Gobierno impulsa reforma a régimen de zonas francas

En la víspera del receso de fin de año de los diputados, Casa Presidencial presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley para reformar la Ley del Régimen de Zonas Francas.

Se trata, según la exposición de motivos, de una propuesta para adecuar la normativa sobre zonas francas a los requisitos y reglas de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), a la cual Costa Rica aspira a ingresar como miembro en el 2020, con el fin de impedir que las empresas transnacionales se valgan de lagunas en la legislación para tributar menos, trasladando sus beneficios a otros países con marcos tributarios más débiles. Esas prácticas se denominan BEPS.

El cambio busca introducir en la legislación costarricense la Acción 5 del Plan BEPS, que la OCDE denominó "Combatir las prácticas tributarias perniciosas, teniendo en cuenta la transparencia y la sustancia". La OCDE recomienda esas medidas para lograr coherencia y transparencia entre las normativas fiscales de los distintos países y exigirles su cumplimiento a las operaciones de empresas transnacionales.

La reforma que plantea el Gobierno es apenas la segunda que se le haría al Régimen de Zonas Francas de Costa Rica. La primera data del 2010.

En la exposición de motivos del proyecto, el Gobierno indicó que el único sector de empresas ubicadas en zona franca que está desalineado de las acciones BEPS es de la industria de servicios.

Carla Coghi, socia de impuestos y legal de la empresa consultora Deloitte, analizó la iniciativa y comentó que este proyecto busca modificar los requisitos para que una empresa de servicios pueda acceder al Régimen de Zona Franca en Costa Rica. Únicamente modifica dicha categoría establecida en el inciso c) del artículo 17 de la Ley de Regímenes de Zonas Francas.

"Por ejemplo, esto afecta a los centros de servicios, desarrollares de software y empresas de servicios logísticos que hoy operan bajo dicha categoría. El nuevo requisito que establece como necesario para acceder al régimen, es que la actividad que realizaría (la empresa) desde Costa Rica sea parte del Índice de Elegibilidad Estratégica para Empresas de Servicios (IEES)", explicó.

La propuesta pretende que se cuantifique también el aporte de la empresa a la actividad en la economía nacional, el beneficio que representa para el país, el valor monetario anual del total de las remuneraciones pagadas a los empleados de la empresa de servicios y el valor monetario de la inversión nueva en activos fijos que la empresa de servicios se compromete a realizar.

 Coghi destacó que otro de los cambios que promueve la reforma es que no habría límites para la venta de servicios locales para las empresas de servicios. Hoy el límite que tienen esas firmas es de un 50% de su producción, el resto lo deben exportar.

"Esto lo que implicaría es que una empresa podría tener una operación mayoritaria en el mercado local e igual acceder al régimen. Sin embargo, la venta en el mercado local, estaría sujeta a todos aquellos impuestos indirectos que normalmente le aplicarían a una empresa con operaciones locales; como lo es el impuesto al valor agregado", dijo.

No obstante, para la abogada es llamativo que el proyecto no proponga gravar con el impuesto sobre la renta a estas empresas indistintamente si venden en el mercado local o si envían toda su producción al exterior.

Según la OCDE, las empresas multinacionales se pueden valer de la existencia de lagunas o mecanismos no deseados entre los distintos sistemas impositivos nacionales para "hacer desaparecer" beneficios con el fin de tributar menos, o bien, para trasladar esas ganancias hacia países donde existe escasa o nula actividad real, lo cual deriva en la nula renta sobre sociedades. La Organización define a BEPS como un "serio problema".

Sector reacciona con cautela

La iniciativa llegó a la secretaría del Directorio del Parlamento firmada por el presidente de la República, Carlos Alvarado, por la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, y por la titular de Comercio Exterior (Comex), Dyalá Jiménez.

Por ahora la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (Azofras) mantiene la cautela acerca del proyecto, lo envió a análisis a su Comisión de Asuntos Legales y Fiscales y está a la espera de un informe.

Su director ejecutivo, Eugenio Quirós, sin embargo, adelantó que las autoridades les anticiparon que es una reforma que se plantea de manera "muy específica", cerrando de antemano la puerta a enmiendas de los diputados que pretendan profundizar los cambios al régimen de zonas francas.

"Tenemos conocimiento de que el texto de este proyecto de ley es el resultado de esfuerzos conjuntos emprendidos por Comex, Procomer (Promotora de Comercio Exterior) y Cinde (Coalición de Iniciativas para el Desarrollo) con el Ministerio de Hacienda y con la OCDE, y que lo establecido allí constituye ‘un espejo' del estándar internacional. Se nos ha informado que la exposición de motivos de dicho proyecto de ley es muy específica, con lo que se pretende que cualquier extralimitación se descarte por inconexidad", comentó a CRHoy.

El Gobierno también anunció en la exposición de motivos del plan que "no pretende este proyecto de ley alterar los beneficios que este régimen otorga ni modificar aspectos distintos de los que estrictamente se requieren para cumplir con las recomendaciones".

Durante la pasada campaña política, el presidente Carlos Alvarado, entonces candidato de Acción Ciudadana (PAC),  se comprometió con los representantes de las empresas instaladas en zonas francas a no impulsar modificaciones a ese régimen  para aumentarles los impuestos o eliminarles privilegios fiscales durante su mandato.

Las empresas transnacionales instaladas bajo ese régimen en el país siempre han defendido que los inversionistas extranjeros necesitan seguridad jurídica para escoger a Costa Rica como el destino de sus emprendimientos.