Golpeados por la inseguridad y el desorden público
Recientemente presenciamos dos eventos que, dadas sus características, se volvieron noticiosos: la comisión de siete crímenes en tan sólo veintidós horas durante un fin de semana y el bloqueo, sin razón alguna, de una de las principales carreteras del país -Ruta 27- por un numeroso grupo de motociclistas. Ambas situaciones reflejan el lamentable estado de dos de las áreas más descuidadas y peor gestionadas del actual gobierno: la seguridad ciudadana y el orden público.
En el ámbito de la seguridad ciudadana, aunque es mucho lo que ya se ha documentado y analizado, persistiremos en señalar la gravedad de la situación. Esto no se debe a que guardemos la esperanza de una reacción de las autoridades gubernamentales, ya que su tiempo ha pasado y no han mostrado voluntad de actuar. Más bien, buscamos hacer conciencia entre los ciudadanos ante las decisiones políticas que se avecinan. Si las personas no demandan un cambio de rumbo, el país se nos escapará de las manos.
El crimen organizado transnacional y las bandas criminales criollas asociadas a él se han fortalecido en los últimos años. Según estimaciones del OIJ, en el 2024 más de 4.000 personas podrían haber estado vinculadas a 200 grupos de crimen organizado en territorio nacional. El trabajo encomiable de desarticulación que realizan la policía judicial y la fiscalía resulta insuficiente y no es correspondido con las acciones de prevención que le corresponden al gobierno. El ejemplo más desalentador de la inacción gubernamental se expresa en el hecho de que cinco años después del fin de la pandemia de Covid 19, 157 mil jóvenes entre 15 y 24 años no estudian ni trabajan, es decir, el 24% de nuestra juventud se encuentra en una posición de vulnerabilidad frente a la criminalidad.
La inacción frente al crimen organizado se manifiesta también en la ola de asesinatos que viene golpeando al país. En tan sólo una década, Costa Rica pasó de ser uno de los cinco países con la tasa de homicidios más baja de América Latina (8.7 homicidios por cien mil habitantes en 2013), a convertirse en el segundo país más violento de Centroamérica y el sétimo en el ámbito latinoamericano (17,2 homicidios por cien mil en 2023). Algo especialmente alarmante es que las llamadas "muertes colaterales" o víctimas inocentes, aumentaron en un 1,200% en tan sólo cinco años, al pasar de 4 víctimas en 2019 a 52 en 2023. Frente a eso, sigue resonando la irresponsable frase presidencial de que "se matan entre ellos", lo que no sólo demuestra un desprecio por la vida misma, sino también un desinterés por resguardar la vida de ciudadanos inocentes, el deber primordial de todo mandatario.
A la crisis de inseguridad se suma el creciente deterioro del orden público, cuya manifestación más evidente es el caos, la agresión y la violencia presentes en las carreteras del país. En 2023, se registraron 936 muertes por accidentes de tránsito, lo que representa una tasa de 18 por cada cien mil habitantes, la más alta en la historia del país. Al mismo tiempo, los incidentes provocados por grupos de motociclistas que bloquean las vías son cada vez más comunes, y se incrementa el número de conductores que operan este tipo de transporte sin registro, seguro ni identificación. Con un accidente reportado cada nueve minutos, según datos de la Cruz Roja, las carreteras se han convertido en "tierra de nadie", carentes de autoridad que supervise y controle la situación. Esto es especialmente preocupante dado que, pese al incremento de la flotilla vehicular, la policía de tránsito dispone de solo 624 oficiales, una cifra alarmantemente baja en comparación con los aproximadamente 1,050 oficiales que había hace una década.
Nos encontramos ante un panorama desolador en términos de seguridad y orden público. El mensaje de desidia y negligencia que transmiten las autoridades gubernamentales, buenas para vociferar pero inútiles para actuar, es captado por el hampa y por todos aquellos que se sienten tentados a generar desorden y a infringir la ley. Así, son ellos, y no los ciudadanos de bien, quienes hoy están ganando el control del espacio público en nuestro país.