicaría directamente los ingresos fiscales y de las distribuidoras, lo cual sería aún más grave en el contexto actual de emergencia nacional, por lo que definitivamente esperaríamos avances más contundentes en esta área", recalcó

Además de la continuidad de la tarifa TMT-b, Montenegro enumeró otros aspectos que los industriales aguardan para tomar decisiones en materia de inversiones:

• Tarifas más bajas para combustibles industriales.
• Permitir una mayor negociación directa entre los distribuidores eléctricos y los consumidores.
• Brindar acceso a más empresas a las tarifas de alta tensión.
• Habilitar la participación de grandes consumidores en el Mercado Eléctrico Regional.

Entonces, ¿por dónde debería encaminarse la propuesta del Gobierno para ayudar al sector industrial y empresarial?

Carlos Montenegro resume la expectativa a la implementación de acciones que permitan alcanzar la meta de que el Sistema Eléctrico Nacional ofrezca tarifas que sean competitivas internacionalmente y que, de acuerdo a esas tarifas, se hagan los ajustes necesarios en su estructura de costos.

El vocero de la CICR dijo desconocer por dónde iría el planteamiento que preparara el Consejo Económico del Gobierno.

Sin embargo, anticipó que el sector esperaría que las medidas tengan relación con los fideicomisos del ICE que ya vencieron y con los que están próximos a vencer, los cuales generan cargas importantes en las tarifas.

"Sabemos que es urgente que el ICE adopte normas NIFF (Normas Internacionales de Información Financiera) para su control contable financieros y es vital que renegocien su enorme deuda. Consideramos que hay mucho espacio para la reducción de las tarifas. Por ejemplo, existe un gran exceso de capacidad en el Sistema Eléctrico Nacional que no se refleja en las tarifas actuales, lo cual sugiere que ese exceso podría ofrecerse  al industrial costarricense a un costo menor", apuntó.

La CICR recordó que ha sido proactiva al señalarle a las autoridades la ruta necesaria para aliviar la carga que implica para el industrial el costo de la energía eléctrica. Según la Encuesta Anual de Factores de Competitividad que realiza la Cámara, el costo de la electricidad aparece siempre dentro de los principales tres factores que inciden negativamente en la competitividad del sector manufacturero.

Regulación afecta la Inversión Extranjera Directa

La Coalición de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) también ha lanzado advertencias sobre las consecuencias que puede enfrentar el país en materia de Inversión Extranjera Directa (IED) si se mantienen las tarifas eléctricas sin variantes.

En el 2018, su director general, Jorge Sequeira Picado, afirmó, con base en datos de un estudio que realizó la Comisión Económica para América Latina (Cepal) que los precios de la energía que se cobran en el país son los más altos de la región centroamericana, lo cual implica "un dolor de cabeza" para CINDE, cuya misión es atraer al país a inversionistas y empresas multinacionales. 

Hoy Sequeira afirma que la situación se mantiene igual en cuanto a la falta de incentivos para inversionistas extranjeros vengan al país a instalar plantas generadoras.

De hecho, el director afirmó que las mismas empresas interesadas en el tema saben que en este momento Costa Rica no es una opción real para desarrollar este tipo de proyectos.

CINDE no promueve proactivamente al sector generador de electricidad por las restricciones de ley que existen. Esa limitante le impide a la Coalición contar con cifras oficiales sobre los montos de inversión que el país ha dejado de percibir.

Sin embargo, no todo es malo a estas alturas para Sequeira. El ejecutivo de CINDE considera que la diferencia ahora es que hay mayor conciencia en el país sobre la importancia de mejorar la regulación para la generación distribuida. 

Según él, una muestra de que las cosas van cambiando poco a poco es que el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) tuvo la suficiente apertura para actualizar las regulaciones a través de un proyecto de reforma al Reglamento de Generación Distribuida. 

Sequeira consideró "vital" que ese reglamento nuevo se apruebe pronto. En la actualidad el texto está en proceso de análisis de recomendaciones y observaciones, después de haber superado la etapa de consulta pública.

"Además, desde CINDE consideramos muy positivos dos proyectos de ley que buscan fortalecer tanto las finanzas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), así como, la posición y normativa del país frente a fuentes renovables para la generación de energía. La aprobación de ambos proyectos, que actualmente están en comisión (en la Asamblea Legislativa), es primordial para movernos en la dirección correcta y promover la inversión en este campo, permitiendo bajar las tarifas y generar empleo con inversión nacional y extranjera", agregó.

 Las propuestas de ley a las que hizo referencia Sequeira son el expediente 21.670, Ley para el rescate de las finanzas del Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas, y el expediente 22009, Ley para la promoción y regulación de recursos energéticos distribuidos a partir de fuentes renovables.

"Ambos proyectos representarían importantes mejoras en el sector eléctrico, tanto en la generación como en la tarifa, permitiendo a Costa Rica mejorar sus niveles de competitividad en este sector y la posibilidad de atraer nuevos proyectos de inversión en energía limpias, generando inversión, empleo y desarrollo económico en las zonas rurales del país que tanto lo necesitan, como en la provincia de Guanacaste y otras zonas costeras del país. Los potenciales inversionistas que hemos recibido en el pasado (en acercamientos exploratorios) han mostrado interés en instalarse en estas zonas", comentó.

El Gobierno mantiene el discurso de que el país tiene múltiples características positivas para convertirse en un atractivo destino para la IED ante la caída de diversas economías debido a los efectos de la pandemia del COVID-19.

Peligroso antecedente

La realidad parece oponerse a esa visión estatal pues hay antecedentes frescos de que es factible que empresas del sector industrial migren hacia otros países que les ofrezcan mejores condiciones para producir.

En octubre del año pasado la empresa Grupo Vidriero Centroamericano (Vicesa) despidió a 254 trabajadores debido a que trasladó parte de su producción a Guatemala. La empresa no ocultó las razones de la reducción de su actividad en Costa Rica.

Por ejemplo, citó que en Guatemala la electricidad para el sector industrial es un 46,6% más barata que en Costa Rica, mientras que el búnker, que es un combustible que se usa para generar electricidad, cuesta un 17,1% menos que acá.

Para los industriales no hay más tiempo para que el Gobierno siga analizando alternativas, pues tienen muchos años de solicitar medidas concretas que abaraten el costo de la electricidad.