Gobierno desperdicia coyuntura ideal para reformar instituciones

(CRHoy.com).- El periodo de sesiones extraordinarias se agotó y el gobierno del presidente Carlos Alvarado desperdició una coyuntura que lucía idónea para el impulso y la eventual aprobación de proyectos de ley para reducir el tamaño de algunas instituciones públicas con el consecuente ahorro de recursos públicos que generaría.

A mediados del mes pasado, la contralora general de la República, Marta Acosta, reelegida en el cargo hace pocos días, llamó la atención de los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios del Parlamento de que es necesario identificar oportunidades de ahorro en instituciones públicas que ya no tienen razón de ser, o que son ineficientes, ante la emergencia fiscal que vivirá el Gobierno después de que atraviese por la crisis genera la pandemia del coronavirus.

La urgencia de recortar el gasto, según Acosta, radica en la apremiante situación fiscal, que se agravará, según lo ha reconocido Hacienda, debido a los gastos imprevistos que trajo consigo la atención de la emergencia nacional por la enfermedad respiratoria COVID-19.

La oportunidad para que el Gobierno impulsara la revisión institucional que propuso la contralora parecía óptima debido a esta coyuntura crítica dominada por la incertidumbre sobre la expansión del virus y porque el Parlamento mostró un alto grado de consenso durante un buen tramo del periodo de sesiones extraordinarias, que se extendió desde el 1. de diciembre del 2019, hasta este 30 de abril.

Además, como lo señaló la contralora en abril, hay un sentido de premura por buscar fuentes de ahorro del gasto público.

Hacienda ha reconocido que sus ingresos caerán considerablemente debido a la reducción en la recaudación de impuestos por el frenazo que dieron múltiples actividades económicas afectadas por las medidas para contener el coronavirus SARS-CoV-2.

El jueves pasado la cartera estimó que el déficit fiscal cerraría en más de un 8% del producto interno bruto en el 2020 a causa de la pandemia. 

No obstante, a pesar de que los tambores de la reforma institucional sonaron fuerte en algún momento de las extraordinarias, finalmente el Ministerio de Planificación (Mideplan) no envió a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley de su autoría para fusionar y cerrar algunos entes desconcentrados de los ministerios.

El jueves anterior, Mideplan confirmó a este diario digital que el proyecto no ha ingresado a la corriente legislativa y que está en veremos la presentación del mismo.

El Ministerio no ofreció mayores explicaciones acerca de la demora en la iniciativa que dictaría el futuro de algunos de los 65 órganos desconcentrados ministeriales que existen.

Tal propuesta de ley es gemela de otra que pretende convertir algunas Juntas Directivas de esos entes en meros órganos consultivos, para ahorrar en el pago de dietas a sus miembros, y para eliminar riesgos de conflictos de intereses. Esta última propuesta tampoco es de conocimiento de los diputados todavía.

El llamado de la Contraloría

Desde el 2002 la Contraloría ha llamado a la reflexión sobre la atomización de instituciones, cerca de 330 en el caso del Poder Ejecutivo, y al diseño de estas.

El órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, encargado de vigilar el uso de los recursos públicos que utilizan las instituciones del Estado, ha sido enfático al señalar la necesidad de que se promueva la articulación del aparato estatal por medio de acciones que eviten la duplicidad de funciones y el desaprovechamiento de la Hacienda pública, así como en la urgencia de analizar la eficiencia de las instituciones.

Algunas de las instituciones del Estado que han sido objeto de informes de la Contraloría donde les señala deficiencias en su gestión son el Consejo Nacional de Producción (CNP), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Fondo Nacional de Becas (Fonabe), órganos desconcentrados del Ministerio de Salud Pública.

Además, ha puesto el dedo sobre el renglón de las transferencias presupuestarias que el Gobierno Central le hace a algunas de esas entidades y el monto que estas manejan en saldos no utilizados en la Caja Única del Estado. Esos criterios de la CGR los reseñó, a solicitud de este medio, Julissa Sáenz, gerenta del Área de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera de la Contraloría.

El mes pasado, ante los diputados de Asuntos Hacendarios, la contralora Acosta afirmó que la revisión del funcionamiento institucional y de las transferencias que reciben esos órganos ministeriales toma especial urgencia por la realidad que vivirá el Gobierno y el país después de la crisis que generó el COVID-19.

Hallazgos de Mideplan encienden alarmas

A finales de diciembre pasado, CRHoy.com dio a conocer que Mideplan detectó un caos e ineficiencia en el uso de los recursos públicos en varios entes desconcentrados ministeriales, precisamente donde la Contraloría recomienda poner el ojo.

La ministra de Planificación, Pilar Garrido, declaró en aquel momento que en algunos de esos entes y sus ministerios rectores "hay gente haciendo lo mismo". Sin embargo, pese a los hallazgos, la jerarca descartó despidos en el sector público tras la evaluación que le aportó las bases al proyecto de ley para fusionar o cerrar órganos desconcentrados.

Garrido reportó que, al correr el velo de esas instituciones, , funciones sin sustento, recargos de personal de los propios ministerios que debe hacerse cargo de los órganos desconcentrados, ineficiencia en la administración de recursos públicos y conflictos de intereses en sus juntas directivas.

A raíz de esa evaluación, Mideplan determinó que algunos de esos entes se deben cerrar y que otros se tienen que fusionar, propuestas concretas que el ministerio incluyó en el proyecto de ley que se tarda en llegar al Parlamento.

En resumen, algunos de los problemas que encontró Mideplan en ese sistema institucional fueron:

• La existencia de duplicidades. 
• Ineficiencia en el uso de recursos públicos. 
• falta de funciones sustantivas, al no cumplir con su función de agilizar las decisiones de los ministerios a los que están adscritos. 
• Algunos entes no están al amparo de la Ley General de la Administración Pública. 
• La operación de muchos órganos desconcentrados se recarga sobre los hombros del personal de los propios ministerios rectores. 
• Algunos no tienen una fuente de financiamiento asignada. 
• Otros tienen una naturaleza jurídica distinta que el resto de entes. 
• El Poder Ejecutivo y el Parlamento vieron, en el pasado, problemas de gestión pública que intentaron resolver, sin resultados positivos, con entes desconcentrados que crearon, y que persisten, y que afectan el diseño institucional. 
• Varios órganos desconcentrados poseen una institucionalidad robusta y verdaderamente cumplen con la Ley.