Impuestos de los ticos serían para pagar deudas del gobierno

(CRHoy.com)  La Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, advirtió que la mayor parte del presupuesto de 2020 será destinada al pago de intereses de deuda de gobierno y, si no se ejecutan ciertas acciones estratégicas, los impuestos que actualmente pagan los costarricenses, se destinarían a ese fin en vez de ayudar a las finanzas públicas. 

Para 2019, la proyección es que los intereses representen un 4,2% del PIB  y se transformen en un 5% para el próximo año, que en total serían unos ¢2 billones, solamente en este rubro.

Sería un aumento de ¢400 mil millones de un año a otro, de acuerdo con datos del plan Macroeconómico del Banco Central.

"Los intereses se absorben buena parte del crecimiento del gasto corriente y esos intereses no los podemos revertir o por lo menos mitigar si no tenemos financiamiento internacional (eurobonos) y operaciones de apoyo presupuestario; no hacer esto es dejar que nuestro presupuesto fundamental se destine a pagar intereses, que los impuestos de los costarricenses se destinen al pago de intereses", expuso la ministra durante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, previo a la presentación del presupuesto nacional de 2020.

Para ponerlo en cifras, el año pasado el país requirió de ¢10,9 billones, de los cuales el 53% se financió con deuda.

La expectativa para 2020 es que el presupuesto ronde los ¢11,5 billones. 

¿Qué está pasando?

Desde hace una década, el gobierno ha venido enfrentando problemas financieros: está gastando más de lo que ingresa y para financiar ese déficit, ha tenido que recurrir a endeudamiento.

Los gobiernos anteriores recurrieron a préstamos para financiar sus operaciones y justamente hoy el pago de intereses consume una gran cantidad de recursos del presupuesto nacional, limitando inversiones como infraestructura de obra pública o de bien social.

Sin iniciar el 2020, gran parte de los recursos del país ya están comprometidos para pagar deudas viejas. 

"Si las premisas se cumplen con lo que ha estado manifestando la señora ministra y tomando en cuenta los datos del año pasado, es probable entonces que el presupuesto ande rondando los ¢11,5 billones y esperaría que haya algunas partidas sorpresivas para inversión. Ya sabemos que el gasto corriente, particularmente salarios, pensiones y pago de intereses se van a comer buena del presupuesto, el problema es que no quede dinero para inversión pública para tratar de estimular el crecimiento; el escenario básico que uno esperaría es que el presupuesto venga cargadísimo de gasto corriente (…) y de acuerdo a lo que dijo la ministra, por cada ¢100 que se produzcan el próximo año, vamos a necesitar ¢5 solo para pagar intereses", estimó Vidal Villalobos, asesor económico de Grupo Prival.

Previendo este escenario, el gobierno empujó con todo lo que tenía el plan de fortalecimiento de las finanzas públicas a finales del año anterior para concentrarse en dos grandes áreas: ingreso y gasto.

Por el lado del ingreso, la reforma incorpora un nuevo régimen de impuestos que ahora grava con un 13% tanto a bienes como a servicios y por otro lado también una actualización a los gravámenes de renta, para obtener más ingresos.

Durante el primer mes de recaudación, solo el IVA dejó ¢76 mil millones en poder del gobierno.

Asimismo, Hacienda aplicó lo que conoce como amnistía tributaria, es decir, un perdón a las multas y sanciones que se le generaron a quienes no pagaron sus impuestos, con tal de que pusieran al día. 

Esto le dejó unos ¢232 mil millones de "ganancias" por declaraciones de impuesto.

Por la parte del gasto, el panorama es mucho más complejo: el plan fiscal incorpora dos grandes medidas de contención: la regla fiscal y el ordenamiento del empleo público.

Por el lado de la regla, constituye un tope de crecimiento al presupuesto de las entidades públicas de un 4,67% para el próximo año, pero ha generado polémica, pues muchas instituciones se quieren salir.

La Caja Costarricense del Seguro Social no la aplicará, las municipalidades, universidades y poder Judicial luchan con todo por ser excluidos, así como los oficiales de la Fuerza Pública. 

Mientras que el proyecto de empleo público, que regularía algunos pluses y beneficios salariales para bajar el gasto, está frenado en la corriente legislativa. 

"La Contraloría y Hacienda no se están llevando de buena manera por una diferencia de criterios en aplicación de regla fiscal y si esto no se soluciona, más allá de una fuerza económica, el tema de presupuesto 2020 se convertiría en una fuerza política; el presupuesto de 2020 no lo veo como algo benevolente y va a crear bastante discusión y bastante roncha", advirtió Daniel Suchar, economista y profesor universitario.

Justamente, habrá que esperar cuál de los dos criterios prevalecerá.

"Según el Ministerio de Hacienda, el porcentaje debe aplicarse al presupuesto del aprobado el año previo, mientras que para la Contraloría la base deberá ser el presupuesto ejecutado y que, en vista de que normalmente hay un subejecucción del 10%, el incremento del presupuesto sería menor bajo la interpretación de la Contraloría", explicó Ennio Rodriguez, presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas.

Rodriguez añadió que "Costa Rica eligió un sendero extenso para el ajuste fiscal, durante el cual sufrirán las tasas de crecimiento del empleo y de la producción, por lo tanto si prevalece el criterio de Hacienda el ajuste fiscal tomará más tiempo".

Además, el proyecto para reformar Japdeva sería otro golpe a los esfuerzos del gobierno para bajar el gasto corriente, pues se dio un presupuesto de casi ¢6.000 millones.

Al final de cuentas, será la Contraloría el ente que apruebe o rechace los presupuestos de las entidades descentralizadas. 

Un presupuesto comprometido es una mala señal para el país, pues no tendrá de dónde sacar recursos para invertir en proyectos que impulsen el desarrollo y crecimiento. 

Hacienda confía en que si se aplica correctamente y al pie de la letra el plan fiscal, la trayectoria de la deuda pública se estabilizaría a partir del 2023, pero a pesar de la reforma fiscal, las necesidades de financiamiento del gobierno para los siguientes periodos siguen siendo considerables, porque el déficit seguirá aumentando.

Por ello, el gobierno insistió en contar con la emisión de $1.500 millones de eurobonos (ya aprobado) y dos créditos multilaterales: con la Corporación Andina de Fomento, por $500 millones y otro con el Banco Interamericano de Desarrollo, por $350 millones.

De acuerdo con Rocío Aguilar, estos préstamos no representan deuda nueva, si no que ayudarán al país, con mejores condiciones, de ir saneando las finanzas públicas.

Por ahora, el panorama para que se aprueben estos créditos es complejo, pues los diputados tienen detenido este proyecto ante los acuerdos que tomó el gobierno para ponerle fin a la huelga del sector salud.

La presentación del presupuesto nacional será este viernes a las 10 a.m.