INCOP pagará más de $1 millón a ente internacional para hacer licitación de Caldera
Corporación Financiera Internacional promete hacer todo en 43 meses
(CRHoy.com).- La Corporación Financiera Internacional (CFI), institución que pertenece al Banco Mundial, será la encargada de todo el proceso de la licitación internacional con la que el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) pretende concesionar, nuevamente, el Puerto de Caldera, ante los fuertes señalamientos de la Contraloría General de la República (CGR) como el rezago de infraestructura que sufre dicha terminal portuaria.
La contratación directa promovida por el INCOP busca la contratación de servicios profesionales para la realización de todos los estudios previos (estudios de pre y factibilidad técnica, legal, ambiental, financiera y económica social del proyecto de modernización de infraestructura y maquinaria de Puerto Caldera), asesoría y acompañamiento en el proceso de licitación pública internacional hasta la adjudicación para la nueva concesión. El monto que pagará dicha institución por este trabajo será de $1.060.000.
La CGR hizo fuertes señalamientos al INCOP en el informe de "Auditoría de carácter especial sobre el cumplimiento del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico en el control de las concesiones de Puerto Caldera" y que fue publicado el 26 de noviembre del 2021. Los mismos fueron reiterados, a finales de octubre pasado, por la Contralora, Marta Acosta, en la Comisión de Puntarenas en la Asamblea Legislativa.
El 20 de junio pasado, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció que procuran extender por 5 años el contrato con la concesionaria, Sociedad Portuaria del Caldera (SPC) y Sociedad Portuaria de Caldera (SPGC), en la que la familia de su amigo y financista de campaña Calixto Chaves tiene participación. Dicha compañía es la operadora de la terminal desde el 2006 y tiene contrato vigente hasta agosto del 2026. La ampliación extendería el plazo hasta el 2031.
Calixto Chaves, consejero, amigo cercano y exdirector de la campaña de Chaves, figuró como fiscal y accionista de la SPC, bajo la sociedad anónima Logística de Granos S.A., la cual posee el 19% tanto de la SPC como de la SPGC. Ahora, esta quedó en manos de la familia del empresario. También figura en el informe enviado por el Tribunal Supremo de Elecciones al Ministerio Público, ante las presuntas anomalías en el financiamiento de la campaña de Chaves Robles.
El concurso ingresó al Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) el 3 de noviembre del 2022 y la adjudicación se dio el 9 de noviembre del 2022. La misma fue firmada por el Gerente General del INCOP, Alberto Morales Argüello.
En el análisis técnico de la oferta de la CFI, realizado por Viviana Moscoso Porras, subgerente del INCOP y quien fungió como Jefa de la Unidad Técnica de Supervisión y Control de las concesiones en Caldera, indicó que la CFI cuenta con una amplia experiencia y conocimiento en el desarrollo de infraestructura mediante la asociación público privada, a la cual se le atribuyen, al menos, 135 proyectos calificados como exitosos.
"En su oferta el CFI nos propone una asesoría integral con personal propio experimentado que ejecuta la transacción, estándares de integridad del Banco Mundial en todas las etapas de la asesoría, objetividad y transparencia del Banco Mundial reconocida por los inversionistas, aplicación de mejores prácticas internacionales al estructurar los proyectos, introducción de temas de vanguardia en las transacciones (cambio climático; estándares), parámetro mundial de mejores prácticas en materia socioambiental, la maximización de los recursos entre otros", indicó Moscoso
Como ejemplos de proyectos similares desarrollados por la CFI mencionó:
- Puerto de Saupe en Brasil en el año 2001 con una inversión de $59 millones.
- Puerto de Tomasina en Madagascar, en el año 2005 con una inversión de $197.3 millones
- Puerto de Olvia en Ucrania, en el 2020, con una inversión de $125 millones.
En el cronograma presentado por la CFI y analizado por Moscoso, se llega a la conclusión que, con todas las etapas y fases de la asesoría, tiene proyectado una duración de 43 meses, por lo que iniciando su ejecución en el 2023 se estaría terminando en julio del 2026. En ese año, precisamente, las concesiones vencen.
En un documento enviado por la Junta Directiva del INCOP al Gerente General, Alberto Morales, con fecha 2 de noviembre del 2022, dicho órgano colegiado acordó la contratación de la CFI.
En el mismo documento se establece que ya el 19 de octubre del 2022 había recibido, la Junta Directiva, la actualización de la propuesta de la CFI, y que mediante oficio CR-INCOP-GG-2022-976 del 28 de octubre del 2022 les enviaron los informes técnicos, legales y financieros, dándole el aval a la contratación.
El rezago de la inversión en mantenimiento en el Puerto de Caldera, tanto en la Terminal Multipropósito como en la Granelera, bajo la concesión de la SPC y SPGC, asciende a más de $2.3 millones lo que afecta el servicio, según la auditoría de la Contraloría. La cifra del ente contralor podría ser mucho más alta, ya que los $2.3 millones se establecieron en el 2019.
CRHoy.com tuvo acceso a las cifras de las ganancias de la SPC y SPGC del 2014 al 2016, porque viene consignadas en el Plan Maestro Portuario del Litoral Pacífico, presentado por el consorcio Arcadis y Camacho y Mora, en enero del 2020, al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). La SPC ganó del 2014 al 2016 un total de $98.461.692, mientas que la SPGC obtuvo ingresos por $39.933.973, en ese mismo periodo.
Pese a que el INCOP emitió una orden para que la SPC realice una serie de obras para poder normalizar la operación de dicha terminal y además debe aumentar el monto que paga por el mantenimiento anual, la misma fue apelada por la empresa, aduciendo que existe también una violación al principio de confianza legítima, ya que en el caso de sus representadas (SPG y SPGC) cuentan con contratos "de concesión debidamente suscritos y refrendados por la misma Controlaría General de la República desde hace más de quince años, en donde se establecen derechos y obligaciones, que están pretendiendo ser desconocidos por medio de documentos notificados, al amparo de un procedimiento administrativo donde no fuimos parte, como se indicó".