Hacienda deja de recaudar ¢50.000 millones por creciente informalidad
Sector informal de la economía conglomera a más de un 45% de los trabajadores del país y podría crecer debido al COVID-19
(CRHoy.com).- Hay una enorme fuente de posibles ingresos tributarios en la que el Gobierno no mete la mano. Si lo hiciera, también ayudaría a mejorar las condiciones laborales para un millón de personas.
Esa veta es el sector informal de la economía, en el que día a día se desenvolvían, antes del golpe del COVID-19, más de un 45% de los trabajadores de acuerdo con el último Estudio Económico Costa Rica 2020, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Esa porción podría aumentar en tamaño y complejidad a raíz de la pandemia y los destrozos que deja en la economía costarricense.
De acuerdo con el estudio "Informalidad en la economía costarricense y su impacto en los ingresos fiscales", que elaboró el Ministerio de Hacienda a finales del 2019, el Gobierno deja ir un 0,15% del producto interno bruto (PIB) en recaudación de impuestos debido a la existencia de un enorme sector informal en el que interviene muy poco para achicarlo.
Ese porcentaje, en el 2018, equivalió a ¢50.667 millones en impuestos no recaudados. El monto se desglosa en ¢43.870 millones en el sector informal no agrícola y en ¢6.796 millones en el empleo informal, de acuerdo con el análisis de Hacienda.
Hay empleo informal y empresas instaladas en la informalidad. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), los trabajadores informales son aquellos que carecen de seguridad social financiada por su empleador, quienes solo reciben pago en especie o por una única vez, o quienes incluso no son remunerados.
También están en la informalidad aquellas personas que trabajan por cuenta por propia o que tienen empresas y contrata personal sin estar constituidas en sociedad, es decir, que no están inscritas en el Registro Nacional de la Propiedad y no llevan una contabilidad formal en forma periódica. Tampoco declaran ante Hacienda, ni pagan cuotas a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Para Hacienda, además, el sector informal se compone del empleo informal que existe dentro del sector formal. En esas condiciones el Ministerio logró contabilizar a 96.011 personas quienes no estaban aseguradas por su patrono. El estudio de esa cartera determinó que en total hay 600.576 ocupados que se encuentran dentro de la informalidad, la cifra representa a un 31,8% del total de ocupados del país.
El caso de los asalariados informales
Lo que hizo la cartera que dirige Elian Villegas fue tomar los criterios de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) para obtener las bases de los sectores que conforman la informalidad y a partir de ahí estimó los ingresos que el Estado dejó de percibir.
Hacienda tomó como dato inicial para estimar el monto de los eventuales ingresos que el Gobierno no recauda la población ocupada no agrícola del sector informal y lo cruzó con la información disponible para cada una de las categorías ocupacionales.
Así, logró determinar que los asalariados privados de la población ocupada no agrícola del sector informal dejan de pagar por el impuesto sobre la renta alrededor de ¢12,724 millones. Este grupo de la informalidad corresponde a un 99,4% del total de trabajadores en condición irregular.
Al ver el dato desde los rangos del impuesto sobre la renta, el grueso de los recursos que Hacienda no recauda a causa de la informalidad, unos ¢10.485 millones anuales, se encuentra en la porción sobre el exceso de ¢1.199.000, por el que los asalariados formales pagan una tasa de un 15%.
El resto de los impuestos que no ingresan al erario están en el tramo sobre el exceso de ¢799.000 y hasta ¢1.199.000, al que se lo cobra una tarifa de un 10% de renta. El monto que deja de percibir Hacienda por la informalidad de los trabajadores en ese rango es de ¢2.239 millones anuales.
Patronos en informalidad dejan de pagar millones
Contrario a lo que ocurre en el sector formal de la economía, en el que los patronos tienen que soportar una pesada carga de impuestos sobre sus hombros, en la informalidad los empleadores se ahorran muchos millones de colones en tributos.
El estudio de Hacienda determinó que la cifra que deja de recaudar el impuesto sobre la renta en este cúmulo asciende a casi ¢5.000 millones anuales al no gravar a 9.700 emprendedores.
Las ganancias para el sector patronal están exentas hasta los ¢3.549.000 millones. El Ministerio estima que sobre el exceso de ese monto y hasta los ¢5.299.000 deja de percibir ¢102 millones anuales en impuestos (tarifa de un 10%), en el tramo que va hasta los ¢8.840.000 (15%) la suma asciende a los ¢997 millones.
En el siguiente escalón del impuesto sobre la renta, hasta los ¢17.716.000 (tasa del 20%) el Estado deja de cobrar ¢1.105 millones anuales y en el último, que grava el exceso sobre los ¢17,7 millones con una tasa de un 25%, el monto anual que no ingresa al Gobierno es de ¢2.703 millones al año, a causa de la informalidad en la operación de empresas.
Pero la cifra se dispara cuando se trata de estimar el monto que dejan de pagar por el impuesto sobre la renta los trabajadores por cuenta propia. Para el periodo 2018 Hacienda determinó que la cifra llegó a los ¢26.164 millones.
Hacienda concluyó que, al disponerse de estimaciones acerca de la magnitud del empleo informal y las condiciones de estos patrones de empleo, se pueden crear programas con cierto grado de especificidad que generen un funcionamiento del mercado.
"Se exponen estos datos con la finalidad de que las autoridades correspondientes y en este caso las de la Administración Tributaria, busquen las mejores vías para mitigar el impacto negativo y sobre todo fiscal que genera el sector informal y en general de la economía informal", se justificó en el informe.
El gobierno del presidente Carlos Alvarado presentó hace dos semanas una propuesta para negociar un servicio ampliado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $1.750 millones. La propuesta para obtener el financiamiento adicional para sus gastos durante los próximos años se basa en un fuerte aumento de la carga tributaria para el sector formal de la economía. Sin embargo, adolece de una omisión total sobre la posibilidad de obtener ingresos formalizando a los trabajadores y empresas que operan al margen de la legalidad.
Llamado desoído por Gobierno
La informalidad es un virus complejo con las características de una epidemia en la economía costarricense y su origen yace en múltiples fuentes.
El diagnóstico está claro, no así el remedio. El origen del mal de la informalidad está en problemas estructurales como el exceso de regulaciones y trámites que dificultan que los pequeños y medianos emprendimientos decidan dar el salto hacia el sector formal; el engorroso camino que hay que seguir para tramitar licencias y permisos para que las pymes se formalicen; y los elevados costos en materia de seguridad social son, entre otros, parte de la problemática que enfrenta el país para aumentar el porcentaje de trabajadores y empresas formales.
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) ha hecho llamados al Gobierno para que refuerce los controles sobre el sector informal de la economía.
Hasta ahora, esos llamados no han provocado cambios de relevancia y los empresarios formalizados le siguen reclamando a Hacienda por enfocarse en la fiscalización de negocios que contribuyen al fisco, en lugar de volver los ojos hacia los que están fuera de sus controles.
Uccaep define a ese sector como el "verdadero enemigo de la hacienda pública y el mayor competidor del sector formal".
Por su parte, la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) expresó en el contexto del debate del proyecto de ley contra la adulteración, imitación y contrabando de bebidas alcohólicas que las regulaciones del Estado deberían de enfocarse en atacar al sector informal y no a la industria establecida, que ya de por sí es muy vulnerable a la competencia desleal.
En su Estudio Económico Costa Rica 2020, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) afirma que las probabilidades de que el sector informal crezca en el país son muy altas, debido al impacto de la pandemia en la economía.
El grupo de 37 países reseñó que la informalidad afecta con particular énfasis a las mujeres y trabajadores poco calificados, así como a los migrantes, las personas con discapacidad y la población indígena.
"No hay una solución mágica para reducir la informalidad. Se requiere una estrategia integral, como se recomienda en Estudios Económicos anteriores de la OCDE (2016 y 2018). Dicha estrategia debería cubrir diferentes áreas de política, incluyendo las regulaciones laborales y comerciales, los impuestos o las habilidades", subrayó la Organización.
En el análisis sobre el estado de la economía costarricense la OCDE destacó la decisión del Gobierno de reducir las tasas de contribución en una medida temporal (4 años) para las pequeñas empresas que emplean entre 1 y 5 trabajadores. La experiencia, según el ente multilateral no financiero, ha resultado en otras naciones de Latinoamérica, como Colombia.
La Organización recomienda además establecer una estrategia integral para reducir la informalidad, que incluya trasladar parte de la carga tributaria de las contribuciones de la seguridad social a los impuestos a la propiedad y fortalecer los mecanismos para garantizar su observancia.
