Guardados en cajas: escáneres donados para Caldera y Japdeva tienen 7 meses sin salir del Aeropuerto
Han transcurrido 204 días desde que llegaron al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría los dos escáneres donados por el Gobierno de Estados Unidos para ser instalados en los puertos de Caldera, en Puntarenas, y Moín, en Limón, con el fin de detectar cargamentos de droga.
Pero, siete meses después, los dispositivos no han sido instalados y ni siquiera han salido de la terminal aérea rumbo a su destino final: siguen guardados en cajas en la Base 2, dentro de las instalaciones del Servicio de Vigilancia Aérea (SVA).
Así lo corroboró CR Hoy mediante una inspección visual y la confirmación del propio ministro de Seguridad, Mario Zamora.
La administración de Rodrigo Chaves y el Ministerio de Seguridad Pública no solo incumplieron la promesa de tenerlos en funcionamiento a inicios de año, como habían anunciado, sino que los escáneres ni siquiera han sido desalmacenados ni movilizados hacia los muelles donde deben colocarse.
Están encajonados dentro de contenedores a la intemperie, en las afueras de los hangares donde se resguardan las avionetas y helicópteros de Vigilancia Aérea, a pesar del largo periodo transcurrido desde su entrega por parte de la Embajada de EE. UU. a las autoridades costarricenses.
Fue el 19 de noviembre cuando arribó la donación al país. Estos dos escáneres deben instalarse en el muelle administrado Gastón Kogan por la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), así como en Caldera, el principal puerto de la costa pacífica costarricense.
En el acto de entrega de ese día, Mario Zamora afirmó que para inicios de año ambos equipos ya estarían funcionando.
Pero en todo el tiempo transcurrido, los dispositivos ni siquiera han salido de Alajuela, como pudo constatar CR Hoy durante una visita realizada el miércoles, en la cual se cuestionó al ministro, quien reconoció que los escáneres todavía están en el aeropuerto.
"Los escáneres los tenemos aquí en Costa Rica… es más, son aquellos que están ahí guardados (señala hacia fuera de cámara).
Es el tema de la infraestructura técnica y eléctrica que se está construyendo tanto en Caldera como en Japdeva, lo que estamos implementando y esté lista para efectos de poner las máquinas a funcionar
Esperábamos que iba a ser durante el primer semestre, vamos a hacerlo más bien casi en el mes de setiembre", señaló el jerarca ante los cuestionamientos sobre los retrasos.
El ministro justificó la tardanza alegando que no se trata únicamente de poner en marcha los aparatos de revisión, sino también de una “toma” de control en los puertos de Caldera y Moín, lo que implica capacitar a oficiales para operar las máquinas.
El propio mandatario tuvo que reconocer el retraso. Así lo hizo durante el programa televisivo de Presidencia el pasado 28 de mayo.
“Vea, nos hemos atrasado un poco con respecto al hecho de que el Comando Sur de los EE. UU. nos donaron los escáneres”, añadió Rodrigo Chaves el pasado miércoles, culpabilizando de los atrasos a la contralora general Marta Acosta (que no tiene relación con este proceso) e incluso, a los mismos oficiales estadounidenses que asesoran al gobierno en la instalación.
El caso Embassy dado a conocer esta semana, mostró la urgencia de estos escáneres en otras terminales más allá de la TCM administrada por APM Terminals.
Dos estructuras criminales dedicadas al trasiego transoceánico de estupefacientes, utilizaron el puerto de Japdeva para hacer llegar sustancias ilícitas ocultas dentro de mercancía legal hasta Europa.
Dado que allí no existen estos controles, para las bandas fue más sencillo exportar el producto ilegal mezclado entre cargamentos de fruta y otros bienes que tenían como destino Países Bajos, Bélgica, España, Portugal y Alemania.
En total, fueron al menos 29 los contenedores contaminados por las dos bandas desmanteladas este miércoles, que sumaron 5,4 toneladas entre lo que llegó a Europa y lo que no logró salir de Costa Rica.
Los dos escáneres donados por el país norteamericano incluyen los costos de instalación y capacitación del personal, por un total de $19,5 millones; es decir, unos ¢9.913 millones al tipo de cambio actual. Por ende, el Gobierno ni siquiera debía incurrir en gastos adicionales.
La intención del Poder Ejecutivo es que se utilicen para la detección de droga mediante el escaneo de contenedores en Caldera o Moín, sin necesidad de abrirlos ni de inspeccionar físicamente la carga, tal como ocurre en la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).
El pasado 17 de enero, apenas iniciado el año, CR Hoy había consultado al ministro Zamora sobre el avance del proyecto, más de cinco meses antes de que reconocieran los atrasos. En aquel momento, insistió en que estarían a tiempo.
“Se anunció que era para el primer trimestre del 2025, nos estamos moviendo dentro del plazo anunciado”, señaló el jerarca, aunque sus propios resultados terminaron demostrando otra cosa.
Deficiencias en los escáneres
El gobierno de Rodrigo Chaves no solamente ha incumplido con instalar los escáneres en todos los puertos y puestos fronterizos del país como ha prometido desde el inicio de su administración, sino que también incumplió con revisar absolutamente todos los cargamentos, como también habían asegurado.
“No ha salido un kilogramo, una onza, un gramo ni un grano de cocaína desde que lanzamos la operación Soberanía”, afirmó contundentemente el mandatario el 7 de septiembre de 2023 mientras alabó su propia gestión.
Unas semanas antes de ese acto, en medio de la inauguración y puesta en funcionamiento de estos dispositivos en la TCM de Limón, el ministro de Seguridad prometió que todos y cada uno de los contenedores que transitaran por ese puerto serían sometidos a revisión.
Alrededor de año y medio después de aquellas declaraciones, una primera evaluación de esos controles desmantelaron el discurso sistemático de Chaves, Zamora y el Poder Ejecutivo sobre el control real que ejercen sobre los cargamentos exportados por el Caribe costarricense y demostraron que menos de la mitad pasan por el filtro de los escáneres.
Un informe de auditoría dado a conocer en abril pasado por la Contraloría General de la República señala que, durante 2024, solo el 48 % de las unidades de transporte movilizadas en Moín fueron inspeccionadas, lo que evidencia una brecha en la cobertura requerida.
Aunque con los escáneres en funcionamiento se han detectado 17 cargas con droga y 22 unidades de transporte con mercancías subdeclaradas, no puede haber certeza sobre si en el restante 52 % de los contenedores hubo o no contaminación de los productos con droga.
Por ende, no es exacto afirmar que se erradicó la exportación de estupefacientes camuflados en contenedores, como han manifestado en reiteradas ocasiones las autoridades.
El estudio DFOE-FIP-IAD-2-2025 detalla que la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) cuenta con 10 básculas y 3 escáneres integrados con cámaras que reconocen las matrículas y los números de identificación de las unidades de transporte, además del Sistema de Tecnología de Información para el Control Aduanero (TICA). Esa información es analizada en el Centro Integrado de Identificación de Objetivos (CIIO).
Sin embargo, no existe un manual operativo que determine la estructura, los flujos y los procesos sobre el funcionamiento del CIIO para la aplicación del control no intrusivo desde este centro.
Además, es la propia ley indica que el equipo de control no intrusivo debe funcionar para el 100% de las mercancías importadas y exportadas en todos los puestos, puertos marítimos, aeropuertos y pasos fronterizos terrestres. Sin embargo, ni siquiera el puerto de Moín, que es el único que cuenta con escáneres, revisa la totalidad de los contenedores.
Si esto no se corrige, un alto porcentaje de mercancías que ingresan, salen y transitan en el país seguirá sin revisión. De hecho, actualmente el 73% de los productos que pasan por las fronteras no son inspeccionados.
Meses atrás, el ex subdirector regional de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), James Kuykendall, un inspector jefe de la Policía antinarcóticos de España y un alto representante de APM Terminals, empresa administradora del puerto de Moín que tiene escáneres instalados para detectar droga, señalaron a CR Hoy que la instalación de estos dispositivos son una importante medida para combatir el narcotráfico internacional, pero no son una solución definitiva al flagelo de la droga que ha inundado el país.
A esto se suma el criterio de las autoridades judiciales como el fiscal general Carlo Díaz y el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, ambas entidades a cargo de investigar el crimen organizado y los asesinatos derivados de sus negocios, las cuales concluyen que los escáneres no representan una solución real a la crisis de inseguridad que azota a la población.
