Gobierno rechazó proyecto sobre pensiones de expresidentes y presentó otro que sería inconstitucional
La presidenta Laura Fernández presentó un nuevo proyecto de ley para eliminar las pensiones de los expresidentes, luego de que avaló que su fracción rechazara uno con el mismo objetivo y que ya había avanzado en el Congreso. La diferencia es que el presentado por Fernández podría ser inconstitucional, defecto que no tenía el que fue rechazado por el oficialismo.
Ambas propuestas coinciden en eliminar este régimen, pero difieren en el tratamiento de las pensiones vigentes.
El proyecto del Gobierno plantea eliminar el pago de todas las pensiones alcanzadas por la reforma, incluidas las de expresidentes, desde la entrada en vigor de la nueva ley.
El texto archivado que fue presentado por el Frente Amplio (FA), no proponía suspenderlas de forma automática. Establecía que las pensiones ya otorgadas se suspendieran cuando sus beneficiarios recibieran otros ingresos superiores a tres salarios base, equivalentes a ₡1.386.600, según el salario base utilizado en 2021.
El FA compartía el objetivo de eliminar las pensiones de los expresidentes, pero advertía que retirar un beneficio ya reconocido podría ser inconstitucional. Para sustentar esa posición, citaba el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la Norma Mínima de la Seguridad Social y ratificado por Costa Rica.
También hizo referencia a una resolución de la Sala Constitucional relacionada con hijos e hijas mayores de 25 años que recibían pensiones derivadas de un exfuncionario del Poder Ejecutivo o de un exdiputado.
En ese caso, se pretendía suspender el pago debido a que las personas beneficiarias habían superado los 25 años. La Sala determinó que la medida afectaba una situación jurídica consolidada, pues el derecho a recibir la pensión ya había sido reconocido.
Con base en ese antecedente, el FA advertía que eliminar directamente las pensiones ya otorgadas podría generar un problema de constitucionalidad, que podía traerse abajo la iniciativa.
El Gobierno, por su parte, sostiene que sí es constitucional eliminar el pago de esas pensiones, aunque hayan sido otorgadas. Su argumento es que existe un derecho a recibir la pensión, pero no un derecho adquirido a mantener indefinidamente un determinado monto o beneficio.
La iniciativa del FA fue votada en la Comisión de Asuntos Sociales y recibió tres votos a favor y cinco en contra. Entre quienes votaron en contra estuvieron diputados de la fracción oficialista y la diputada Iztarú Alfaro, de Liberación Nacional.
Contradicciones de Fernández
La mandataria presentó el proyecto de ley luego de defender las pensiones de los expresidentes en dos ocasiones. Fernández y su ministro de Hacienda Rodrigo Chaves serían los próximos beneficiarios de la retribución.
Antes de las elecciones, Fernández hizo campaña oponiéndose a las pensiones de lujo y durante el traspaso de poderes se comprometió a eliminarlas. Sin embargo, ya en el poder, cambió de posición solo en las que refieren a los expresidentes.
En una conferencia de prensa de Consejo de Gobierno, Fernández dijo que el mandato de presidente tiene una serie de prerrogativas que lo hacen diferente y por lo tanto se justificaba la pensión. La semana pasada la defendió con más ímpetu, al decir que existía para evitar que los mandatarios en el poder beneficiaran a grupos económicos a cambio de que luego les dieran un trabajo.
Estas declaraciones le valieron críticas a Fernández, principalmente de la oposición, lo que la obligó a cambiar de parecer y presentar la iniciativa, con el defecto de que puede ser inconstitucional.
Una pensión de lujo se considera a aquella que está por encima de la retribución más alta que otorga el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que es de poco más de ₡1.765.000 y por la que su beneficiario no ha cotizado lo suficiente para recibirla.
Solo el expresidente Carlos Alvarado renunció a ella.