Gobierno promete a Iglesia crear comisión para revisar norma técnica sobre aborto terapéutico
Trabajo arrancará en junio y estará a cargo de la ministra de Salud
(CRHoy.com) El gobierno de Rodrigo Chaves Robles se comprometió con la Iglesia Católica a crear una comisión, a partir de junio, para revisar la norma técnica para el aborto terapéutico o impune.
Así trascendió este jueves en la tarde tras una reunión que el presidente Chaves sostuvo con la Conferencia Episcopal, en la Casa Presidencial, a la que asistieron además los ministros de Presidencia, Salud y Relaciones Exteriores, Natalia Díaz, Joselyne Chacón y Arnoldo André, respectivamente.
Tras el encuentro, el obispo de Ciudades Quesada, José Manuel Garita, dijo que fue el mismo presidente Chaves que recordó a los jerarcas de la Iglesia su promesa de campaña para revisar dicha norma.
"Nosotros no hicimos ninguna solicitud en concreto, él -Chaves-recordó su promesa de la revisión de la norma", comentó el religioso.
Al respecto, Chaves mencionó que la revisión buscará "cerrar portillos" para evitar que la norma se desvíe de su objetivo, que a su parecer es "normar las condiciones por la cual un embarazo no puede continuar bajo el principio estricto que es necesario llevar ese procedimiento médico adelante para proteger y salvar la vida de la madre", dijo el presidente.
La ministra Chacón mencionó que el trabajo de la comisión arrancará en junio, pero no mencionó por quienes estará integrada. "Luego les daremos la información", comentó Chacón
La norma técnica del aborto terapéutico, conocida también como aborto impune, fue firmada por el expresidente Carlos Alvarado Quesada (2018-2022) en diciembre de 2019 y consiste en un marco para regular, brindar seguridad jurídica y clarificar la aplicación del artículo 121 del Código Penal.
Ese artículo permite desde 1971, que aquel aborto que se realice con consentimiento de la mujer y que tenga como fin evitar un peligro para su vida o su salud (madre) en el caso de que no existan otros medios para garantizar ese estado de seguridad.
Radica, además, en la respuesta del Estado, que se planteó durante la administración de Luis Guillermo Solís (2014-2018) a una demanda que presentaron 2 mujeres costarricenses ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) posterior a que tuvieran que sufrir embarazos y partos que ponían en peligro su vida ante la carencia de reglas como las que se propondrían en la norma técnica.