Gobierno pone en riesgo atención de delitos sexuales y violencia contra mujeres al retener recursos al Poder Judicial

La negativa del Gobierno de Rodrigo Chaves Robles de proveer recursos para dotar de mayor personal al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y al Ministerio Público afectará la atención de casos de delitos sexuales, violencia intrafamiliar, agresiones contra mujeres y otros delitos motivados por razones de género.

El Ministerio de Hacienda comunicó recientemente al Poder Judicial que no entregaría los recursos para financiar un conjunto de plazas en los años 2025 y 2026, a pesar de que dichos fondos habían sido aprobados por la Asamblea Legislativa en el Presupuesto Ordinario del año en curso.

En el caso del Ministerio Público, las plazas solicitadas estaban destinadas a reforzar fiscalías y despachos que asumen investigaciones y procesos en materia de género o agresiones sexuales.

En entrevista con CR Hoy, el fiscal general, Carlo Díaz, había confirmado que era indispensable contar con más funcionarios para enfrentar el gran volumen de casos de este tipo.

"Sí, en específico la justificación que le dimos en aquel momento a la Asamblea Legislativa era para atender sobre todos los delitos que tienen que ver con género o delitos sexuales.

Cuando vemos nuestra estadística, delitos de carácter sexual y delitos también de violencia contra las mujeres están por cantidad de delitos en un tercer lugar dentro de las denuncias que más recibimos.

Además de que en este tipo de delincuencia siempre hay un atraso y para atenderla, si hacemos un muestreo proporcional, hay muchos delitos de este tipo con muy poco personal, entonces era específicamente para atender esas esa delincuencia", explicó semanas atrás.

Desde abril y mayo, el Ministerio Público advirtió que el monto total para cubrir la necesidad de talento humano no había llegado, aunque Hacienda había programado la entrega a lo largo del año. Muy pocas plazas fueron cubiertas con una parte del dinero que el Poder Ejecutivo sí desembolsó.

Sin embargo, ya en julio la Corte Suprema de Justicia recibió la confirmación del entonces ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y de la Dirección de Presupuesto Nacional de que no entregarían los fondos.

Consultado por este medio en mayo, cuando ya se presentaban retrasos, Acosta justificó la no transferencia:

"Ya se giraron ₡3.000 millones, pero el hecho de que esté en el presupuesto no significa que lo tenga que girar, y mientras no estén las condiciones no se girarán. Mientras no tenga Eurobonos no es posible", replicó ante el cuestionamiento de este medio.

En octubre de 2024, el Congreso redirigió más de ₡14.400 millones para inyectar recursos a instituciones clave en la lucha contra el crimen organizado, la violencia y los homicidios que azotan al país.

De ese monto, ₡9.346 millones fueron designados al Poder Judicial, específicamente para contratar 255 agentes del OIJ y unos 75 puestos para la Fiscalía.

Los únicos ₡3.000 millones girados en marzo respondieron a la presión pública y política que enfrentaba el Gobierno tras el homicidio del subjefe del OIJ en Guápiles, Geiner Zamora, asesinado por el crimen organizado.

Esto porque desde diciembre del 2024, el director general del Presupuesto Nacional, José Luis Araya, informó al Poder Judicial que no iban a transferir los recursos, por orden del exministro Acosta y desobedeciendo la disposición de los legisladores.

Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso, reprochó este actuar del Gobierno chavista:

"Nos indigna muchísimo que este gobierno no ha hecho el menor esfuerzo para fortalecer la seguridad de este país sabiendo que estamos en un momento crítico, realmente la situación se está saliendo de las manos. Pese a que les giramos ₡9 mil millones mediante una moción en el Presupuesto de 2025, este gobierno no ha querido girar los recursos. 

La fracción de Liberación Nacional a principios de este año hicimos medidas de presión y logramos que se aseguraran los recursos de este año. El gobierno se comprometió a girar por trimestre en tractos los ₡9 mil millones, lamentablemente no cumplieron.

Ya basta que estén presionando a estos organismos quitándoles los recursos", cuestionó la congresista.

Mujeres en el foco

Uno de los mayores retos que enfrenta el sistema de justicia en Costa Rica es la protección de las mujeres que sufren violencia o agresiones. Una muestra de ello es que únicamente el 14 % de las denuncias llegan a juicio, y la mitad de esos casos concluye en sentencia absolutoria, de acuerdo con el informe Estado de la Justicia 2025.

Durante el periodo 2019-2022, el Ministerio Público finalizó 18.486 expedientes relacionados con delitos prioritarios vinculados a la violencia contra las mujeres. Solo en 14 de cada 100 casos se solicitó apertura a juicio.

Esa cifra corresponde a los delitos más graves, como femicidio, maltrato, tentativa de femicidio, tentativa de violación, violación, violación agravada, violación calificada y violación contra una mujer.

Ante tal saturación, el Ministerio Público se había comprometido a fortalecer la atención de estos delitos, esfuerzo que ahora se ve mermado ante la negativa del Gobierno de girar los ₡6.000 millones restantes ya presupuestados.

La mayoría de los casos no supera la etapa preliminar, es decir, la fase inicial del proceso penal, en la que se investiga la existencia del delito, se identifica al posible responsable y se recogen pruebas. Un 66 % de esas causas terminó en desestimaciones o sobreseimientos definitivos.

De la reducida fracción del 14 % de los casos de violencia contra mujeres en los que el Juzgado Penal dicta apertura a juicio, el 48,8 % concluye con una sentencia absolutoria y solo el 32,8 % termina en condena.

El Estado de la Justicia también evidencia un número significativo de casos que ni siquiera alcanzan la etapa de juicio y se cierran en la fase intermedia.

En 2022, el Ministerio Público solicitó desestimar 2.720 casos vinculados a la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres y delitos sexuales. En 2.172 de esos casos —más de siete de cada diez— el sobreseimiento se fundamentó en la falta de elementos de prueba.

Esto no significa necesariamente que los imputados fueran inocentes, sino que las limitaciones institucionales y las dificultades propias del proceso impidieron reunir pruebas suficientes para solicitar apertura a juicio. En parte, esto responde a la saturación que sufren las fiscalías.

Otra alerta destacada en el informe es la cantidad de sobreseimientos por prescripción de delitos sexuales. En total, 123 expedientes fueron cerrados de manera definitiva por vencimiento de plazos legales.

Esto implica que, al no tramitarse a tiempo, los casos se cerraron sin determinar la responsabilidad penal. Aunque representan un porcentaje pequeño del total, implican un grave riesgo para la tutela efectiva de los derechos de las víctimas, que no acceden a justicia por la lentitud del sistema.

Los datos también reflejan un aumento en las solicitudes de sobreseimiento por extinción de la acción penal.

De acuerdo con el informe, entre 2017 y 2022 se implementaron 221 medidas —entre leyes, normativas y políticas judiciales— para combatir la violencia contra las mujeres. No obstante, persisten debilidades procesales.

Un muestreo de 286 expedientes permitió analizar con mayor precisión el comportamiento de los procesos después del impacto de la pandemia. Entre los principales hallazgos destacan el escaso uso de pruebas periciales, la falta de información a las denunciantes, los riesgos constantes de revictimización y las dilaciones atribuibles a la gestión judicial.

Estos factores reducen la probabilidad de que las investigaciones avancen hacia el esclarecimiento de los hechos, lo que explica el bajo porcentaje de casos que llegan a juicio y el alto número de denuncias que terminan sin condena.

En 2022, el Poder Judicial recibió 34.637 denuncias por delitos sexuales y otros tipificados en la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer, vigente desde 2007. Si se suman los registros de la jurisdicción de violencia doméstica, la cifra supera los 80.000 casos anuales.

El dato evidencia que las mujeres acuden masivamente al sistema judicial en busca de protección, aunque el informe también reconoce un probable subregistro de agresiones que nunca se denuncian.

Los delitos de violencia contra las mujeres constituyen el principal motivo de denuncias penales en el país, representando el 18 % de los expedientes terminados en materia penal durante 2019. Sin embargo, presentar una denuncia es apenas el primer paso de un proceso que muchas veces no culmina en justicia.