Gobierno rechaza plan de marihuana medicinal pero evita hablar de veto
(CRHoy.com) El gobierno anunció su rechazo al proyecto para legalizar la producción, comercialización y consumo de marihuana con fines medicinales y terapéuticos, así como del cáñamo con propósitos industriales, sin embargo, se opone a hablar de un veto al plan aprobado por los diputados el pasado 13 de enero.
El anuncio lo hizo este lunes en la tarde la ministra de Presidencia, Geannina Dinarte Romero, en una conferencia de prensa en la Casa Presidencial. A la ministra la acompañaron los jerarcas de Salud, Seguridad y Agricultura; Daniel Salas Peraza, Michael Soto Rojas y Renato Alvarado Muñoz; así como el director del Instituto Costarricense sobre Drogas, Sergio Rodríguez Fernández. En el anuncio no estuvo presente el Mandatario Carlos Alvarado.
La ministra Dinarte dijo que el gobierno no está vetando el proyecto todavía. A pesar de que el plazo para que el presidente Alvarado tome una decisión vence el próximo 31 de enero, la ministra insiste en que en ese lapso hay posibilidades para que el texto sea corregido.
Dinarte no precisó, a pesar de reiteradas consultas, cuál es la vía que propone el Ejecutivo para remendar el texto, dijo que las propuestas de cambio serán entregadas a los diputados en los próximos días.
En la conferencia de Salud, Daniel Salas Peraza, dijo que la preocupación del gobierno radica en los aspectos de autocultivo y autoconsumo, pues deja abierta la posibilidad de que personas que no necesitan de los productos a base de cannabis los logren obtener.
El ministro de Agricultura, Renato Alvarado Muñoz cuestionó que el sector agrícola del país no está capacitado para el desarrollo de esta industria.
El jerarca del ICD, Sergio Rodríguez Fernández, dijo que el proyecto tal y como está planteado no va en concordancia con tratados internacionales que el país ha suscrito en materia de regulación.
¿Qué pasa si Alvarado veta el proyecto?
Archivo CRH
Según el Reglamento de la Asamblea Legislativa, el texto con la justificación del Presidente de su veto tendrá que ser leído en el Plenario Legislativo en la sesión inmediata a su recibo.
Después de ello, el proyecto será remitido a la Comisión de Ambiente, que dictaminó afirmativamente el plan. En ese foro legislativo el expediente ocuparía el primer lugar del orden del día y los diputados deberán resolver en el plazo improrrogable de un mes.
La comisión tendrá que rendir un informe al Plenario sobre las objeciones del Poder Ejecutivo.
Si el informe de la comisión acepta las reformas propuestas por el Ejecutivo, se someterá a los 2 debates de ley en el Plenario.
En caso de que no sean aceptadas y se recomiende el resello (figura que deja sin efecto el veto presidencial), el informe se aprobará o se rechazará en una sola sesión del Plenario. Para ese resello, se necesita del voto afirmativo de 38 congresistas.
Lo que propone el proyecto
Imagen ilustrativa ( Archivo CRH)
Además de la legalización para los usos mencionados, el plan propone un impuesto del 1% sobre las utilidades que tendrían que pagar las personas físicas y jurídicas que se dediquen al cultivo.
Los recursos que se generen del cobro de este tributo se utilizarán para que el Ministerio de Agricultura brinde asesoría y acompañamiento a los productores; que el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social puedan realizar investigaciones y que la cartera de Seguridad combata el mercado ilegal.
También se fijó en 6 años los plazos de validez de las licencias para el cultivo o industrialización. Las licencias se renovarán por un período igual. El planteamiento además señala que un 40% de las licencias para el cultivo de cannabis de uso medicinal y terapéutico deberán ser otorgadas a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).
También, quedó establecido que las empresas que se dediquen a estas actividades productivas se puedan instalar en zonas francas, disfrutando de las condiciones que gozan estas inversiones, pero pagando este 1% sobre sus utilidades.
El texto también señala que las plantas de cáñamo que se usarán en esta industria no podrán tener más de un 1% del THC, es decir del componente psicoactivo que produce una alteración de la percepción y el estado de ánimo.
Por otra parte, el plan faculta a las universidades privadas para que de manera conjunta con las públicas y la Caja Costarricense de Seguro Social ejecuten investigaciones y produzcan en sus laboratorios medicamentos y productos de uso terapéutico autorizados por el Ministerio de Salud.
