Gobierno cede a presiones y convoca otro proyecto de ley de pesca de arrastre
Se podría aprobar en primer debate la tarde de este martes
Entre el 2016 y 2017, las autoridades capturaron tres barcos camaroneros, que pescaban en áreas marinas protegidas. (Imagen del Minae)
El Gobierno cedió ante presiones desde el sector de pesca semi-industrial de arrastre y desde la Asamblea Legislativa, y volvió a convocar un proyecto de ley que busca reinstaurar la técnica. Este martes el Poder Ejecutivo, mediante el decreto 40978-MP, llevó el proyecto 18.968 a la corriente en sesiones extraordinarias, cuando domina la agenda.
Este es el proyecto de Ley para el Ejercicio Sustentable de la Pesca Semi-industrial Camaronera en Costa Rica. Ayer diversos diputados, como Karla Prendas del Partido Liberación Nacional (PLN); Gerardo Vargas de Unidad Social Cristiana (PUSC) y Laura Garro de Acción Ciudadana (PAC), todos de Puntarenas, insistieron en la necesidad de aprobar una legislación para el sector de arrastre.
El proyecto en cuestión fue propuesto por 20 diputados de diversas fracciones en noviembre del 2013, ante la prohibición de la Sala Constitucional ese mismo año de la renovación o entrega de nuevas licencias de esta técnica. Básicamente es una reforma a ciertas partes de la Ley de Pesca, que los magistrados cuestionaron.
En el artículo 1 estipula "redes de arrastre reglamentarias, establecidas por la Autoridad Ejecutora, utilizando dispositivos excluidores de peces y tortugas y sujetas a las regulaciones técnicas y científicas". Sin embargo no detalló cómo las autoridades lograrían bajar el impacto de la pesca de arrastre y que fuera sostenible.
En su momento fue dictaminado, pero no avanzó. El entonces diputado Rodolfo Sotomayor defendió que se usarían redes especiales. A pesar del fallo de la Sala, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) emitió nuevas licencias, lo cual fue demandado. El proyecto nunca prosperó, pero hoy podría.
Cuando la técnica fue impugnada en el 2013, la Sala Constitucional analizó que "la pesca del camarón con redes de arrastre en el contexto actual costarricense, causa serios daños al ecosistema marino, pone en grave riesgo la existencia y reproducción de especies comerciables y del propio camarón, y atenta contra la supervivencia del sector pesquero artesanal socialmente vulnerable".
Según el voto 10540 de la Sala, la técnica viola 6 artículos de la Constitución, como el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; la seguridad alimentaria del país; y el principio de desarrollo sostenible democrático. "A todas luces, esta técnica es incompatible con el desarrollo sostenible de los recursos marinos, está ocasionando problemas serios de agotamiento del recurso", señalaron los magistrados.
Impactos de la pesca de arrastre
- Un estudio del 2011 de la Unidad de Investigación Pesquera y Acuicultura de la UCR determinó que la pesca de camarón con red de arrastre pone en peligro los hábitat de tiburones y rayas
- El Estudio Mundial sobre las Pesquerías del Camarón de la FAO enumeró múltiples daños al lecho marino, el ecosistema, la economía y la vida social de las costas
- La mayoría de la captura no es camarón, sino otras especies, entre el 70% y el 97%
- Se estima que entre 1950 y el 2014, 500 mil toneladas métricas de esos otros animales han sido devueltas al mar, del el 90% son peces pequeños capturados por la pesca artesanal
Ver sentencia de la Sala del 2013
Conflicto en la Asamblea
El diputado José Ramírez salió a la manifestación realizada por los pescadores artesanales en el 2017. (Manuel Sancho/CRH)
La convocatoria de hoy sucede 4 días después de que fracasara el otro intento del Gobierno de reinstaurar la técnica, vía Incopesca. El pasado viernes la Sala Constitucional anuló el acuerdo de Junta Directiva, que avalaba nuevas licencias de pesca de arrastre.
El diputado del Frente Amplio, José Ramírez, aseguró que el Gobierno solamente quiere quedar bien con el sector de pesca semi-industrial, pero no resuelve el fondo del asunto ni la gran afectación de esta técnica al sector de pesca artesanal, que incluye a más de 15 mil personas.
El congresista afirmó que es un "acto irresponsable", pues el proyecto 18.968 no cuenta con el aval de todos los sectores ni hubo consenso en él.
La diputada Karla Prendas señaló que el proyecto resuelve a una población vulnerable, que necesita una solución. Si admitió que es una forma parcial de atenderlo, pero el objetivo es aprobarlo en primer debate y luego que sea visto por la Sala Constitucional y posteriormente analizado por la nueva Asamblea Legislativa.
Aunque la Sala fue categórica en que la técnica viola el derecho a un ambiente sano, Prendas defendió que se deben tomar acciones para una población. Culpó a un "grupo ambientalista" y al Frente Amplio, por bloquear intentos de reformar el tema. Además señaló que hubo "inutilidad e indefinición" desde varios gobiernos.
La diputada puntarenese habló de alrededor de 5.000 personas en riesgo, ligadas al sector. Según un estudio socioeconómico del sector de pesca de arrastre semi-industrial de camarón, realizado por la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, la pesca de arrastre solo genera 590 empleos directos. De esos un 80% son de mala calidad, porque no alcanzan el salario mínimo. Las peladoras de camarón ganan en promedio 37 veces menos que los dueños de las licencias.
En febrero del 2014, la Cooperativa Autogestionaria de Servicios Profesionales para la Solidaridad Social, co-fundada por Vivienne Solís Rivera, hermana del presidente Luis Guillermo Solís, fue consultada por el proyecto hoy aprobado en primer debate. Solís – hoy defensora de una nueva forma de arrastre que propuso el Ejecutivo – se opuso al plan.
"En base a nuestra experiencia práctica y profesional desde nuestra perspectiva el Proyecto de Ley enviado en consulta no debe ser aprobado pues se basa en una premisa falaz", firmó Solís en su respuesta enviada a la Comisión Especial Investigadora de la Provincia de Puntarenas.
José Ramírez agregó que debe aprobarse un plan, que rescata el proyecto de "Prohibiciones sobre artes de pescas ilegales y otras reformas", que se siguió bajo el expediente 18.801 pero se venció en esta Administración.
Hubo otro proyecto que el Gobierno de Lusi Guillermo Solís impulsó, el 19.838, que no tuvo apoyo. Apenas en diciembre el Poder Ejecutivo lo había desconvocado, cuando la Comisión de Ambiente se preparaba para archivarlo. Nunca tuvo consenso ni encontró viabilidad política. Fue objetado por el Frente Amplio; en su momento por Juan Marín del Partido Liberación Nacional (PLN); y Marcela Guerrera de Acción Ciudadana (PAC).