El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no alertó en ningún momento al Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) sobre supuestos incumplimientos del contrato que suscribió con la empresa Hidrotárcoles S.A. para la construcción y operación del proyecto hidroeléctrico Capulín-San Pablo, en San Pablo de Turrubares y debe, por contrato, pagar al Banco Nacional por las obras.

Así lo sostuvo este jueves Juan Carlos Corrales, uno de los 4 miembros del Comité de Crédito del BNCR que comparecieron ante la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga créditos cuestionados otorgados por la banca estatal.

Corrales declaró que el desarrollador cumplió los distintos trámites desde el momento de su adjudicación.

De acuerdo con su exposición, la empresa se acercó desde 2012 al Banco Nacional y le manifestó que requeriría financiamiento para desarrollar la obra.

A partir de ese momento, el banco comenzó a estudiar la documentación, proceso en el que participaron funcionarios especializados de la institución, así como una firma externa.

En octubre de 2013, el banco emitió una nota a Hidrotárcoles en la que le informó sobre requisitos que todavía tenía que cumplir la empresa.

Un mes después, el Comité aprobó el crédito con una serie de condicionamientos y en diciembre, el ICE le dio un periodo de 4 meses a Hidrotárcoles para que cumpliera otros requisitos.

Corrales manifestó que el 12 de marzo de 2014 el ICE le comunicó a Hidrotárcoles que se daba por satisfecho con los datos garantizados, plano general de propiedades, especificaciones y con el plan de trabajo.

"Eso para nosotros fue un elemento muy importante para nosotros porque el plan de trabajo es un documento muy extenso, que incluye todo el cronograma constructivo de obras, y ahí claramente la empresa dijo que iba a terminar el proyecto en junio de 2017", indicó.

Sin embargo, aclaró que quedaba pendiente el cierre financiero, que solo lo autoriza el ICE cuando la empresa obtiene el financiamiento.

Por ello, al ver que solo faltaba el cierre financiero, el banco firmó el contrato de crédito en abril de 2014.

"Cuando el ICE aprueba el cierre financiero, está validando el crédito que nosotros vamos a dar, las fechas de trabajo, de inicio de la obra y está validando el monto total que el proyecto tiene en ese momento", insistió.

No advirtió

Según Corrales, el contrato incluye una cláusula que obliga al ICE a informar al Banco Nacional sobre incumplimientos por parte del contratista.

"Todo sigue su curso normal. Nosotros seguimos los desembolsos, y no tenemos ninguna evidencia de que haya ningún incumplimiento (…) Como nosotros nunca recibimos ninguna alerta de esa naturaleza, nosotros seguimos desembolsando", indicó.

Para financiar la obra, el BNCR aprobó un crédito de $117 millones, pero lo invertido hasta ahora es de $103 millones. El avance de la obra es de 49%.

Marietta Herrera Cantillo, directora jurídica del banco, incluso sostuvo que el ICE tenía que enviarles en forma simultánea copia de cualquier notificación por incumplimiento contractual.

"Se hace necesario una comunicación permanente entre el contratista y el ICE, pero también con el ente financiero, y el contrato firmado entre el ICE e Hidrotárcoles lo obligaba, a partir del momento de aprobar el cierre financiero, o sea a partir del momento en que aceptó al Banco Nacional como ente que iba a financiar el proyecto, a comunicarle cualquier incumplimiento de la empresa", afirmó.

Incluso, cuestionó que a pesar de que el ICE y el Banco Nacional han tenido una relación histórica en el desarrollo de proyectos, "¿cómo es posible que en este caso se nos mantuviera al margen de las situaciones que estuviera considerando el ICE como incumplimiento del contratista? ¿Por qué no se nos informó desde antes de aprobar el cierre financiero que tuviéramos cuidado con esta obra?

Expresó que si el ICE les hubiera informado sobre eso, "jamás habríamos otorgado el crédito, y mucho menos hacer ningún giro de recursos sobre un contrato que tenía esas debilidades".

Gerardo Ulloa, también del Comité de Crédito del BNCR, dijo que si el ICE, calculando que iba a tener excedentes de energía, hubiera rescindido el contrato con Hidrotárcoles desde 2014, hubiera evitado riesgos legales.

Pero si lo hubiera hecho en 2015, solo habría tenido que pagar $22 millones de la deuda, más la inversión y el rendimiento de la inversión de los accionistas de Hidrotárcoles.

"Eso habría sido más sencillo, menos riesgoso y no nos abre flancos legales tanto al ICE como al banco y a la empresa. Esto, al final lo vamos a terminar pagando entre todos los costarricenses. Y eso es muy doloroso, y se pudo haber evitado", dijo a manera de opinión personal.

Sorpresa

En su declaración, Corrales manifestó que les tomó por sorpresa cuando representantes del ICE convocaron, en julio de 2015, a miembros del Comité de Crédito para comunicarles la intención de resolver el contrato con Hidrotárcoles S.A. por incumplimientos.

A partir de ese momento, la empresa inició acciones legales contra el ICE y posteriormente HidroChina, firma constructora de represas subcontratada por Hidrotárcoles, rompió con la empresa porque tenía tres de meses de no pagarle.

Agregó que el proyecto estuvo paralizado por 11 meses sin que se desembolsara dinero.

La abogada Herrera Cantillo reiteró que, de acuerdo con cláusulas del contrato, el ICE tiene la obligación de pagar la deuda al Banco Nacional.

El martes anterior, el ICE acordó resolver el contrato con Hidrotárcoles, tras alegar incumplimiento de la empresa en la fecha pactada (1 de agosto de 2015) para la puesta en operación de la planta hidroeléctrica.

Sin embargo, la empresa sostiene lo contrario y afirma que la fecha acordada fue el 1 de junio de 2017.