(CRHoy.com) -Los daños al poliducto de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y el robo de combustibles será castigado con penas severas.

La Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles un proyecto de ley que propone aplicar penas de hasta 15 años de prisión.

La iniciativa -impulsada por el diputado y ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora– fue dictaminada afirmativamente por ese órgano legislativo.

El proyecto busca declarar de interés público el poliducto, oleoducto o gasoducto propiedad de Recope y la red de tuberías de acero que recorre 542 kilómetros y pasa por 20 cantones, desde Limón hasta Barranca, en Puntarenas.

Mediante esa red, se trasiega la mayor parte de los combustibles que se consumen en el país y constituye un bien estratégico para el país porque garantiza el servicio público de suministro de combustibles y derivados de hidrocarburos.

Penas

Las sanciones que establece la iniciativa son las siguientes:

• Daño al poliducto: pena de 8 a 15 años de prisión a quien lo perfore, lo dañe o instale cualquier tipo de dispositivo para la sustracción ilegal de combustibles.
• Robo de hidrocarburos, derivados o mezclas: pena de 8 a 15 años de cárcel.
• Transporte ilegal de hidrocarburos, derivados o mezclas: pena de 3 a 6 años de prisión.
• Apoderamiento ilegítimo de marcadores de hidrocarburos: pena de 5 a 8 años de prisión.
• Alteración ilegítima de marcadores de hidrocarburos: pena de 5 a 8 años de prisión.
• Apoderamiento ilegítimo de sistemas e instrumentos de control:  pena de 5 a 8 años de prisión.
• Alteración ilegítima de sistemas e instrumentos de control: pena de 5 a 8 años de prisión.
• Receptación de hidrocarburos, sus derivados o mezclas: pena de 5 a 12 años de cárcel a quien, sin haber tomado parte en la ejecución de las conductas punibles, adquiera, transporte, almacene, conserve, tenga en su poder, venda, ofrezca, financie, suministre o comercialice, a cualquier título, combustibles derivados del petróleo, hidrocarburos o mezclas.
• Destinación ilegal de combustibles: pena de 5 a 12 años de prisión a quien destine, autorice, tolere, facilite, bienes muebles o inmuebles para la adquisición, el almacenamiento, transporte, conservación, tenencia, venta, ofrecimiento, suministro o comercialización, a cualquier título, de combustibles derivados del petróleo, hidrocarburos o mezclas.
• Disposición ilegal de combustibles destinados a la actividad de pesca: pena de 3 a 5 años de prisión a quien compre, venda, ofrezca, distribuya o comercialice, mediante cualquier título, combustibles derivados de petróleo exonerados destinados al sector pesquero no deportivo.
• Agravación por daño al ambiente: cuando con ocasión de alguno de los delitos previstos en la ley, se produzca daño al ambiente las penas respectivas se aumentarán en una tercera parte.
• Circunstancia genérica de agravación: cuando alguno de los delitos previstos en la ley lo cometa un servidor público, las penas respectivas se aumentarán en una tercera parte.
• Inhabilitación de funcionarios públicos: a quienes sean declarados culpables de los delitos tipificados en la ley se les impondrá una pena de inhabilitación para el ejercicio del cargo que involucre funciones públicas de 5 a 10 años.

El proyecto de ley pasará ahora al Plenario Legislativo para su discusión y votación en dos debates.

Pérdidas y daños

Los daños al poliducto y los robos han aumentado significativamente en los últimos años.

Los robos pasaron de 1 a 2 tomas por mes en 2016 a 3 0 5 casos en una misma semana en 2018.

Esa actividad ilegal -según el texto del proyecto- provoca graves repercusiones negativas no solo en la infraestructura e inventario de Recope, sino también en carreteras, puentes y otras instalaciones públicas.

Un ejemplo de ello es que el volumen del combustible robado, en perjuicio de la Refinadora, ascendió a los 9,5 millones de litros en octubre de 2018. Esto representa pérdidas cercanas a los ¢5 mil millones, si se toma en cuenta el precio con impuestos de los combustibles en plantel.

Mientras, el costo del mantenimiento por reparación de las tomas ilegales alcanzó los ¢300 millones al cierre de 2018.

De acuerdo con el proyecto, las gasolineras reportan disminuciones importantes en sus ventas y esa situación se refleja directamente en la factura petrolera.

El fisco, por otra parte, ha dejado de percibir alrededor de ¢25 mil millones al año por el robo de combustibles y esto afecta las inversiones en infraestructura de carreteras por tratarse de recursos que dejan de ingresar en función de la recaudación del impuesto único a los hidrocarburos.

Además, el robo provoca que el tráfico de combustibles se realice por tierra y vía marítima, lo cual se relaciona incluso con la participación del crimen organizado nacional e internacional.

En el proyecto, se indica que el producto robado también termina utilizándose para financiar actividades delictivas como el narcotráfico y el crimen organizado.

Las perforaciones al poliducto implican graves riesgos para la salud pública en las comunidades aledañas.

Esto, porque la extracción, transporte y almacenamiento se realizan de forma artesanal. Por ejemplo, los camiones que transportan el combustible robado no cumplen con los protocolos de seguridad, rotulación que advierta que llevan material inflamable ni con la normativa técnica que regula el trasiego de hidrocarburos.

Los camiones, además, circulan por vías de alto tránsito y el almacenamiento del producto se realiza en recipientes inadecuados e incluso en bodegas o precios cerca de viviendas.

El daño ambiental es otra de las consecuencias que produce esta actividad ilegal.

Las tomas ilegales ponen en riesgo de contaminación a los mantos acuíferos, cultivos, tierras y los sistemas de aguas pluviales.