Gobierno descarta romper con Globalvía concesión en ruta 27

(CRHoy.com). La Administración Chaves Robles (2022-2026) descartó, de momento, la posibilidad de buscar un rompimiento del contrato de concesión suscrito con la empresa Autopistas del Sol (Globalvía) para operar la ruta 27 entre San José y Caldera.

En noviembre del año pasado, tanto Rodrigo Chaves como el ministro Luis Amador, cuestionaron la concesión y el presidente Chaves dijo incluso en medios de comunicación que el proyecto se licitaría de nuevo, se le cancelaría a la concesionaria y se buscaría otra empresa. Sin embargo, esas palabras quedaron en el aire y parece que ahora esta posibilidad está completamente descartada.

La carretera, de 77 kilómetros, es la principal vía de comunicación terrestre entre el Valle Central y el Pacífico Central. El acuerdo contractual es por 25 años y está vigente hasta 2033.

Esta ruta entró en operación el 27 de enero de 2010, en los meses finales de la Administración Arias Sánchez (2006-2010). No obstante, rápidamente se reportaron problemas operativos (desprendimiento de taludes) e inconvenientes de capacidad.

Pese a lo dicho por Chaves y Amador, la realidad es que Globalvía seguirá con la concesión.

Dahianna Marín, secretaria técnica del CNC, explicó a CRHoy.com que las jerarquías del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y de Casa Presidencial descartaron romper el contrato debido al riesgo existente de que el Estado tuviera que asumir indemnizaciones millonarias. Por eso, a este 22 de agosto, la intención está descartada.

"Sí. Eso por el momento está descartado (romper el contrato) porque vimos que iba a ser, popularmente, el divorcio más caro para Costa Rica. En el sentido de todas las indemnizaciones que teníamos que pagar. También, es importante que ustedes conozcan que Costa Rica suscribe acuerdos con inversionistas, países, eso lo hace con el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y ellos (concesionaria) están protegidos por un acuerdo comercial. Entonces, eso nos llevaría a un arbitraje internacional, donde seguramente por el incumplimiento tendríamos que pagar el doble y nos quedaríamos sin la carretera", expuso la funcionaria.

Además, pocos tienen en el radar que en 2015 se firmó un acuerdo conciliatorio entre las partes para incorporar en el contrato un reajuste de precios por tareas constructivas a cargo del concesionario.

"Hay aún acuerdo conciliatorio en 2015, donde se metió un acuerdo por reajuste de precios de la construcción al contrato de concesión. Por ese acuerdo conciliatorio, la carretera se pagaría en 2028. Pero, por el acuerdo conciliatorio, deben ir hasta 2033. Si algo queda pendiente, el Estado deberá pagar al concesionario", recalcó la secretaria técnica, quien fue clara en que romper el contrato "no es una opción para el país".

¿Qué pasa con el plan de ampliación?

En el gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022) hubo negociaciones con Globalvía para concretar una ampliación del corredor vial. En primera instancia, se estimó una propuesta preliminar de modernización vial que rondaría entre los $550 millones y los $600 millones.

Cuando la Administración actual llegó, optaron por pausar las negociaciones con la concesionaria y se concentraron en analizar alternativas para mejorar las condiciones de la ruta. La principal intención radicó en encontrar una salida para romper el contrato.

Según el CNC, a nivel técnico existen avances sobre la propuesta para ampliar el corredor vial. Esto incluye diseños, prediseños, ampliación de puentes, estimaciones de algunos costos y gestión de expropiaciones. No obstante, un aspecto clave está aún en el aire: las estimaciones futuras de tráfico, con las cuales se afinaría el costo final de las obras y el aporte económico que podría ofrecer el Estado.

Las estimaciones vigentes sobre el tránsito vehicular son de 2019 y deben ser actualizadas a 2023. A partir del estudio de tránsito actualizado, se correrá un modelo financiero para aclarar el aporte del Estado a la ampliación.

De esta forma, en la actualidad la única negociación que existe radica sobre si la ampliación la hace el concesionario, si la hace el Estado o si la hacen los 2 en conjunto.

¿Cuáles son los factores a tomar en cuenta en cada uno de esos escenarios?

• Si la ampliación la asume el concesionario: tendría que aumentar tarifas de los peajes y aumentar el plazo de la concesión para poder diluir esa inversión y lograr que las tarifas sean "razonables" para la ciudadanía.
• Si el Estado costea la ampliación: se mantiene la fecha del contrato y las tarifas de los peajes se mantendrían estables. La ruta a partir de 2033 pasa a manos Estado y los peajes se destinarían a mejoras en la red vial nacional. Pero, la realidad fiscal del país impide asegurar una fuente de recursos para este fin.
• Concesionario y Estado llegan a un acuerdo: logrando arribar a un punto intermedio, con un escenario financiero real en el que ambas partes puedan brindar un aporte.

"Esa es la única negociación que existe. No hay más negociaciones. Y, no es una negociación. Tan es así que es una aplicación de una cláusula contractual. La única negociación es como distribuimos el contenido económico", manifestó Marín.

El escenario más potable radica en que el Estado aporte recursos para la ampliación, pues esto disminuiría los riesgos de un incremento tarifario y no implicaría extender el plazo de la concesión. Sin embargo, esto dependerá de la capacidad del gobierno de obtener financiamiento por otras vías.

De momento, pese a que existen reuniones periódicas entre equipos, no hay plazos definidos para tener listo el plan de ampliación. Una vez que exista un camino concreto, las eventuales modificaciones contractuales deberían pasar por el tamiz de la Contraloría General de la República (CGR) y de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) para nuevas fijaciones tarifarias.

El contrato de concesión suscrito era por $301 millones (a valor de 2001), los cuales deben pasar por un proceso para ser estimados en el valor actual.

Un informe de supervisión elaborado por el consorcio Getinsa-Gabinete elaborado en octubre de 2020, indicó que hasta octubre de 2020 la concesionaria había recaudado $661.2 millones por cobros de peajes desde el inicio de operación de la carretera.

Este monto representaba una amortización de casi el 70% de lo que debía reconocer el Estado a la concesionaria por la inversión inicial.