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Imputados en “Madre Patria” temían investigación: “Todos somos unas ratas”

Empresario autobusero usó términos como "ladrones", "delincuentes" y "ratas" en llamada

Por Pablo Rojas | 2 de Jul. 2024 | 12:24 pm

Caso Madre Patria dejó al menos 35 personas detenidas. Fotos: OIJ.

Meses antes de las detenciones y los allanamientos realizados en el marco del caso "Madre Patria", las intervenciones telefónicas realizadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) revelaron que algunos de los imputados en la causa penal sabían que estaban en el ojo de las autoridades y discutieron estrategias para evadir posibles responsabilidades.

La presunta agrupación delictiva, aparentemente liderada por 2 españoles de apellidos León y Gómez, habría cometido millonarios fraudes registrales al apropiarse indebidamente de propiedades de extranjeros o adultos mayores. Para ese fin, se habrían apoyado en un grupo de abogados notarios que se encargaban de concretar los trámites fraudulentos para dejarse los terrenos.

Con las jugosas ganancias, la organización se habría dedicado a legitimar capitales a través de actividades comerciales (outlets), compra de criptomonedas, adquisición de vehículos de lujo, hipotecas y propiedades.

Una de las llamadas que evidenció el temor de los imputados ante el cerco de las autoridades sucedió el 11 de enero de 2024 a las 10:44 a.m. entre el imputado Herrera (empresario autobusero y presunto testaferro) y un abogado notario de apellido Loaiza.

En la conversación, ambos sujetos hicieron referencia a las actitudes que tomó el español de apellido Gómez. Al parecer, el extranjero habría tomado la decisión de dejar de pagar la representación de una de las abogadas imputadas, de apellidos González Pinto.

En la llamada quedó patente que los imputados sabían de varias causas abiertas por presuntos delitos de fraudes.

Herrera en la comunicación utilizó palabras como "delincuentes", "ladrones" y "ratas" para referirse a la supuesta agrupación delictiva.

"Le voy a decir mi parte lo que yo pienso y usted me dirá a mí si se puede o no. En este momento Gómez anda haciendo mucho loco. Está bloqueado. Todo. No se sienta a ver el problema que tenemos y yo le digo a él que lo bueno sería reunirnos con usted, con González Pinto, Chaves Arias (abogado notario) y todo ese grupo de delincuentes para ver esto cómo lo solucionamos. Tal vez, entre todos podamos buscar una salida, porque aquí lo que va a pasar es que ahora sí. Todas las ratas se van a dividir y usted va a comenzar a atacar a Gómez, Gómez a usted, González a usted", señaló Herrera a Loaiza, según la intervención telefónica, contenida en el expediente penal del caso.

El abogado Loaiza intentó desligarse de los posibles hechos delictivos, pero fue refutado por el empresario Herrera.

"Loaiza lo interrumpe (a Herrera) y le dice: Yo no, porque yo no tengo nada que ver. Herrera le indica: Suave, suave, no se ponga a gritar porque aquí el más delincuente es usted, vea espérese. Loaiza le reitera: Bueno, pero yo no tengo nada que ver ahí, yo no estoy de imputado. Herrera le dice: Suave, no es que esté de imputado, ni yo tampoco tengo nada que ver. Lo único, lo único que yo busco es reunir todo el foco de ladrones que hay y decir: ok, vamos a trabajar así, porque que pasa, la Fiscalía despedaza todo este grupito y comienzan a decir una cosa, otra y la Fiscalía comienza a atar clavos y después todos chupan", acota la intervención.

Caso Madre Patria es el segundo más grande en la historia del OIJ y el primero en ser tramitado como crimen organizado, sin ser de narcotráfico. Imagen: OIJ

Herrera le insistió a Loaiza que "aunque usted diga que no tiene nada que ver, pues está embarrado también, todos estamos embarrados, todos". Incluso, la discusión entre ambos continuó dando a entender la existencia de un grupo criminal.

"Herrera le señala: Todos tenemos que ver, porque todos somos unas ratas.  Loaiza le contesta:  que no, porque yo esas propiedades ni sabía que existían, ni sé cuál es el origen, ni quien se las trajo, fueron puras brasas (…) Herrera le responde: Bueno, aquí lo que hay es una organización y usted lo sabe. Entonces la Fiscal no va a decir Loaiza no sabía, Herrera no sabía, ¿Entonces que hacemos? Qué bonito cuando todos estaban ahí jugando de gánster, de esto, de (no se entiende). Loaiza le contesta: No, no vea lo de Jackie, yo de Jackie ni tengo vela en el entierro y yo estoy defendiendo para sostenerle la chancha. Herrera le pide que le ponga atención y le indica: Cuando todos estaban en la mesa y todos decíamos nos llevamos 5 millones, 6 millones, ahí ninguno era … (no se entiende)", señala la intervención.

Según el análisis de la llamada, elaborado por el OIJ, Herrera González tenía conocimiento pleno de las presuntas actividades ilícitas que cometía la organización y además sabia que existían nuevas causas penales contra los supuestos integrantes de la agrupación. En la conversación, los imputados hicieron referencia a enviar a una de las abogadas imputadas (González Pinto) fuera del país.

Herrera González está ligado con varias sociedades anónimas que gestionan empresas de transporte público en rutas concesionadas por el Consejo de Transporte Público (CTP). Además, habría fungido como testaferro para la compra de propiedades implicadas en el fraude registral.

Al parecer, a través de la entrega de dádivas y sobornos, los funcionarios de esa entidad habrían ayudado a las empresas autobuseras ligadas a la agrupación a introducir documentos falsos y a hacer alteraciones en los sistemas internos con tal de brindar beneficios indebidos.

El OIJ y el Ministerio Público también imputaron en la causa a un juez del Tribunal Penal de Desamparados, de apellidos Venegas Marín, quien habría legitimado capitales para el grupo a través de las tiendas tipo outlets.

Asimismo, figura como imputado un hombre de apellidos Rosales Apú, jefe del departamento de Concesiones y Permisos del CTP, quien presuntamente también colaboraba con la organización criminal con la inclusión de documentos alterados para beneficiar a las empresas autobuseras y brindando asesoría para los diferentes trámites que requerían.

De igual forma, 5 oficiales de la Policía de Tránsito fueron detenidos el martes 25 de junio por presuntamente evitar sanciones en carretera contra los buses de las empresas ligadas a los imputados a cambio de supuestas dádivas.

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