Gobierno plantea recorte al transporte de estudiantes para financiar a Seguridad
También incluye disminución de ¢2.800 millones al MOPT
Fotografía con fines ilustrativos. (Archivo/CRH).
(CRHoy.com) -El Gobierno propuso un recorte de ¢3.200 millones al Ministerio de Educación Pública (MEP) para financiar la denominada "Operación Costa Rica Segura".
De ese monto, ¢1.900 millones se tomarían del transporte subsidiado de estudiantes.
Así lo planteó en el segundo presupuesto extraordinario de la República 2023, que fue presentado y defendido este lunes por la viceministra de Hacienda, Priscilla Zamora, ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios.
También incluyó en ese proyecto de ley un reajuste de ¢2.800 millones al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) con el mismo propósito.
Entre ambas disminuciones, se obtendrían ¢6 mil millones que se trasladarían al Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
Según el proyecto de ley, los ¢3.200 millones que se rebajarían al MEP provendrían de los siguientes rubros:
- Programa Definición y Planificación de la Política Educativa: ¢700 millones.
- Programa Aplicación de la Tecnología a la Educación: ¢401 millones.
- Programa de Equidad (incluye los subsidios del Estado para el transporte de estudiantes): ¢1.900 millones.
En el caso del MOPT, las disminuciones se harían en los siguientes rubros:
- Programa de Edificaciones Nacionales: ¢200 millones.
- Programa Consejo de Seguridad Vial: ¢650 millones.
- Programa Consejo Nacional de Vialidad (Conavi): ¢1.500 millones.
- Programa Consejo Técnico de Aviación Civil: ¢450 millones.
Con estos recursos, el Gobierno busca financiar la creación de 300 plazas de agentes del Servicio de Seguridad Ciudadana y para Servicios de Investigaciones y Represión contra el Narcotráfico, que costarían ¢1.708,8 millones.
El dinero, además, se utilizaría para alimentación, uniformes, útiles y materiales de resguardo y seguridad (botas policiales, fundas para arma, cinturones, esposas, varas policiales, entre otros), radios portátiles, chalecos antibalas, pistolas semiautomáticas.
Se incluyen también ¢36 millones para atender gastos asociados por concepto de pólizas de responsabilidad civil para funcionarios policiales del Ministerio de Justicia y Paz.
La propuesta fue cuestionada por los diputados Sonia Rojas y Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN), Carlos Felipe García, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Pablo Sibaja, de Nueva República (PNR), y Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), quienes expresaron su oposición a rebajar recursos al programa de transporte de estudiantes.