Gobierno legitima en mesa de diálogo a exministra que se llevó ¢28 millones en sobresueldos
Tanto ella como la Presidencia prefieren guardar silencio de sus antecedentes como exjerarca y el dinero que no quiso devolver
(CRHoy.com) El gobierno de Carlos Alvarado legitimó como participante en su mesa de diálogo para buscar una salida a la crisis fiscal y económica del país, a una exministra del gobierno de Luis Guillermo Solís que dejó esa administración sin devolver ¢28 millones en sobresueldos que cobró de manera ilegal durante los primeros tres años de ese primer gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Se trata de la exministra de Planificación, Olga Marta Sánchez Oviedo, quien participa en la mesa de diálogo multisectorial convocada por el gobierno en nombre de la organización Mujeres Por Costa Rica.
A Sánchez se le intentó consultar si creé que tiene la autoridad moral para participar en esta mesa, que busca soluciones a la crisis económica del país, cuando ella en lo personal no devolvió el dinero que no le correspondía. A la vez, se le quería consultar por el estado del proceso judicial que entabló para no devolverlos y sobre su participación en Mujeres por Costa Rica.
CRHoy.com intentó conversar con la exministra, pero cuando se le contactó este lunes dijo que no tenía nada de qué hablar con este medio y colgó la llamada.
Por su parte, desde la Casa Presidencial se hacen de la vista gorda. Desde el viernes este medio consultó las valoraciones para legitimar a Sánchez en este proceso y su posición respecto a su renuencia a devolver ese dinero, pero como suele ser, la casa de gobierno prefiere guardar silencio.
Sánchez recibió estos sobresueldos por concepto de pago del 65% del plus salarial de prohibición, pero dicho reconocimiento no le correspondía porque no cumplía con los requisitos.
Antes de dejar su cargo como ministra de Planificación, Sánchez puso trabas para devolver los ¢28 millones que recibió de manera ilegal.
Semanas antes que concluyera el gobierno Solís Rivera, la Oficina de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Planificación (Mideplan) determinó que la ministra podía reintegrar el dinero de acuerdo al Reglamento General para el Control y Recuperación de Acreditaciones, el cual estipula 4 años para hacer dicha devolución.
Previo al cambio de gobierno, el Mideplan le mandó dos requerimientos de pago con la intención de que ella iniciara con los pagos por cuotas para cancelar el monto, pero la exjerarca se opuso a firmar dichos documentos alegando que iba a revisar el tema con sus abogados.
La investigación realizada sobre la ministra tardó alrededor de 10 meses, y aunque determinó que no fue responsabilidad de ella el que se le pagara ese rubro, sí dijo que debía devolver los ¢28 millones.
Cuando Sánchez Oviedo dejó el gobierno en mayo de 2018, el Ministerio de Planificación hizo lo imposible por notificarla del requerimiento de pago.
En diciembre de 2018 la exministra insistía en no devolver los ¢28 millones que cobró de más y por el contrario dijo que llevaría su caso a los Tribunales de Justicia, pues a su parecer su tema "era especial y distinto" al de resto de exjerarcas del gobierno de Solís que cobraron sobresueldos, pero que, a diferencia suya sí los devolvieron.
El gobierno de Luis Guillermo Solís pagó en sus primeros tres años de gestión ¢189 millones en sobresueldos ilegales a jerarcas a los que no les correspondía este pago. Se trató de tres ministros y cinco viceministros del pasado gobierno.
