Gobierno usa narrativa de crisis financiera en la CCSS para concentrar poder, señala informe
El Gobierno usa la narrativa de crisis financiera en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para concentrar poder, así lo indica el informe de mayoría de la Investigación sobre el estado actual del régimen financiero y actuarial de la CCSS) de la Comisión Permanente Especial para el Control de Ingreso y Gasto Público.
Un ejemplo de esto es la suspensión de directivos y persecución política que se ha generado dentro de la institución. En setiembre de 2022 la Junta Directiva acordó descongelar un aumento salarial de ¢7.500 y Rodrigo Chaves aseguró que destituiría a los directivos si no revertían el acuerdo.
A raíz de esto se destituyó a Álvaro Ramos, expresidente ejecutivo y a los exdirectivos José Loría, Martha Rodríguez, Jorge Arturo Hernández, Carlos Salazar y Maritza Jiménez. La Sala Constitucional ordenó la reinstalación en el cargo de los directivos.
Según el informe, la verdadera causa de la separación fue haber sostenido, públicamente y con evidencia, que la institución no estaba quebrada, contradiciendo el discurso del Poder Ejecutivo.
Para sostener la narrativa de la CCSS se encuentra en quiebra, el Gobierno utilizó estudios actuariales "inconsistentes y modificados arbitrariamente" sin aprobación de la Junta Directiva.
"Esta narrativa sirvió como fundamento para remover a personas funcionarias que se opusieron a decisiones como la aplicación de la regla fiscal, la no exigencia del pago de la deuda estatal, o el traslado irregular de personal a Casa Presidencial", establece el informe.
Por ejemplo, Carlos Salazar, exrepresentante del Estado en la Junta Directiva fue suspendido por disentir técnicamente. Carolina Arguedas fue relegada por denunciar acoso laboral de parte de Marta Esquivel.
"(Estos casos) evidencian un patrón más amplio de represalia institucional y hostigamiento interno, que socava la transparencia, la deliberación y la autonomía de la gestión administrativa de la CCSS", se aseguró.