Gobierno dividido por apoyo a Proyecto Hidroeléctrico El Diquís
Tras acción de inconstitucionalidad en contra de declaratoria de conveniencia nacional, Presidencia y Ambiente emitieron criterios distintos
Por el Proyecto El Diquís se inundarían 7 mil hectáreas. (Archivo CRH)
Luego de que una persona indígena presentara una acción de inconstitucionalidad contra la declaratoria de conveniencia nacional del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, el Poder Ejecutivo muestra una división en torno al apoyo al polémico plan del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que acumula más de 10 años sin realizarse.
La acción de inconstitucionalidad fue interpuesta por Asdrúbal Rivera Villanueva, indígena bröran del territorio de Térraba el pasado 13 de abril. El decreto objetado se publicó en febrero de 2008, durante el gobierno de Óscar Arias. El ICE ha insistido en el proyecto y está a la espera de hacer la consulta a los pueblos indígenas.
Ahora la nueva Presidencia, al mando de Carlos Alvarado, pidió desestimar la acción. Mientras que el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) señaló que no hay estudios para justificar la conveniencia nacional. Así lo señaló el ministro Carlos Manuel Rodríguez en la respuesta entregada a la Sala Constitucional, el pasado 15 de mayo.
Rivera considera que el decreto viola el principio de irreductibilidad del bosque y defendió que según diversas leyes "no es posible permitir la tala de árboles y la eliminación de zonas de protección, así como la inundación de territorios, pues no nos encontramos frente a fundos de naturaleza privada, sino territorios indígenas".
Rodríguez recordó que la Ley Forestal 7575 surgió ante la deforestación en el país y prohibió la corta de árboles en Patrimonio Natural del Estado y áreas protegidas, así como el cambio de uso de suelo en terrenos privados con bosque. Eso si, la prohibición no es absoluta: se puede hacer en actividades de "conveniencia nacional".
De ahí la importancia del decreto de hace 10 años para el proyecto del ICE. Sin embargo, para el jerarca del Minae, no hay justificación en este caso. Así lo señaló Rodríguez en su respuesta:
No aplica para cualquier situación o proyecto, sino únicamente para aquellos casos en los que se logre demostrar que los beneficios sociales sean mayores que el costo socioambiental, no obstante no consta en este Despacho los estudios y valoración social y económica que así lo justifiquen, lo anterior sin dejar de lado, que el proyecto se realiza sobre territorio indígena.
Además el Ministro está de acuerdo con el indígena quien presentó la acción de inconstitucionalidad. "Una declaratoria de conveniencia nacional o interés público primero requiere un análisis de costos y beneficios. Tal declaración oficial, por lo tanto, exige un análisis objetivo. Que un proyecto lo impulse una entidad del Estado, no lo hace de interés público automáticamente", expresó según publicó La Nación el pasado jueves 24 de mayo.
Presidencia apoya decreto de Arias
El ministro Carlos Manuel Rodríguez se opone al proyecto El Diquís. Acá junto al jerarca de Seguridad, Michael Soto, en una reciente visita a Crucitas. (CRH)
El ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, justificó que la declaración se realizó bajo el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 Jorge Manuel Dengo con el objetivo de aprovechar fuentes renovables. Además sacó a colación la demanda estimada en ese entonces, hace ya una década. El funcionario mencionó el proyecto que aún se encuentra en la primera fase, que consiste en la realización de estudios previos.
Curiosamente Presidencia no se refirió a los elementos más técnicos y legales de la acción de inconstitucionalidad. Más bien se plegó a lo dicho por el Minae. "En virtud de la especialidad de la materia, y por no ser atinentes a sus funciones, el Ministerio de la Presidencia se apega al informe del Ministerio de Ambiente y Energía al respecto", escribió Piza, antes de pedir que se declare sin lugar la acción.
Por su parte la Procuraduría General de la República también pidió que se desestime la acción de inconstitucionalidad, al considerar que es improcedente pues aún no se tienen las coordenadas del sitio en el cual se desarrollará el proyecto El Diquís, así que no se puede determinar la afectación a terrenos indígenas.
El abogado del Estado también discrepó de que se viole la Ley, al cortar bosque en terrenos patrimoniales o privados. De nuevo alegó que "es incierta la ubicación y realización del Proyecto en territorios indígenas, propiedad privada colectiva".
La principal justificación del ICE era atender la demanda creciente, pero esta creció menos de 1% en el 2017. También el Instituto apunta a vender electricidad en Centroamérica, aunque no tiene un estudio de mercado para definir que podrá realizarlo.
Proyecto millonario con más de una década
En diciembre del 2010, el proyecto tenía un costo de $1.779 millones. Luego el ICE lo estimó en $3.694 millones en su Plan de Expansión de la Generación Eléctrica 2016-2035 conocida en mayo del 2017, la más reciente.
Recientemente Luis Pacheco, director Corporativo de Electricidad del ICE, confirmó que es la última valoración, pero el Plan se actualizará en el segundo semestre de este año así que podría subir. Pacheco no se atrevió a augurar un alza, pues se consideran diversos elementos. En 5 años se duplicó.
Si la consulta indígena pendiente se realiza en el 2018, durante un año se concretaría la evaluación y financiamiento. A eso se sumarían 7 años de construcción, por lo que la fecha meta del ICE es el 2030. La capacidad instalada sería de 650 megavatios (MW), el doble que la planta de Reventazón.
Apoyo a acción de indígena
En medio de un nuevo análisis judicial más voces se suman en oposición a El Diquís. El Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria de la Universidad de Costa Rica (UCR) presentó una coadyuvancia activa a la acción. Esta figura es cuando un tercero entra en el proceso velando por sus intereses, pero ayudando y adhiriéndose de forma subordinada a una de las partes principales.
Además otras 57 ciudadanas; el Consejo de Mayores Brorán del Territorio de Indígena de Térraba; un grupo de más de 30 indígenas en conjunto; la Asociación de Desarrollo para la Ecología; la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon); el diputado José María Villalta y su compañero de partido y excongresista Edgardo Araya; y hasta un departamento de la Universidad de Oklahoma de Estados Unidos, presentaron coadyuvancias.
Así consta en el expediente de la acción en la Sala Constitucional 18-005745-0007-CO, que sigue su curso y está a espera de más coadyuvancias.
El indígena bröran Asdrúbal Rivera Villanueva reclamó que la inundación del bosque supone la pérdida del conocimiento originario asociado con éste, lo que viola el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, así como la Ley Indígena costarricense.
