Gobierno recluirá a los privados de libertad más peligrosos en pabellones que no son aptos para ello

Hace dos semanas, el gobierno del mandatario Rodrigo Chaves Robles anunció con bombos y platillos la "transformación" de áreas penitenciarias existentes en celdas de máxima seguridad.

Fue el ministro de Justicia, Gerald Campos Valverde, quien dio el anuncio durante el programa televisivo semanal de Casa Presidencial a inicios de abril, y esta semana lo reiteró.

En su discurso, el jerarca reconoció que las cárceles del país solo cuenta con 80 espacios con las condiciones apropiadas para reclusos de la más elevada peligrosidad.

Pero, sin brindar mayores detalles ni explicaciones sobre cómo lograrlo, de la noche a la mañana, el Ministerio de Justicia y Paz ahora afirma tener mil espacios disponibles, con la posibilidad de aumentarlos a 2.000.

Incluso se anunció que la medida sería inmediata y que ese mismo miércoles 9 de abril ya se estaban trasladando privados de libertad. Textualmente, lo que indicó Campos fue:

"Aquí en Costa Rica lamentablemente solo hay campo para 80, ayer (8 de abril) dimos la orden y estamos habilitando mil campos para máxima seguridad.

Hoy (9 de abril) se están pasando los primeros 100 y el mensaje es: la gente mala va a estar ahí", señaló tras hablar de su visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador.

El mandatario Chaves respaldó esta medida, apuntándola como la solución para abrir lugar en las cárceles del país. En ese mismo evento, el gobernante dijo:

Aquí lo que nosotros estamos haciendo es preparando al sistema penitenciario para cuando el Poder Judicial decida hacer su responsabilidad y la Asamblea Legislativa me imagino en el futuro, cambie las leyes de la alcahuetería que hay. Podemos construir la cárcel que sea y va a permanecer vacía. 

Sin embargo, lo único que hizo la administración penitenciaria bajo la tutela de Campos fue modificar la categorización de algunos espacios, para denominar como de máxima seguridad a pabellones que no fueron diseñados para la mayor retención de personas.

Así se desprende de la resolución DVJ-008-04-2025, emitida por la Dirección General de Adaptación Social el 9 de abril, a la cual CR Hoy tuvo acceso.

El documento simplemente declara como espacios de alta contención algunas áreas de La Reforma que antes se destinaban a convictos con perfiles menos violentos o peligrosos.

La resolución ordena que ahora los ámbitos D, el Ámbito E y los módulos B-3 y B-4 del Ámbito B del Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, en San Rafael de Alajuela, pasen a ser utilizados como alta contención o "máxima seguridad", como les llamó Gerald Campos en el anuncio.

No obstante, esos espacios no cuentan con las mismas condiciones ni infraestructura que tiene el Centro Nacional de Atención Específica, nombre formal de la sección de máxima seguridad.

Al menos cuatro fuentes con amplio conocimiento del sistema penitenciario, consultadas por CR Hoy, coinciden en que esos ámbitos catalogados ahora como de alta contención no cumplen con las mismas características de resguardo que los pabellones realmente credos para para máxima seguridad.

Mediana cerrada

Un antiguo jerarca de ese ministerio, un experto en Derecho que laboró en el despacho ministerial, un abogado penalista y un representante sindical coinciden en que estos ámbitos designados ahora como de alta contención no pertenecían anteriormente a máxima seguridad, dado que esas celdas no fueron construidas para albergar a los criminales más peligrosos del país, como pretende el ministro Campos.

Por ejemplo, en el ámbito D se recluía a personas en lo que popularmente se conoce como "mediana cerrada", el nivel de contención previo a máxima seguridad. Este sí era considerado de contención elevada, pero no la mayor.

En otro zona, lejos de ser de máxima seguridad, los módulos del Ámbito B están ubicados en un sector de baja contención, conocido como "mínima abierta", y han sido utilizados históricamente como tal.

A los especialistas consultados por CR Hoy —cuyas identidades se resguardaron en dos casos— les resulta extraña la decisión, dado que incluso algunos de los módulos redefinidos como de máxima seguridad son estructuras y pabellones no contiguos, separados por hasta 600 metros entre sí, lo que podría generar riesgos.

Esta redefinición de zonas no implica ningún cambio o mejora estructural que permita resguardar mejor a los privados de libertad, al menos no consta así ni en lo estipulado en la resolución, ni en el anuncio del ministro Campos.

En el documento no se refleja ningún estudio, análisis o criterio técnico que valide el cambio de denominación de estos pabellones; únicamente se justifica por la existencia de una “necesidad” y en el fundamento jurídico que autoriza el cambio.

"Se ha determinado la necesidad de redefinir el carácter de algunos espacios penitenciarios como "Espacios de Alta Contención", manteniendo los principios y reglas de atención diferenciada, pero ubicando a las personas en áreas que permitan una gestión más dinámica, segura (…)", cita como justificación el sétimo considerando de la resolución.

Otro aspecto es que la capacidad de 80 personas en máxima seguridad no está delimitada así solo por el número de celdas, sino también por la cantidad de policías penitenciarios disponibles para esa sección. Con esos 80 reclusos, ya no hay más posibilidad de retención.

Por ello, desde el punto de vista de la infraestructura y la capacidad operativa, la decisión de agrupar a mil personas en máxima seguridad genera gran preocupación, dado que las celdas de mediana cerrada (redefinidas como máxima) incluso presentan huecos en las paredes, según revelaron los informantes a este medio.

Esto lleva a considerar que la resolución únicamente disfraza una modificación que no se sostiene en condiciones de infraestructura, talento humano, labor operativa ni alcance logístico.

Además, el jerarca de Justicia ha vacilado entre terminologías, homologando los términos "máxima seguridad" y "alta contención".

Todas estas inquietudes se suman a que el sistema carcelario está sobrepasado y sobrepoblado. El país tiene alrededor de 16.000 privados de libertad a nivel institucional, según los datos de 2023, los más recientes publicados por el Ministerio de Justicia.

Preocupación

Esta preocupación es compartida por miembros de la Policía Penitenciaria. Marlon Carrillo, quien trabajó en máxima seguridad, es asesor sindical de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Carrillo confirmó que de acuerdo con la información que han recabado, los espacios categorizados ahora como máxima seguridad eran de otro tipo de contención, conocida como cerrada, que aunque también es una contención alta, no tiene las mismas características que el Centro Nacional de Atención Específica.

Allí el policía penitenciario custodia esto por medio de una caseta. Entonces, (con el ajuste) sí pondrían en riesgo a la población en general, porque al ser perfiles de muy alto riesgo, hay que ver como lo va a manejar el Ministerio o la administración. 

Nosotros nos enfocamos en que los derechos humanos y laborales sean respetados, tanto de como la población privada de libertad, como los policías penitenciarios, los administrativos, los choferes y en todo el cuerpo en general. 

El sindicalista también señaló que todavía no reciben noticias sobre si habrá algún rediseño de los pabellones de mediana cerrada, para darle las condiciones de máxima seguridad, dado que todavía el gobierno no ha detallado si habrá algún tipo de inversión o intervención.

También están a la espera de verificar dónde se colocarán los privados de libertad exactamente, dado que dentro de mediana cerrada hay pabellones menos seguros que otros.

Hay que ver si los van a ubicar en el sector que le llaman Puesto 7 en La Reforma, o fuera en otro de otro sector. Desde nuestro punto de vista hay que analizar y garantizar la seguridad de los policías, tanto hombres y mujeres que llegarán a trabajar en ese ámbito.

Rafael Rodríguez, abogado penalista explicó que hasta ahora no se ha realizado ninguna remodelación en las infraestructuras existentes y se desconoce si los estudios técnicos respectivos se realizaron para validar que las mismas cumplan las condiciones requeridas para ello, dado que las características de las unidades de máxima seguridad, son muy diferentes.

Por ejemplo, en los espacios de mediana cerrada ha ocurrido que los reclusos sacan las varillas de las paredes para utilizarlas como chuzos o puñales, o bien, destruyen los camarotes de madera para utilizar las tablas como armas. Por eso la preocupación sobre la seguridad del personal penitenciario y los propios privados de libertad.

Durante el programa televisivo de este 23 de abril, el ministro de Justicia y el mandatario Chaves se volvieron a referir a la reclasificación de pabellones como máxima seguridad y respondieron a los cuestionamientos que se han elevado contra la medida.

Ya nos presentaron recursos de amparo, hay gente molesta. Obviamente lo estábamos esperando. Cada una de estas acciones que hemos hecho hay un equipo técnico, profesional y legal previendo todos los posibles ataques; y si eventualmente nos hacen retroceder en las medidas que estamos implementando, le vamos a poner nombre y rostro a las personas que están siendo cómplices. 

En ese mismo programa más reciente, Chaves autoalabó la gestión de su administración en "ampliar" la capacidad de máxima seguridad, pese a que solo están cambiando de nombre espacios que ya existían.

"Yo cuando me di cuenta que en máxima seguridad en Costa Rica nada más había 80 personas, con el montón de "angelitos" que andan por ahí… Entonces me alegra", señaló el gobernante.

CR Hoy solicitó al Ministerio de Justicia más información sobre estos ajustes y los criterios técnicos que lo respaldan, así como autorizar una visita a estos módulos.