Homicidios, narco y femicidios empañan las promesas de Rodrigo Chaves
Mientras el gobierno de Rodrigo Chaves cumple tres años lanzando promesas vacías para combatir la inseguridad que acecha el territorio nacional, los homicidios alcanzaron cifras récord.
La actual administración figura como la más sangrienta en la historia reciente: el número de homicidios acumulados desde el inicio de su mandato sobrepasó los 2.500.
Simultáneamente, una ola de violencia contra las mujeres activó las alarmas en distintos sectores. Mientras el gobierno y la ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada, rechazaron declarar emergencia nacional ante el aumento de los femicidios, el país cerró 2024 con 30 mujeres asesinadas violentamente por sus parejas o exparejas.
El Ejecutivo tampoco logró recuperar la “soberanía del país frente al narcotráfico”, como prometió al inicio de su gestión. Contrario a lo dicho por Chaves, múltiples cargamentos de droga salieron por los puertos nacionales.
En 2025, la inseguridad se consolidó como la principal preocupación de la ciudadanía. Según la última encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA), un 56% de la población identificó este problema como el más grave.
Ola de homicidios
De acuerdo con estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los homicidios de los últimos tres años alcanzaron cifras récord, superando ampliamente las estimaciones gubernamentales.
Durante 2022, el primer año de gobierno, se registraron 661 homicidios, 448 ocurridos tras la llegada de Chaves a Casa Presidencial en mayo. La situación empeoró en 2023 con 907 homicidios, el número más alto jamás contabilizado.
El 2024 cerró con 880 crímenes dolosos, el segundo año más violento en la historia nacional. A pesar del dolor causado a las familias, el gobierno celebró la leve disminución de 27 homicidios respecto al año anterior.
El resultado dista de la meta estipulada en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP), el cual proyectaba 533 homicidios dolosos en 2024. Sin embargo, se produjeron 347 más de los contemplados.
Fracasa plan para reducir feminicidios
La administración Chaves Robles también fracasó en su meta de reducir las muertes violentas de mujeres. Aunque el PNDIP planteaba no superar las 55 víctimas femeninas en 2024, se contabilizaron 78.
De ese total, 30 fueron clasificadas como feminicidios, evidenciando una tendencia creciente durante el actual mandato.
Según el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres del Poder Judicial, estos crímenes han ido en aumento: 25 en 2022, 26 en 2023 y 30 en 2025.
En materia de género, Chaves prometió combatir el acoso contra las mujeres, según anunció en agosto de 2022 durante su discurso de los primeros 100 días de gestión.
Tres años después, el gobierno sigue sin cumplir la ley que obliga a las instituciones públicas a divulgar los registros actualizados sobre sanciones por hostigamiento sexual.
La Ley Contra el Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia, aprobada en 2021, establece que todas las instituciones del sector público deben publicar en sus sitios web la lista de sanciones firmes con nombres, infracción, cargo y fecha de resolución.
Un ejemplo del incumplimiento gubernamental es que la página de la Presidencia de la República carece de un espacio con esta información.
Cargamentos de droga siguen llegando al extranjero
“No ha salido un kilogramo, una onza, un gramo, ni un gramo de cocaína desde que lanzamos la operación Soberanía”, afirmó Rodrigo Chaves Robles el 7 de septiembre de 2023 durante la colocación de escáneres en la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), principal salida de mercancías del país.
Ese mismo año, el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, prometió revisar todos los contenedores que transitaran por el puerto limonense.
Sin embargo, distintos cargamentos de droga salieron desde suelo costarricense hacia Europa. En enero de 2025, las autoridades neerlandesas decomisaron 50 paquetes de cocaína ocultos en un cargamento de bananos que llegó al puerto de Róterdam. Tres meses antes, en ese mismo punto, ya se había interceptado otro envío con 50 kilos del estupefaciente.
Durante 2024, autoridades de España y Bélgica también incautaron cargamentos procedentes de Costa Rica.
Un informe de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR), también trajo abajo las promesas del Ejecutivo. El documento publicado en abril del 2025 sacó a luz que el 52% de las unidades de transporte movilizadas en Moín no fueron inspeccionadas, es decir, que prácticamente uno de cada dos contenedores no pasa por el escaneo de los escáneres de Moín.
El informe reveló que, de las cargas que fueron escaneadas, se detectaron 17 cargamentos con droga y 22 unidades de transporte con mercancías subdeclaradas.
Muertes en carretera no merman
La meta de reducir las muertes por accidentes de tránsito también fue incluida en el PNDIP, pero también sigue sin cumplirse.
En 2023 y 2024, las cifras superaron las metas establecidas en el plan de políticas públicas, que proyectaba menos de 800 muertes anuales. Según el OIJ, hubo 887 fallecidos en 2023 y 878 en 2024, muy por encima de los objetivos oficiales.
País no tendrá las delegaciones policiales prometidas
En abril de 2023, tras visitar la Delegación Policial de Sagrada Familia en Hatillo, San José, el presidente Rodrigo Chaves prometió construir 19 delegaciones antes de octubre de 2024.
“Acabo de ordenar la implementación efectiva de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para que en los próximos 18 meses haya construidas 18 delegaciones nuevas”, dijo Chaves.
No obstante, al finalizar el plazo, solo se entregaron dos, una en Siquirres y otra en Santa Ana. Mientras tanto, 12 proyectos seguían sin los trámites necesarios para iniciar su construcción.
Estas delegaciones se financian mediante un préstamo de $100 millones gestionado años atrás ante el BID, con el fin de respaldar el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia del Ministerio de Justicia y Paz.
Una auditoría realizada por la CGR sobre la ejecución del préstamo del BID determinó que el gobierno redujo la cantidad de delegaciones a construir sin analizar la afectación a la ciudadanía.
El ente fiscalizador también señaló retrasos en las construcciones y una falta de coordinación en la recepción e instalación de equipos donados por la Embajada de Estados Unidos para las nuevas delegaciones policiales. La auditoría abarcó las acciones desarrolladas durante el 01 de diciembre de 2021 al 15 de enero de 2025.
Chaves también se comprometió a donar un terreno al OIJ de Limón para la construcción de las nuevas instalaciones. El mandatario manifestó la promesa de forma escrita, sin embargo, la donación nunca se otorgó.
Marihuana no se legalizó
En materia de seguridad, el presidente Chaves tampoco incumplió su promesa de abrir el portillo para legalizar la marihuana recreativa. El plan fue anunciado desde la campaña electoral, cuando era candidato, y reiterado en distintos espacios al inicio de su gobierno.
Aunque el proyecto de ley fue presentado por el Ejecutivo en octubre de 2022, en julio de 2024 el gobierno desistió de su impulso y responsabilizó al Congreso por el fracaso. A esto se sumó que la Sala Constitucional, por mayoría, declaró inconstitucional el expediente 23.383, conocido como la "Ley de control y regulación del cannabis para uso recreativo".
El alto tribunal consideró que la iniciativa de Chaves violaba varios tratados internacionales sobre estupefacientes ratificados por Costa Rica, lo que también implicaba una contravención al artículo 7 de la Constitución Política.
