Gobierno en deuda con planes de reactivación y alivio a costo de la vida

(CRHoy.com) El Gobierno de Rodrigo Chaves lleva postergando durante meses la presentación de propuestas con las que se comprometió a lo largo de este primer año de gestión con el objetivo de reactivar la economía nacional, estabilizar la situación fiscal del país,  aliviarle el costo de vida a los costarricenses y generar fuentes de trabajo. 

Se trata de proyectos de ley prometidos a lo largo de este primer año de este Gobierno y que no han sido presentados por el Poder Ejecutivo, a pesar de ser catalogados como "urgentes o prioritarios".

Dichas propuestas de ley han venido siendo anunciados en reiteradas ocasiones, pero sobre todo en espacios como las guionizadas conferencias de prensa de los miércoles que conduce el mismo presidente Chaves y en el mediático y producido acto de los primeros 100 días de esta Administración.

Sin embargo, a pesar del despliegue propagandístico que el Ejecutivo realiza y hasta la promesa del mandatario de que pedirá cuentas a sus jerarcas sobre su avance, estas propuestas siguen sin llegar al Congreso para que inicien su trámite.

Hay que mencionar que, algunas de esas iniciativas sí se presentaron ante el Congreso, pero en cuestión de semanas fueron enterradas por los diputados por sus cuestionados objetivos y la poca o ausente negociación que el Poder Ejecutivo realizó con la oposición para lograr que avanzaran.

Las promesas para aliviar bolsillos y generar empleo

Las deudas del Poder Ejecutivo en este apartado se concentran en 2 proyectos en particular.

El primero tiene que ver con el plan para legalizar y regularizar las plataformas de transporte remunerado de personas, como Uber y DiDi. El segundo con el proyecto para recalcular el monto de cobro de marchamo para 2024.

El plan para legalizar las plataformas fue anunciado un mes después de que Chaves iniciará su mandato, es decir, en junio del año pasado. En esa ocasión el mandatario le prometió a los costarricenses que el proyecto estaría en 2 meses, es decir, para agosto anterior.  En una de sus conferencias de prensa, Chaves les dijo a los ciudadanos que ese proyecto lo incluiría "en la lista de pendientes para darle seguimiento dentro de las tareas del ministro de Obras Públicas, Luis Amador, quien incluso dijo que el texto de proyecto tenía un avance del 50%.

Lo cierto del caso es que a estas alturas, el plan sigue sin llegar al Congreso. Cada vez que la prensa les consulta al presidente Chaves y al ministro Amador sobre su avance la respuesta es repetitiva: "estará listo en pocas semanas". 

El objetivo del plan, según Chaves y Amador, es "nivelar la cancha" entre estos 2 sectores de la economía. El presidente Chaves se comprometió con generar un plan mediante el cual los trabajadores de las plataformas pudieran "ganarse la vida" .

En cuanto al proyecto para recalcular el monto del marchamo del año entrante, el plan se anunció desde finales del 2022, en medio de las inconsistencias que se dieron por los cobros del derecho de circulación de este 2023.

La promesa del ministro del presidente Chaves y del ministro de Hacienda, Nogui Acosta, fue tener listo el proyecto desde enero anterior, pero tras 4 meses la promesa tampoco se ha materializado.

Acosta dijo que la propuesta sugerirá que los vehículos tengan "un proceso de depreciación continua" y que no se vayan a "apreciar" por nuevos vehículos o por temas de inflación. Añadió que Hacienda utiliza una fórmula de hace 30 años para definir el monto que deben pagar los dueños de vehículos  y en la que se toman en cuenta variables como la depreciación del vehículo, la inflación y la actualización del valor fiscal.

"Estamos buscando una nueva fórmula para hacer ese cálculo porque si hoy la inflación es más alta que la depreciación del vehículo, el impuesto sube y el valor fiscal sube. Es una fórmula que viene de los 80 y la realidad de los vehículos de hoy es diferente. Nuestro interés es tener una fórmula que enviaríamos a la Asamblea Legislativa en enero del próximo año", dijo Acosta en diciembre anterior.

Este miércoles, Chaves y Amador volvieron a prometer el proyecto, pero esta vez no quisieron decir una fecha en concreto.  Solo mencionaron que el marchamo del 92% de la flota vehicular nacional bajaría en el cobro de 2024.

Hay que tomar en cuenta que, para su entrada en vigor, el proyecto tendría que estar aprobado y con los cambios operando a más tardar en octubre para que la rebaja sea efectiva el 1 de noviembre, cuando empiece a regir el cobro del año que viene.

Planes de estabilidad fiscal y reactivación económica

Desde el 16 de agosto pasado el presidente Chaves le prometió al país 6 proyectos de ley que, según dijo, iban a reactivar la economía nacional y abonar en el proceso de estabilidad fiscal del país. Los proyectos fueron presentados en el marco de los primeros 100 días de su administración.

Desde agosto a la fecha solamente 2, de estas 4 propuestas, fueron presentadas ante el Congreso. Se trata de la venta del Banco de Costa Rica y la legalización del consumo de cannabis con fines recreativos. Sin embargo, ambas pegaron con pared en Cuesta de Moras y fueron desechadas por los congresistas.

Las otras 4 han venido siendo postergadas en los últimos meses. La información más reciente del Ejecutivo es que serían presentadas a lo largo del próximo período de Sesiones Extraordinarias en el Congreso, que arranca este 1 de mayo, pero sin fechas específicas.

Estos son los proyectos que siguen en deuda por parte del Ejecutivo:

Segundo intento para vender BCR

En noviembre pasado el gobierno se vio obligado a retirar del Congreso su proyecto de ley para vender el Banco de Costa Rica, esto tras un rechazado generalizado por parte de los sectores políticos y económicos del país. Sin embargo, pocos días después la ministra de Presidencia, Natalia Diaz Quintana anunció la presentación de una nueva propuesta, la cual dijo está en construcción.

Entre las observaciones a las que más se les presta atención, según Díaz, es el cuestionamiento de los opositores a la venta con respecto a que concentra demasiado poder sobre la subasta en un comité que estaría conformado por los ministros de Presidencia, Hacienda, Trabajo, Economía y Planificación.

El objetivo del Gobierno con la venta del BCR es bajar la deuda pública, que según estimaciones que han hecho, permitirá una rebaja de hasta un 2.37% de la relación de la deuda con el Producto Interno Bruto (PIB). Según Hacienda, si el BCR se vende en el 2024, esto cambiaría la regla fiscal y le permitiría al Gobierno hacer gastos en inversión social por cerca de ¢95 mil millones en 2025.

Renta Global Dual

La renta global es un cobro porcentual que se hace a personas físicas y jurídicas con actividad lucrativa. Este tipo de cobro se aplica a los ingresos de forma gradual y proporcionalmente con respecto al monto de dinero que recibe cada mes por sus actividades económicas o laborales, esto con independencia de la fuente generadora, siempre que sea local.

Dentro de esta propuesta, según confirmó el Poder Ejecutivo, vendrán las acciones que se deben tomar para sacar al país de la lista gris de la Unión Europea de países que no cooperantes en materia de evasión fiscal.

La UE le señaló dos caminos al país:

1. Gravar las rentas pasivas extraterritoriales (como lo son las inversiones en títulos valores).
2. Si el país decide mantener la exención tributaria a las mismas, implementar tres acciones:  a) requisitos sustanciales adecuados para las entidades involucradas en línea con la normativa europea, b) reglas antiabuso robustas y c) eliminar cualquier discrecionalidad administrativa para determinar la exención tributaria de las rentas.

Venta de acciones del INS

El gobierno decidió postergar la presentación del proyecto de ley para sacar a venta el 49% de las acciones del Instituto Nacional de Seguros (INS) hasta mayo entrante. Es decir, casi 9 meses después de su anuncio en agosto, en el marco de los primeros 100 días de esta Administración.

En septiembre Hacienda dijo que el dinero que genere la eventual venta se destinaría a la construcción de obra pública, no a pagar deuda pública.

Acosta citó como ejemplo las necesidades en intervenciones de carreteras, la ampliación de varios de los aeropuertos nacionales. Puntualmente citó las construcciones en la ruta nacional 1 (San José-San Ramón) y la carretera San José-Cartago.

Extraoficialmente,  la venta del 49% de las acciones del INS generarían ingresos por los¢593 mil millones.

Venta de BICSA

El proyecto de ley para la venta del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) también llegará en  mayo.

Bicsa es una entidad financiera panameña creada en 1976. Es propiedad del Banco de Costa Rica (BCR), dueño del 51% de las acciones, y del Banco Nacional, propietario del restante 49% del capital.

La entidad bancaria tiene su sede en Panamá. En Costa Rica cuenta con oficinas para negocios en suelo nacional, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y México. Desde 1983, también opera una oficina en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos.

Reforma de Fonatel 

Se trata de un proyecto de ley para trasladar las competencias del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt). La intención del plan es reducir la brecha digital.

El plan encuentra en construcción un equipo técnico y jurídico del Viceministerio de Telecomunicaciones.

Durante una audiencia en la Comisión Especial de la Provincia de Limón de la Asamblea Legislativa, Gilbert Camacho Mora, presidente del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) aseguró que la propuesta del Gobierno de trasladar la administración de fondos para reducir la brecha digital al Micitt "no es necesaria".

Legalización marihuana recreativa

El Poder Ejecutivo decidió presentar un nuevo proyecto de ley para legalizar el consumo y comercialización de la marihuana con fines recreativos.

La nueva propuesta se presentará tras el rechazo casi generalizado de los sectores que fueron consultados acerca del proyecto ley.

También se ha cuestionado, por parte de instituciones públicas ligadas al campo de la salud, falta de propuestas para combatir el consumo, la carencia de lineamientos para proteger a los menores de edad. 

Además, se ha exhortado que no clarifica que este tipo de sustancias no debe participar en el patrocinio de ninguna actividad deportiva.