Gobierno con poco margen para sacar a Globalvía de ampliación de ruta 27

(CRHoy.com). De las 3 opciones que el Poder Ejecutivo tiene sobre la mesa para ampliar la ruta 27, entre San José y Caldera, la más viable involucra la participación total del actual concesionario: la empresa española Globalvía.

En enero 2020, durante la Administración Alvarado Quesada (2018-2022), el gobierno inició las negociaciones con la compañía para acordar un plan de modernización vial.

Así las cosas, en marzo de 2021, Globalvía presentó una propuesta de ampliación por un monto de $646 millones. Tras esto, las autoridades gubernamentales de entonces consideraron que las obras se podrían efectuar por un monto más bajo.

La Administración Chaves Robles (2022-2026) asumió las discusiones desde mayo de 2022. Según Eduardo Chamberlain Gallegos, quien fungió como secretario técnico del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) entre el 30 de mayo de 2022 y el 30 de setiembre de 2022, las alternativas de romper el contrato con la compañía (para seleccionar a un nuevo concesionario que se encargue de la modernización) y de realizar la ampliación con recursos propios (para que el concesionario asuma el mantenimiento y la operación) no enfrentan un camino sencillo.

Chamberlain, quien fue designado en el cargo temporalmente por Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes, explicó que el rompimiento anticipado del contrato (que vence en 2033) obligaría a que el Estado tenga que pagar a la empresa una indemnización de entre $350 millones y $700 millones.

"Además, muy posiblemente, terminaría en arbitraje internacional y, por si fuera poco, el futuro de las concesiones en el país quedaría muy comprometido, así como su seguridad jurídica. Una nueva concesión y la ampliación de la carretera tendrían que esperar hasta que este proceso finalizara", comentó Chamberlain, en su informe final de gestión presentado ante el CNC.

La segunda alternativa radica en hacer la ampliación con recursos propios y renegociar con el concesionario únicamente la operación y el mantenimiento de la carretera hasta el 2033. Luego, se apostaría por una nueva concesión bajo la modalidad de "Reciclaje de Activos". No obstante, en la realidad, hoy el Estado no cuenta con recursos financieros disponibles para este fin y únicamente está en capacidad de asumir las expropiaciones.

Y, asumir las expropiaciones también es un obstáculo: se necesitarían cumplir 212 trámites expropiatorios, pero a 2022 solo se tenían disponibles ₡194 millones de los ₡3.500 millones para cumplir con este fin.

¿Por qué la opción más viable, en la actualidad, involucraría a Globalvía? Según Chamberlain, negociar con el actual concesionario, la ampliación de la carretera y la extensión del contrato es la alternativa más realista porque "es la que más pronto entrega al país la ampliación de la ruta, es la más económica y, además, porque el concesionario mantiene el riesgo de construcción y el riesgo de tráfico".

Como lo citó el exfuncionario, en este caso, el mayor reto es la percepción pública generada por los detractores del proyecto, quienes crearían un mal ambiente a este camino.

"La ampliación añade 1 carril más en cada sentido a lo largo de toda la carretera. Así, por ejemplo, donde hay 2 por sentido pasa a 3 y donde hay 1 a 2. Excepto en el tramo entre la carretera de Circunvalación y el Gimnasio Nacional, donde por las restricciones que impone la línea férrea por el costado sur y la imposibilidad de tocar los terrenos de La Sabana, por el lado norte, no hay opción de añadir más carriles por lo que, para mantener el nivel de servicio, se sustituyen estos carriles por un túnel para aliviar la desembocadura de esta carretera hacia la Avenida 10", detalló Chamberlain.

Una evaluación hecha este 2022 entre el CNC y el Programa de Infraestructura de Transporte (PIT) del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) al plan presentado por Globalvía, se acordó un monto referencial aproximado de $515 millones para la ejecución del proyecto.

Para el CNC, el acuerdo ideal para la ampliación también debería contemplar los siguientes rubros: no habría aporte del Estado (solo las expropiaciones), la construcción de la obra iniciará a finales de 2023 o inicios de 2024, el incremento de las tarifas de peajes deberá ser el "menor posible" (entre 25% y 40%), el riesgo de construcción y de tráfico seguirán a cargo del concesionario, el concesionario asumirá el mantenimiento de los puentes mayores, se readecuará contractualmente el contrato para que las multas no sean ambiguas y se incorporaría un protocolo de levantamiento de peajes en casos "extraordinarios".

El pasado 26 de octubre, Rodrigo Chaves, presidente de la República, se reunió con Javier Pérez Fortea, director ejecutivo mundial de Globalvía, para acercar posturas y tratar el tema de los riesgos existentes en la carretera. No obstante, el mandatario confirmó diferencias sobre la construcción del viaducto que solventaría el hundimiento a la altura del kilómetro 44 del corredor vial.

"Estamos en la disputa de sí les toca a ellos o si nos toca a nosotros. Nosotros tenemos la tesis cerrada de que no, que les toca a ellos. Es el riesgo que les toca por tomar la concesión", agregó días atrás el ministro Luis Amador.

Amador explicó que se han analizado las posibilidades para poner punto final al contrato de concesión, pero esto requeriría una indemnización, como indicó el ministro, para ver si los "podían quitar de encima".

"Eso es un análisis que es confidencial. No puedo revelar más detalles, pero sepa que ya lo hicimos. Estamos haciendo toda una recopilación de elementos de prueba, de todos los incumplimientos, para ver hasta dónde podemos llegar y qué tanto tenemos de fundamento. Se han hecho análisis y diseños para ver qué hay que hacer para ampliar la carretera, cuánto cuesta y tenerlo listo para cuando resolvamos el cómo se hace, que el diseño ya esté sobre la mesa para poder avanzar", añadió el ministro.

Bajo la propuesta de Globalvía, la ampliación se traduciría en una prórroga del contrato de entre 15 y 20 años (hasta 2053, posiblemente).

La carretera de 77 kilómetros, en operación desde 2010, está a cargo de la compañía europea bajo el mecanismo de la concesión. Se trata de una de las principales carreteras del país, pues es el enlace entre el Valle Central y el Pacífico.