Identifican barreras que enfrentan operadores de telecomunicaciones en municipios
Propone soluciones
Un estudio de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) logró identificar una serie de obstáculos que enfrentan operadores de telecomunicaciones en las municipalidades del país, previo a la implementación de redes 5G.
En el documento Propuesta de incentivos para la estandarización de normativa municipal para el despliegue de redes de telecomunicaciones se enumeran barreras al despliegue identificadas en la experiencia internacional y se señalan los principales impedimentos existentes a nivel de los municipios detectados en Costa Rica.
El análisis repasa la situación actual de los municipios en cuanto a su normativa y estado de la infraestructura y se proponen dos mecanismos de incentivos para favorecer que las autoridades locales faciliten el despliegue de redes de telecomunicaciones.
También se basa en la experiencia internacional y cita que en los países que han desarrollado políticas para promover la inversión en tecnologías 5G, se ha detectado la necesidad de simplificar la normativa y se han tomado medidas para reducir las barreras administrativas al despliegue de redes, en particular considerando la necesidad de coordinación con numerosas autoridades locales.
De hecho, el primer mecanismo de incentivo se orienta en esa dirección.
Las encuestas elaboradas en el marco del estudio de la Sutel del 2023 destacaron la preocupación por los plazos de respuesta de los gobiernos municipales en cuanto a trámites para el despliegue de infraestructura.
El segundo mecanismo propuesto pretende promover la reducción de estos tiempos.
Federico Chacón presidente del Consejo Directivo de la Sutel, explicó que "para la implementación de la tecnología 5G es necesario que nuestro país considere oportuno analizar estos elementos que inciden de una manera u otra en su desarrollo.
Desde nuestra perspectiva regulatoria sabemos que la compartición de infraestructura es un tema de trascendencia, cuyo aprovechamiento eficiente de los recursos reduce costos, facilita el despliegue de redes y promueve la competencia".
"¿Qué hemos identificado? Primero, eliminar barreras de entrada es un elemento que va a resultar esencial para favorecer el despliegue de redes de telecomunicaciones; segundo, favorecer los mecanismos de uso compartido de infraestructura.
El tercer punto son las reglas claras, nos estamos refiriendo al tema de la normativa que puedan tener los municipios, en los que nos encontramos una gran disparidad con respecto a la eliminación de barreras, la discrecionalidad es quizás la peor barrera que podamos identificar en este proceso; el hecho de que quien vaya a desplegar infraestructura de telecomunicaciones tenga que verse obligado a lidiar con requisitos que son discordantes entre los cantones, le genera un gran problema a la industria como tal", detalló Deryhan Muñoz, directora general de Competencia de la Sutel.
Las barreras
El estudio identificó una serie de barreras específicas según cada grupo de municipios y a partir de 19 indicadores planteados, que permiten definir aquellos con normativa más o menos favorable al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.
La revisión de la normativa de los ayuntamientos (cantones) permitió identificar algunos desafíos que enfrentan los operadores a la hora de los despliegues.
En primer lugar, el análisis de la normativa muestra cinco grupos de municipios en función del reglamento que los ordena, donde destaca el hecho de que un alto número de municipios pertenece al Grupo 5 de municipios con reglamentos autónomos.
Esto es, la existencia de un alto número de reglamentos (más de 30) aparece como la primera barrera al despliegue a ser considerada, ya que una empresa que desea llevar a cabo despliegues en diferentes zonas del país debe conocer y adaptar las disposiciones de hasta 33 reglamentos.
"La situación de la normativa a nivel municipal muestra variantes (Tabla 10). A excepción de aquellos municipios donde no se promueve la compartición, todos los reglamentos estipulan construcciones con 3 emplazamientos, lo que promueve la eficiencia, reduce costos de despliegue para operadores entrantes y promueve la competencia.
La prohibición de derechos preferentes o exclusivos de uso compartido de la infraestructura en beneficio de un operador o una red determinada, que solo está contemplada por el reglamento del Grupo 4, es también una disposición con consecuencias pro-competitivas, que complementa a la de los 3 emplazamientos.
Sin embargo, la disposición que establece que no se puede desplegar cuando ya hay una infraestructura disponible aparece como una restricción a nuevos despliegues", menciona el informe.
Soluciones
La investigación señala que el hecho de que la reglamentación a la Ley No. 10216, que se había identificado como un elemento esencial para resolver las barreras identificadas en el "Estudio de Mercado acerca del Régimen Municipal y su impacto en el despliegue de infraestructura para redes 5G", resulte discrecional para los municipios, según lo ha concluido el Micitt, hace surgir la necesidad de contar con esquemas de incentivos que promuevan la adopción de dicha normativa, como un mecanismo para disminuir la discrecionalidad en materia de trámites para la construcción de redes de telecomunicaciones.
Es por ello que a fin de favorecer el despliegue de infraestructura de redes 5G, se proponen dos mecanismos de incentivos que pueden ser administrados por la Sutel, el Micitt o de manera conjunta por ambos entes.
Un primer mecanismo orientado a estandarizar los reglamentos para la construcción de instalaciones aplicables para la autorización de obras de infraestructura 5G, que implique la acreditación de "Municipios con implementación de normativa nacional y que favorecen la compartición de infraestructura".
Un segundo mecanismo que implica la elaboración y publicación de un indicador comparativo entre municipios de plazos para autorizaciones de obras de infraestructura de telecomunicaciones IMT, incluyendo las relativas a 5G.
"Los resultados de estos dos mecanismos podrían ser puestos a disposición de los operadores y de las empresas de infraestructura, a fin de que los consideren en sus decisiones de priorización de áreas para el despliegue de infraestructura. Así como del público en general, como un mecanismo para favorecer la eliminación de barreras de entrada al mercado.
En particular, estos indicadores se podrían incluir como parte de la información disponible y utilizable en el marco de las licitaciones de espectro, de modo que los operadores puedan tenerlos en cuenta a la hora de definir la secuencialidad de los planes de despliegue e instalación de redes", propone el análisis del ente regulador.
