ICT pide a empresarios turísticos extorsionados en Guanacaste denunciar ante OIJ

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) confirmó que está al tanto de las denuncias realizadas por varios empresarios del sector turístico de Guanacaste sobre las extorsiones de las que son víctimas desde febrero por parte de un grupo criminal que opera en la zona, las cuales fueron dadas a conocer por CR Hoy este jueves.

William Rodríguez López, ministro de Turismo, sostuvo, ante consulta de este medio, que sigue de cerca la información con la que se cuenta hasta ahora y espera que las autoridades policiales logren atender y afianzar las investigaciones sobre estos casos. No obstante, es consciente de que para ello es necesario que los afectados interpongan denuncias de manera formal ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

"Entiendo el temor que pueden sentir los empresarios afectados, pero también es clave que los hechos sean denunciados formalmente para que las autoridades puedan actuar con mayor contundencia. La denuncia es un paso esencial para fortalecer la seguridad en nuestros destinos y proteger a quienes hacen del turismo su forma de vida.

Me mantendré atento a los avances en este tema y confío en la labor de los cuerpos policiales y del OIJ para garantizar un entorno seguro para el sector y las comunidades locales", explicó.

CR Hoy reveló que pequeños y medianos empresarios dedicados a esta industria en las playas de Brasilito y Potrero, en Santa Cruz, Guanacaste, sufren constantes amenazas si no pagan peajes para poder operar.

Los dueños de negocios y vendedores son visitados semanalmente por criminales que exigen el pago de entre $150 y hasta $1.500 para dejarlos trabajar sin problema. De lo contrario, los intimidan diciéndoles que atacarán sus negocios.

Muchos de ellos confesaron que tuvieron que pagar en varias oportunidades y que incluso algunos prefirieron irse de la zona para evitar conflictos con los delincuentes que buscan adueñarse del territorio.

El OIJ confirmó que tuvo conocimiento de un caso por medio de un tercero que no figura como víctima, pero que, al vivir en la zona, pudo recoger testimonios de varios empresarios que se vieron perjudicados por estas acciones y decidió trasladar la información a la policía judicial.

Sin embargo, hasta la fecha, el OIJ de Santa Cruz no tiene ninguna denuncia formal que esté en trámite, lo cual es indispensable para poder reforzar estos casos con mayor contundencia.

Entre los afectados se encuentran dueños de restaurantes, hoteles, operadores turísticos, vendedores en las playas y de rentas vacacionales, principalmente. Sin embargo, también hay otros negocios que han recibido estas visitas indeseadas.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) informó que la Fuerza Pública de Santa Cruz sí recibió una queja sobre estos hechos, planteada por un grupo de vendedores de productos que se ganan la vida en esas playas.

"La Fuerza Pública, durante los recorridos de vigilancia que realiza, ubicó al presunto responsable de cometerlos y se le identificó. Sin embargo, las personas afectadas no quisieron interponer ninguna denuncia, lo que limita el accionar policial", indicaron.

El MSP añadió que ya brindó la información de este sujeto al OIJ y mantiene presencia policial en la zona para tratar de frenar las extorsiones. Sin embargo, los dueños de los locales dicen sentirse inseguros porque saben que se trata de delincuentes sin temor a ejercer violencia contra quien sea.

Pese a que el tema se hizo de conocimiento público, los comerciantes prefieren no dar detalles de lo que está sucediendo. Este medio tuvo contacto con dos de ellos, pero dijeron que no quieren verse envueltos en conflictos con estos grupos mientras la policía logra actuar.

La Cámara de Turismo Guanacasteca (CATURGUA) reconoció que también recibió información sobre los casos, pero prefieren que sean las autoridades las que se refieran a los hechos, ya que existe mucho temor y tensión en las comunidades.

De igual forma, lo hicieron otras asociaciones de la zona, que esperan el abordaje policial para no tener inconvenientes con los matones que los visitan cada semana.