Gobierno solicita a PGR tramitar acción de inconstitucionalidad contra Ley de Imprenta
Tras condena al Estado por parte de Corte IDH por violar la libertad de expresión a 2 periodistas del periódico La Nación
(CRHoy.com).-El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, anunció este miércoles que el Consejo de Gobierno le solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) tramitar ante la Sala Constitucional la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 7 de la Ley de Imprenta.
Este articulado de la Ley de Imprenta establece penas de cárcel para el periodista y el editor acusados de calumnias o injurias por la prensa.
Literalmente el artículo que la Presidencia busca que se declare inconstitucional dice:
Los responsables de calumnia o injuria cometidos por medio de la prensa, serán castigados con la pena de arresto de uno a ciento veinte días. Esta pena la sufrirán conjuntamente los autores de la publicación y los editores responsables del periódico, folleto o libro en que hubiere aparecido. Si en el periódico, folleto o libro, no estuviere estampado el nombre de los editores responsables, se tendrán como tales para los efectos de este artículo, los directores de la imprenta, y si no los hubiere, la responsabilidad de éstos recaerá sobre el dueño de la imprenta. Pero si ésta estuviere arrendada o en poder de otra persona por un título cualquiera, el arrendatario o tenedor de ella asumirá la responsabilidad dicha del dueño, siempre que de esa tenencia se hubiere dado aviso al Gobernador de la provincia.
La decisión del Poder Ejecutivo de pedir la tramitación de esta acción de inconstitucionalidad se da luego de que en septiembre pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenara al Estado de Costa Rica por violar la libertad de expresión a 2 periodistas del periódico La Nación en el año 2007 (ver nota abajo).
El presidente Chaves dijo que con esta solicitud a la PGR su administración da muestras de respeto a la libertad de prensa y expresión.
No significa que siempre estemos de acuerdo con la manera en que todos los medios ejerzan esa libertad, pero el principio de libertad es absolutamente incuestionable y el artículo 7 de la Ley de Imprenta pone límites a esa libertad, por lo que el Consejo de Gobierno tomó la decisión de promover esta acción de inconstitucionalidad, dijo Chaves.
Tras el anuncio del Poder Ejecutivo el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica (Colper) manifestó su respaldo a la solicitud del Consejo de Gobierno.
"Reconocemos el alto valor de la decisión anunciada por el mandatario Rodrigo Chaves Robles, que se orienta en los más altos estándares de protección de la libertad de prensa señalados por organismos internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos", señaló Belisario Solano, presidente de la Junta Directiva del Colper.
La sentencia de la Corte IDH
El pasado 6 de septiembre trascendió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a Costa Rica por violentar a la libertad de pensamiento y expresión de dos periodistas del periódico La Nación, en un caso que se les abrió a raíz de una publicación hecha el 17 de diciembre de 2005.
Se trata de los periodistas Rónald Moya Chacón y Freddy Parrales Chaves, a quienes ese año el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José los encontró responsables civilmente de causar un "daño moral" a un jefe policial de apellidos Trejos Rodríguez, con una nota en la que se mencionaba que este era objeto de una investigación penal.
En ese momento la información fue confirmada por el entonces ministro de Seguridad Pública, Rogelio Ramos Martínez; sin embargo, a criterio del órgano jurisdiccional, lo correcto era acudir a la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia para ratificar el dato que les había proporcionado el jerarca.
"La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia declaró la responsabilidad internacional del Estado de Costa Rica por la violación del derecho a la libertad de pensamiento y expresión de los periodistas Rónald Moya Chacón y Freddy Parrales Chaves como resultado de la imposición de una condena civil por la publicación de una nota de prensa del 17 de diciembre de 2005, en la cual se daba cuenta de presuntas irregularidades que habrían tenido lugar en el control del trasiego de licores hacia Costa Rica en la zona fronteriza con Panamá, en la que se mencionaba a distintos funcionarios policiales que habrían estado involucrados en dichos hechos", indicó el presidente del órgano, Ricardo César Pérez Manrique, al notificar el fallo del 23 de mayo de 2022.
Por unanimidad, los jueces determinaron que el Estado es responsable por la violación del artículo 13.1 (derecho a la libertad de pensamiento y expresión) y 13.2 (ejercicio del derecho sin censura previa) de la Convención Americana de Derechos Humanos.
En virtud de lo anterior, ordenó a Costa Rica dejar sin efecto la atribución de responsabilidad civil a los periodistas, realizar las publicaciones necesarias y cancelar una indemnización por daño "inmaterial" -adicional a las costas procesales- a los comunicadores. El Estado deberá rendir un informe sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de la sentencia en el próximo año; el caso se cerrará hasta el cumplimiento íntegro del fallo.