¿Impuesto sobre las primas de seguros? Esto responden 4 diputadas

Un proyecto de ley que establecería un impuesto sobre las primas de seguros divide a los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales, órgano de la Asamblea Legislativa que lo estudia.

La iniciativa, que se tramita bajo el expediente 24.738, propone la adición del artículo 46 ter a la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, con el fin de fijar un financiamiento permanente a las redes de monitoreo geodinámico y meteorológico.

El texto, impulsado por la diputada Rosaura Méndez, del Partido Liberación Nacional (PLN), propone financiar al Observatorio Vulcanológico y Sismológico (Ovsicori), la Red Sismológica Nacional (RSN), el Laboratorio de Ingeniería Sísmica (LIS) y el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) con un 0,6 % adicional sobre las primas de seguros.

En la exposición de motivos del proyecto, Méndez destaca que la iniciativa no solo fortalecería la capacidad técnica y científica de Costa Rica para enfrentar las amenazas naturales, sino que también tendría un impacto positivo en múltiples aspectos de la sociedad y la economía.

"Además, permitirá a las instituciones, como actores activos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, cumplir con los objetivos establecidos en los planes y políticas que la ley determina. La implementación de esta medida representa una inversión en la seguridad, el desarrollo sostenible y el bienestar futuro de todos los costarricenses", menciona.

Sin embargo, surgieron preocupaciones entre otros legisladores de la Comisión de Asuntos Sociales después de que la Asociación de Aseguradoras Privadas (APP) y la Superintendencia General de Seguros (Sugese) advirtieran que, si el proyecto se aprueba, se encarecerían las primas de seguros, lo cual finalmente impactaría al consumidor de estos productos financieros.

Dudas

Algunas legisladoras, como Kattia Rivera y Andrea Álvarez, ambas del PLN, y la independiente Gloria Navas, reconocen que el objetivo de la propuesta es loable, pero manifiestan su preocupación por un posible encarecimiento de las primas de seguros.

Otras, como Priscilla Vindas, del Frente Amplio (FA), sostienen que el impacto del impuesto en el costo de las primas sería mínimo.

Rivera aseguró que el monitoreo que realizan las instituciones científicas es fundamental en un país que permanece bajo riesgo constante como consecuencia del cambio climático y los movimientos sísmicos.

"Considero sumamente necesario que estas instancias cuenten con un financiamiento suficiente para mantener este trabajo de observación y realizar mediciones frente a situaciones de riesgo", declaró.

Sin embargo, señaló que establecer un recargo adicional a las aseguradoras impactaría directamente al usuario.

"Todavía no tenemos claro cuánto sería ese porcentaje de recargo para los usuarios", dijo.

Sostuvo que la responsabilidad del financiamiento de esas instituciones corresponde al Gobierno, el cual debería incorporar esos recursos en el presupuesto nacional.

Álvarez afirmó que comparte la preocupación señalada por las aseguradoras privadas, el Instituto Nacional de Seguros (INS) y la Sugese.

"Me genera preocupación lo que ellos han indicado: que esto podría subir las primas y afectar la universalización de las personas en el acceso a seguros. No obstante, según datos de la Universidad Nacional, el aumento en las primas en algunos casos sería de ¢130; un aumento de ese tipo, creo, es manejable. Aún lo estoy analizando y no he definido mi postura", expresó.

Adelantó que pedirá un segundo criterio de la Sugese sobre los datos aportados por la Universidad Nacional (UNA).

La diputada Navas dijo que reconoce la importancia de garantizar el adecuado financiamiento para las redes de monitoreo geodinámico y meteorológico, debido al papel que cumplen en la prevención y atención de emergencias.

"Sin embargo, consideramos que establecer un impuesto sobre las primas de seguros de vida, salud, incendios y líneas afines no es el mecanismo más adecuado para alcanzar este propósito. Por el contrario, es necesario explorar alternativas de financiamiento más equitativas y sostenibles que no afecten directamente a los asegurados; entre estas opciones podría valorarse la participación de distintas fuentes de financiamiento o incluso la posibilidad de que el Estado asuma esta responsabilidad, en concordancia con su deber de velar por la prevención y mitigación de riesgos, tal como lo establece la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo", explicó.

Apoyo

La congresista Vindas argumentó que la creación del impuesto para financiar a las entidades científicas es necesaria y que el monto no sería significativo.

"Estamos hablando de ¢130 a ¢200 al mes en el costo de esos seguros, y no afectaría la decisión de las personas de adquirirlos o no", señaló.

Recordó que la información que generan las instituciones científicas es muy valiosa y que incluso sirve a las mismas aseguradoras.

También señaló que las universidades públicas ya cubren la infraestructura y el equipo que utilizan esas entidades, pero se necesita financiamiento para los instrumentos que se usan en el sitio.

"La prevención en esta materia es esencial. Es fundamental que este proyecto siga avanzando", agregó.

Advertencias

El martes pasado, el jerarca de la Sugese, Tomás Soley, advirtió que el proyecto de ley en discusión encarecería las primas de seguros.

"El fondo es muy loable, pero, al final de cuentas, estamos yendo en contra de la misma política pública que promovemos, porque encarece las primas y hace nugatorio todo el esfuerzo que se pueda estar haciendo para acercar el seguro a las comunidades y a las personas. Al mismo tiempo, son recursos que salen del consumidor", alertó el superintendente.

Mencionó que sobre el sector ya pesa una carga del impuesto al valor agregado (IVA) del 13 %, con tarifas un poco más reducidas en seguros personales y de salud.

También indicó que el aporte al Cuerpo de Bomberos y al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) suma el 4,5 % de las primas.

Además, las entidades reguladas deben aportar recursos para el financiamiento de la Sugese y del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).

"En los últimos diez años, solo la carga del INEC representó ¢29.589 millones para el consumidor de seguros, y el Benemérito Cuerpo de Bomberos, en el mismo período, ha recibido ¢366.099 millones", detalló Soley.

El 10 de septiembre, las aseguradoras privadas advirtieron que recaudar impuestos a través de los seguros es la forma más ineficiente y perjudicial para los asegurados.

Esto se debe a que, según la legislación costarricense y la naturaleza del mercado asegurador, la tarifa del seguro debe contemplar el impacto de todos los factores que inciden en los índices de solvencia. Por lo tanto, el aumento porcentual se aplica a otros componentes del cálculo de la tarifa, de modo que el 0,6 % adicional podría llegar a convertirse en alrededor de un 1,2 %.

"El impacto de un aumento en las primas de seguros debe considerarse en el contexto de una persona que puede tener varios seguros al mismo tiempo. Por ejemplo, si esta persona tiene créditos de vivienda, automóviles, estudios o personales, debe contratar seguros contra incendio, de automóviles, saldo deudor, desempleo, entre otros. Así inicia la espiral de aumentos en las diferentes cuotas de seguros", concluyó la APP.