Homicidios en gobierno de Rodrigo Chaves superan las últimas 3 administraciones

(CRHoy.com).— Los homicidios registrados del 1 de mayo del 2022 al 14 de marzo del 2023 sumaron un total 613 víctimas, según estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ); la mortal cifra hace que la administración de Rodrigo Chaves Robles ocupe el primer lugar en uno de los peores delitos como es el asesinato con respecto al primer año de gobierno de la expresidenta Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado.

Según las estadísticas del OIJ, que están incluidas en sus memorias anuales, en el 2010 los homicidios dolosos alcanzaron el número de 520; en el 2014 los asesinatos bajaron a 417; y en el 2018 volvieron a subir a 585. Aun así, ninguno de estos periodos ha sido tan sangriento como estos meses de la administración Chaves Robles.

Tras casi 10 meses sin una política definida en materia de seguridad, y el país batiendo récords en homicidios, la primera acción del gobierno de Chaves Robles se dio este 15 de marzo del 2023 con la firma de un decreto que elimina las potestades que tenía el Instituto Nacional de Criminalidad, adscrito al Ministerio de Justicia, de poder otorgar beneficios carcelarios, a privados de libertad tras cumplir el primer y segundo año de condena, en delitos de crimen organizado (narcotráfico), delitos contra la vida y delitos sexuales. Ahora, el beneficio carcelario solo podrá ser solicitado cuando se cumple la mitad de pena impuesta.

Sin embargo, esto está estipulado en el Código Penal en el artículo 64:

"Todo condenado a pena de prisión podrá solicitar al Juez competente, y este facultativamente, conceder la libertad condicional, cuando haya cumplido la mitad de la pena impuesta en sentencia ejecutoriada; en este caso, el Juez pedirá al Instituto de Criminología, para su mejor información y resolución, el diagnóstico y pronóstico criminológicos del penado y un informe en que conste, si el solicitante ha cumplido o no el tratamiento básico prescrito. El Instituto de Criminología podrá también solicitar en cualquier momento la libertad condicional, si el Juez hubiere denegado el beneficio cuando el reo lo solicitó y al efecto acompañará los documentos a que este artículo se refiere".

En diciembre pasado, Keylor Eli Gamboa Muñoz, de 19 años, falleció en un intento de asalto contra él y su novia, y el  principal sospechoso del asesinato es un hombre de apellido Zepeda Rubí, de 34 años, gozaba del beneficio semi-institucional y cumplía una condena por el delito de robo agravado.

Precisamente, esto llevó al Fiscal General, Carlo Díaz, a presentar un recurso de inconstitucionalidad, precisamente contra los artículos 172 y 177, entre otros, Reglamento del Sistema Penitenciario Nacional, ya que a su criterio significan un "vencimiento de la pena".

"A través del mismo, las autoridades penitenciarias en cuestión, en lugar de ejecutar la sentencia tal y como se ordenó por los órganos jurisdiccionales, proceden a otorgar, al margen de la Constitución Política y de la ley, la libertad anticipada de la persona sentenciada, arrogándose funciones que no le competen, por cuando, dicho nivel en la práctica se materializa como especie de beneficio carcelario, pero establecido por ley", señaló el Fiscal a los magistrados constitucionales.

CRHoy.com dio a conocer que un total de 77 personas, del 2010 al 2019, fueron asesinadas por privados de libertad que lograron obtener el beneficio carcelario del régimen semi-institucional por parte el Instituto Nacional de Criminología, ente adscrito al Ministerio de Justicia, según un estudio realizado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El estudio realizado por el OIJ determinó que, en ese periodo, se cometieron más de 6 mil delitos por personas con dicho beneficio y en los tres primeros lugares se ubican el robo agravado, infracción a la ley de psicotrópicos y a la ley de violencia contra la mujer.

En un estudio de las actas del Consejo de Gobierno, CRHoy.com, evidenció que de mayo del 2022 a febrero del 2023 pasado, disponibles en el sitio web de la Presidencia de la República, no ha existido ninguna discusión sobre el tema de la seguridad ciudadana, ni siquiera ante el récord de homicidios, que incluso provocó que la embajada de Estados Unidos emitiera una alerta a sus ciudadanos.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, por medio de un video difundido por Casa Presidencial, el 13 de marzo del 2023, en horas de la noche, detalló la necesidad de iniciar el diálogo nacional "para definir acciones y reformas que nos dé por primera vez en una década, una política de seguridad nacional", evidenciando que no existe la llamada "Ruta de la Seguridad"; incluso trasladó la responsabilidad de la aprobación de proyectos y reformas al Código Penal y Procesal Penal a los diputados.

La expresidenta Laura Chinchilla indicó este 15 de marzo del 2023 que la construcción de una política para resolver la inseguridad obedece a una "profunda ignorancia".

"Veo dos razones, una profunda ignorancia, cosa que me extrañaría porque sí tengo que reconocer que al frente de las carteras más importantes que tienen que ver con este tema, hay gente con mucha experiencia y segundo, simplemente no querer escuchar lo se ha venido diciendo, es más que evidente".

En un artículo de opinión publicado en el diario La Nación, en enero pasado, Chinchilla hizo 5 recomendaciones en materia de seguridad ciudadana:

1. Formular una estrategia integral basada en evidencia, con participación interinstitucional y movilización social y comunitaria.
2. Reactivar el Consejo Nacional de Seguridad Pública como órgano máximo de coordinación.
3. Mejorar la asignación de recursos financieros, humanos y tecnológicos a los cuerpos de seguridad y exigirles resultados y rendición de cuentas
4. Actuar sobre los principales factores de riesgo detrás de la violencia criminal, en el especial armas de fuego y crimen organizado
5. Movilizar a las instituciones del sector social, en asocio con las comunidades y los gobiernos locales para la prevención

Un estudio publicado por la Red de Conocimiento sobre Seguridad Ciudadana (Conose) concluye que los megaoperativos sí impactaron en la criminalidad que se registró en el país entre 2018-2021, esto durante la administración de Carlos Alvarado.

"En general, se encuentra que los megaoperativos reducen los crímenes en el país y, particularmente, se encuentra que estos contribuyen a la reducción de asaltos, hurtos, robos, robos de vehículos y armas de fuego", concluye el estudio llamado "Medición del efecto de los megaoperativos policiales en Costa Rica".

Dentro de los hallazgos del estudio se determinó que de los 13.969 megaoperitivos en los 16 cantones de San José; la mayoría de acciones se ejecutaron en Desamparados (2076), San José (1922) y Aserrí (1041).

Además, que los cantones con mayores niveles de Índice de Desarrollo Humano (IDH), vieron una reducción en la cantidad de hurtos y robos semanales. Y ante esto hay dos hipótesis: ante un mayor nivel de desarrollo, hay una mayor confianza en la policía, a mejores condiciones de infraestructura y a una mejor calidad de las instituciones en las zonas intervenidas, lo que permite un mejor servicio policial.